La Reforma a la Guardia Nacional esconde un proyecto de poder militar

La Reforma a la Guardia Nacional que Morena pretende aprobar antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador trasciende una simple adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En realidad, se trata de un rediseño constitucional sin precedentes que abre la puerta legal a la militarización. Esto es, la transferencia de facultades civiles al ámbito de las Fuerzas Armadas.

La mayoría calificada que Morena y sus aliados detentan en ambas cámaras del Congreso les permitirá modificar el Artículo 73 Constitucional para agregar al Poder Legislativo la facultad de “expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”.

Esta es la pieza del rompecabezas legal que impidió al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador la permanencia legal de efectivos militares en las calles. Con la reforma, el poder en turno podrá extender indefinidamente la participación, hasta ahora definida legalmente como extraordinaria, de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.

Cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional en 2019, la coalición de López Obrador se vio obligada a negociar algunos matices con la oposición. Se estableció que la nueva policía nacional tendría “carácter civil” y que el acompañamiento de la Fuerza Armada a la Guardia Nacional se realizaría de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En los hechos, esto no sucedió. La nueva Reforma a la Guardia Nacional elimina explícitamente estos matices.

Además, la iniciativa agrega facultades de investigación, antes exclusivas del ministerio público y de la policía civil, a la Guardia Nacional militar. Organizaciones de la sociedad civil, como la Red de Defensa de Derechos Digitales, han documentado ampliamente el uso faccioso del aparto de espionaje del Centro Militar de Inteligencia para intervenir las comunicaciones de objetivos políticos y de ciudadanos privados.

La reforma también estipula que los elementos de la Guardia Nacional cuentan con fuero militar y que, en caso de ser acusados de algún delito, serán juzgados por tribunales de las Fuerzas Armadas. El Centro Prodh argumenta que la modificación planteada al Artículo 13 contraviene cinco resoluciones en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho saber al gobierno mexicano que el fuero militar no es personal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha corregido en al menos dos ocasiones los excesos y vicios constitucionales de regularizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Primero, revocó la Ley de Seguridad Interior promovida por el presidente Peña Nieto. Después, ciertas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional promovida por López Obrador. La Corte argumentó que el Congreso no contaba con facultades suficientes para modificar esta limitante constitucional. La nueva reforma es una reacción a esta resolución.

Aunque López Obrador hizo campaña a favor de retirar al Ejército de tareas de seguridad pública, su gobierno tomó una dirección radicalmente distinta. El punto de quiebre fue una reunión que sostuvo con el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2018.

“Como oposición, AMLO criticó el despliegue militar de Calderón y prometió desmilitarizar”, señala Catalina Pérez Correa, académica especializada en derecho constitucional. “A días de terminar su mandato está por reformar la Constitución para asegurar la permanencia militar en seguridad pública y gobierno”, agregó.

El interés de López Obrador de materializar una segunda versión de la Reforma a la Guardia Nacional llegó a tal grado que, en 2022, el presidente llamó personalmente a algunos ministros de la Suprema Corte para cabildear el sentido de su voto, en relación a una acción de inconstitucionalidad. Otros ministros acudieron personalmente a Palacio Nacional. De acuerdo al periódico El País, el control constitucional que ejerció la Corte para neutralizar esta segunda versión de la reforma enfureció al presidente y dio pie al diseño del llamado Plan C.

El dictamen de la Reforma a la Guardia Nacional fue aprobado el 22 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la cámara baja, adelantó que el dictamen será votado por el Pleno este jueves. Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada. Posteriormente, la reforma pasará al Senado, donde el oficialismo también ha conseguido el control de las dos terceras partes de la cámara alta, a juzgar por la fotografía que el senador Miguel Yunes Márquez publicó para documentar la reunión que sostuvo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

El gobierno de López Obrador ha profundizado la militarización. “Que más y más cosas pasen a operar bajo lógicas y reglas militares implica que pasan a estar bajo lógicas y reglas que fueron hechas para la guerra”, reflexiona la activista y académica Estefanía Vela. “Pero, ¿por qué extender esas reglas a circunstancias tan ordinarias como la construcción de un tren?”.