La revolución de los ministros

Ha comenzado la revolución de los ministros. En lo que podría ser el último acto de poder como contrapeso independiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría emitir la declaración de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial.

El máximo tribunal votará un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara que plantea invalidar la elección de jueces y magistrados federales, la remoción masiva de juzgadores, la figura de jueces sin rostro y la prohibición para suspender normas generales en el juicio de amparo. ¿El costo? La renuncia de los ocho ministros disidentes de la Suprema Corte. Esta es la salida a la crisis constitucional que ha puesto sobre la mesa el grupo liderado por la ministra Norma Piña.

Sin embargo, la respuesta de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum podría llevar a México a lo que el ministro Javier Laynez califica como una “ruptura del orden jurídico… un conflicto mayúsculo y grave”. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y uno de los principales beneficiarios de la Reforma Judicial, adelantó que no se acatará la sentencia de la Corte. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, declaró que “ni Dios Padre” podrá frenar las reformas del constituyente y la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que “lo que están haciendo los ministros es inconstitucional”. Es decir, Morena está defendiendo el derecho al poder sin límites. El derecho al autoritarismo.

Con la finalidad de evitar un conflicto de interés en la discusión del proyecto de sentencia de González Alcántara y como símbolo de protesta contra la intervención del Poder Judicial, los ocho ministros independientes de la Suprema Corte presentaron su renuncia. A diferencia de Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, los ministros disidentes no participarán en la elección judicial. La salida se hará efectiva en agosto de 2025, cuando sean reemplazados por los nueve ministros electos en el proceso estipulado por la Reforma Judicial.

“Pretender quedarnos por quedarnos me parece absurdo. Hay que saber cuándo uno ya no es útil y cuándo ponemos en peligro a las instituciones”, dijo González Alcántara al periódico Reforma. Los ministros que presentaron su renuncia entienden que ha concluido en ciclo de independencia judicial iniciado con la reforma de 1994 promulgada por el presidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, tal como lo argumentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su carta de dimisión, “esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma”.

La renuncia de los ministros se ha interpretado como una acción de sacrificio para evitar una crisis constitucional y un fiasco electoral. El proyecto de sentencia de González Alcántara, que responde a acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de oposición, avala la elección popular de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de magistrados del Tribunal de Disciplina. También acepta la validez de otras medidas estipuladas en la Reforma Judicial: una estricta política de austeridad, la extinción de fideicomisos, la integración de un Tribunal de Disciplina, la creación de un órgano administrativo y el establecimiento de plazos para resolver sentencias.

El ministro González Alcántara propone este proyecto de sentencia como un ofrecimiento político al gobierno de Claudia Sheinbaum, una decisión salomónica que salvaguarda los principales elementos de la Reforma Judicial, pero que evita aquellas disposiciones que expertos consideran inaplicables.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, la primera elección de jueces y magistrados tendrá un costo de 13 mil millones de pesos. El dato exhibe la hipocresía del argumento de austeridad que justifica la eliminación de los órganos constitucionalmente autónomos. Pero más allá del costo, el proyecto de sentencia de González Alcántara refiere que no existen “condiciones jurídicas suficientes” para garantizar la integridad del proceso electoral. El INE de Guadalupe Taddei está frente a un fracaso anunciado.

El constitucionalista José Roldán Xopa argumenta que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara “abre vías para recomponer la gobernabilidad”: evitaría una reforma destinada al fracaso, crea la oportunidad de discutir una propuesta auténtica para reformar al Poder Judicial y le otorga a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de encabezar y ser protagonista de una propuesta seria. La realidad es que la mandataria no influyó en el diseño de la Reforma Judicial ni de la llamada Reforma de “Supremacía Constitucional”.

Y precisamente, dentro de Morena, hay un grupo interesado en quitarle poder a la presidenta para transferirlo a los líderes de mayoría en el Congreso: Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en el Senado. Sólo así se entiende la urgencia del Congreso por aprobar una reforma que impide impugnar reformas constitucionales a través de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se estaría instalando una autocracia legislativa. El oficialismo pretende que la reforma sea promulgada antes del 5 de noviembre, fecha en que el Pleno de la Suprema Corte discutirá el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara.

¿A alguien le sorprende que esta Reforma de “Supremacía Constitucional” no haya sido consultada con Presidencia o que se haya gestado en un evento partidista de Morena bajo la tutela de la dirigente nacional Luisa María Alcalde y del secretario de Organización Andrés Manuel López Beltrán? No es casualidad que, en ese mismo evento en el Hotel Fiesta Americana, el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho un llamado a afiliar a 10 millones de militantes. Quienes detentan los hilos de la movilización electoral son los mismos actores que buscan controlar los hilos del sistema judicial.

Esto quedó de relieve en una nota de prensa publicada el mes pasado: mientras el Senado determinaba por tómbola qué juzgadores serían sometidos a la guillotina, la ministra Yasmín Esquivel se encontraba cabildeando su campaña por la Presidencia de la Suprema Corte con funcionarios de Morena. Específicamente, estaba buscando que Alfonso Durazo consiguiera el apoyo de los gobernadores de la costa del Pacífico. Muchos de ellos llegaron al poder bajo la sombra de un esquema de financiamiento ilegal pagado por el negocio de huachicol del empresario Sergio Carmona.

Otra muestra de dónde están los beneficiarios de la Reforma Judicial: la ministra Lenia Batres ha propuesto a María Estela Ríos, ex consejera jurídica de Presidencia, como miembro del influyente Comité de Evaluación. Se trata de una figura incondicional del ex presidente López Obrador. La nominación de Ríos es comparable a la  conflictiva sucesión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que disputan los antiguos colaboradores lopezobradoristas, Jesús Ramírez y Javier Estrada, con el grupo compacto de Sheinbaum. Los primeros promueven la permanencia de Rosario Piedra Ibarra. Los segundos apuestan por Nashieli Ramírez. El resto de los miembros del comité que han sido considerados son figuras afines a Ricardo Monreal o al diputado Sergio Gutiérrez Luna.

En el fondo, lo que esto revela es una profunda guerra, silenciosa e intestina, dentro de Morena. El proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara y la revolución de los ministros le ha otorgado a la presidenta una oportunidad única para evitar una ruptura del orden constitucional de consecuencias impredecibles. Aún más importante, también le concede una salida para hacer frente a un grupo que busca arrebatarle gran parte de su capital político. No aprovecharla sería un error estratégico para su Presidencia y para el futuro del país.