La responsabilidad llega a Cabeza de Vaca

¿Qué pasó?

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ordenó el operativo policial de septiembre de 2019, en el que ocho personas fueron asesinadas extrajudicialmente en Nuevo Laredo, de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

¿Por qué importa?

• Una semana después de la masacre, el mandatario estatal anunció que se pediría el apoyo del FBI y otras agencias internacionales para “darle mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”, omitiendo el hecho de que él mismo había ordenado dicho operativo.

• Actualmente, Cabeza de Vaca es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación equiparable.

El contexto:

• El 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho personas (cinco hombres y tres mujeres) fueron abatidas en un presunto enfrentamiento por elementos de la policía estatal y de la Sedena. En un inicio se les identificó como miembros del Cártel del Noreste.

• Días después, familiares de las víctimas y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo denunciaron que todo se trató de un montaje, en el que los agentes incurrieron en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Los detalles:

• El portal Animal Político reveló que documentos que integran la carpeta de investigación 406/2019 dan muestras de que el gobernador García Cabeza de Vaca instruyó directamente el despliegue operativo que inició el 18 de agosto y constó con elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y el Ejército.

• Lo anterior quedó acreditado por medio de un oficio firmado por el ex secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, quien solicitó apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la 8va Zona Militar, por órdenes directas del gobernador.

• El informe en cuestión fue aportado por la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que el Ministerio Público le solicitara documentos que respaldaran el papel de los soldados aquella noche del 5 de septiembre.

• De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Seguridad Pública dicha petición surgió a raíz de los operativos permanentes implementados en Reynosa, Matamoros, Frontera Chica, San Fernando, Ciudad Victoria, Zona Conurbada Sur y Nuevo Laredo. El despliegue en esta última ciudad fronteriza se tenía previsto para agosto de 2019.

• Sin embargo, los elementos policiales fueron objeto de dos ataques por parte de la ‘Tropa del Infierno’, sicarios pertenecientes al Cártel del Noreste, por lo que ante el inminente riesgo solicitaron la colaboración del Ejército.

• Los familiares de las víctimas presentaron más de 10 testigos presenciales, quienes denunciaron que los agentes sacaron a las víctimas de dos domicilios, por la madrugada; los trasladaron a un tercero y ahí los torturaron, ejecutaron y vistieron con equipamiento táctico y armas largas para simular el ataque.

• Hasta el momento, siete integrantes del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET, hoy convertido en el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes)) han sido acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.

• Sólo dos de ellos, José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre, están en prisión desde hace casi dos años; otros dos (Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal) se encuentran en busca y captura y los tres restantes (Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, Zayra Concepción Guevara Garza y Azariel Urbina Argüelles) están en libertad tras ofrecerse como testigos protegidos.