La regulación de la mariguana: nada fácil

Muy pronto podría legalizarse la mariguana en México, la pregunta es ¿en qué términos?

Según los pronósticos, la iniciativa para regular el cannabis, presentada en noviembre por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el líder morenista en el Senado Ricardo Monreal, podría ser discutida y aprobada en los próximos meses.

En esta, se propone un modelo de mercado regulado que provea un equilibrio entre los intereses de aquellos que la comercialicen y el interés general de la población de minimizar los riesgos a la salud.

Pero falta mucho por definir.

Todavía no se especifica quién recibirá las licencias de producción. Podrían ser grandes empresas o podrían ser agricultores independientes.

“Se deberían otorgar licencias -o cierto número de licencias- a los campesinos que han sido víctimas de la guerra contra las drogas”, indica Raúl Bejarano Romero, investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

El académico, sin embargo, señaló que la ley para permitir la producción, comercialización e importación de productos derivados del cannabis, aprobada en el gobierno federal anterior, sienta un mal precedente.

“Se otorgaron licencias a empresarios al parecer amigos de la administración de Enrique Peña Nieto”, expuso.

Otra gran problemática es cómo determinar el precio, cuestión que estipula la propuesta de Morena.

“Si no se establece un precio competitivo al que se oferta actualmente la mariguana en el mercado negro, difícilmente se le va a quitar terreno al mercado negro”, advierte.

También, argumenta el experto, hay que prevenir la integración del mercado; es decir, que una sola compañía controle muchas cadenas y que una sola empresa controle varios de los procesos desde el cultivo hasta la venta al menudeo.

Mientras que la iniciativa toma esto en cuenta, queda por ver si la reglamentación -y sobre todo, su aplicación- será suficientemente sólida para prevenirla.

En cuanto a la publicidad la propuesta es bastante clara e incluso sugiere sancionar a quien intente fomentar su venta.

Pero lo que más le preocupa a Romero es el desafío que implica el etiquetado de los recursos.

“Todo el dinero que se genere tiene que ir a mitigar los daños a la salud y sobre todo a beneficiar a las víctimas de la mal llamada Guerra contra las drogas”, indicó.

“Los recursos deben usarse para ayudar a las familias de desaparecidos y tratar de que esta ley sobre todo beneficie a las víctimas, no a los grandes empresarios”.