La Secretaría de la Defensa Nacional admitió que compró Pegasus

¿Qué pasó?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haber comprado el software de espionaje Pegasus. La operación se realizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué importa?

• Una investigación de la Universidad de Toronto, la organización R3D y un conglomerado de medios encontró que la empresa que le vendió un software de espionaje a la Sedena (Comercializadora Antsua, SA de CV) comparte representante legal con los intermediarios que comercializaron Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto (NSO Group).

• Derivado de la investigación periodística también se supo que la Sedena había reservado por años un contrato celebrado en abril de 2019 con Antsua para un “sistema de monitoreo remoto de información”. Pese a que AMLO solicitó a la institución castrense transparentarlo, esta ha hecho caso omiso a la petición.

El contexto:

• El 4 de octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el Ejército realizó tareas de inteligencia, mas no de espionaje, pese a que éste no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles. Reiteró que en su gobierno “ya no se espía a nadie, como antes”.

• Las Fuerzas Armadas utilizaron el software de espionaje Pegasus, entre 2019 y 2021, para intervenir las comunicaciones de dos periodistas y un activista que estaban revisando casos de violaciones de derechos humanos del Ejército y la Marina, según reveló entonces la investigación periodística.

Los detalles:

• Un documento obtenido por la organización R3D revela que la Sedena reconoció ante la ASF haber comprado el software de espionaje de NSO Group, Pegasus, a través de una empresa intermediaria: Comercializadora Antsua.

• Ante la negativa de la Sedena, en primera instancia de transparentar el contrato, R3D interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

• Lo anterior, después de haber proporcionado como evidencia información de las comunicaciones entre la Sedena y la ASF -obtenida vía transparencia- relacionadas con un proceso de fiscalización de un contrato de tecnología llevado a cabo por Comercializadora Antsua para el Instituto Nacional de Migración (INM).

• En oficio firmado el 4 de agosto de 2021 por el entonces auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano y dirigido al coronel Humberto Zerón Martínez, coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, la ASF solicitó “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”, a fin de comprobar que no había irregularidades.

• En su respuesta, la Sedena argumentó que dicha información estaba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, razón por la cual no proporcionaría la documentación, salvo  una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito”.

• La dependencia explicó en dicha nota que “suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 de abril de 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, por un monto total de $139,999,999”.

• Asimismo, anexó los movimientos en la Cuenta por Liquidar Certificada, referente a los pagos generados por dicho contrato con el folio DN-10 SAIT-1075/P/2019, los cuales quedaron registrados en el sistema del gobierno federal.

• De éstos se desprenden siete pagos por 15 millones 465 mil 120 pesos, realizados entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2019, y uno más por 30 millones 944 mil 159 pesos con fecha del 10 de diciembre de 2019.

• De acuerdo con el portal Animal Político, el 31 de agosto de ese mismo año que dicha información no correspondía a la petición formal realizada por el INAI; por lo que este miércoles, tras discutir el recurso de revisión sobre la solicitud de transparencia, y analizar las evidencias y obligaciones legales, el Pleno del Instituto votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.

• “El actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que, contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida.

• “Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, expresó al respecto la comisionada a cargo del caso, Josefina Román.