La Suprema Corte, a juicio

¿Qué pasó?

El proyecto que redactó la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre la Ley de la Industria Eléctrica representa una prueba de fuego para medir la influencia del poder ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Por qué importa?

Morena no tiene los votos suficientes para aprobar los cambios constitucionales de la reforma eléctrica. Sin embargo, la política energética podría ser validada por otro canal, el de la Suprema Corte.

El contexto:

Este martes, la SCJN deliberará sobre la constitucionalidad de la ley secundaria de la reforma eléctrica aprobada en 2019, lo cual podría ser determinante para el moméntum de la votación legislativa que tendrá lugar una semana después.

Los detalles:

• Un editorial de Mary Anastasia O’Grady, en The Wall Street Journal, argumenta que la discusión de mañana sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica representa la mayor prueba para la autonomía del máximo tribunal del país.

• Más allá de los miles de millones de dólares de inversiones extranjeras y nacionales en energía en México, lo que está en juego en la discusión de la reforma eléctrica es qué “tan politizada” está la Suprema Corte de Justicia.

• “A través de su sentencia, el alto tribunal señalará si sigue siendo independiente o si se convertirá en una herramienta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si es esto último, la democracia de México estará pendiendo de un hilo… si es que sobrevive”, expresó al respecto Mary Anastasia O’Grady, editorialista del Wall Street Journal.

• El aval de ocho ministros del Pleno frenaría la aprobación de la reforma promovida por AMLO, ya que se requiere una votación de 8-3 para declararla inconstitucional. Sin embargo, el presidente ha nombrado a cuatro ministros durante su gestión, lo cual podría poner en jaque la discusión.

• Entre ellos se encuentra Loretta Ortiz, quien además de ser partidaria de López Obrador, en 2013 fue de los legisladores que se opuso a la apertura de los mercados energéticos, cuando era militante del Partido del Trabajo.

• Si su proyecto es aprobado por la mayoría simple de 11 magistrados -aunque no es imposible, pero sí poco probable-, O’Grady considera que esto “marcará el final de la Corte como un árbitro serio” en la impartición de justicia en México. De lo contrario, se tendría que redactar un nuevo proyecto y someterlo a votación.

• Además de nombramientos clave en la Suprema Corte y el Banco de México, el gobierno de López Obrador ha desmantelado a los órganos reguladores del sector energético, mantiene en vilo la supervivencia del IFT y la Cofece. Y la semana pasada ya advirtió que el INE y el TEPJF son su siguiente objetivo, al declarar que formulará una reforma electoral para minar su autonomía.