La obsesión de la 4T con Carlos Ahumada

¿Qué pasó?
La FGR volvió a solicitar la extradición del empresario argentino Carlos Ahumada, uno de los operadores de los video escándalos de René Bejarano. 

Ahumada es  acusado del incumplimiento en la realización de obra pública que se le asignó en 2007 por más de 29 millones de pesos.

¿Por qué es importante?
Esta es la segunda ocasión en la que el actual gobierno federal hace una petición para extraditar al argentino. La primera solicitud  se realizó en agosto del 2020, pero  un juez de Buenos Aires negó la  extradición. 

En esta ocasión, la petición se hizo por una imputación distinta,  con relación al delito de defraudación fiscal equiparada, por un millón 647 mil 236 pesos.

Es de recordar que en la administración de  Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno de la Ciudad de México, Ahumada Kurtz fue imputado de un fraude por más de 29 millones de pesos, pues como dueño de Grupo Quart, incumplió en la realización de obras pública en las delegaciones, hoy alcaldías, Tláhuac y Gustavo A. Madero .

Detalles: 

• Carlos Ahumada Kurtz fue  quien notificó al juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, de la nueva solicitud de extradición en su contra.
• Además, el empresario aseguró que actualmente se encuentra en un arraigo domiciliario en espera de que se defina su situación jurídica.
• Es de recordar que en 2019 el empresario fue detenido en Argentina sometido a un primer proceso de extradición, la cual fue negada un año después.
• El juicio por defraudación fiscal sigue abierto en tribunales mexicanos y para una de sus audiencias se le pidió comparecer, a lo que respondió por escrito que no puede salir de su país debido a que “fue notificado de la resolución emitida por un juez, en donde se le impuso la prohibición de salir de Argentina”.
• Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya entregó al gobierno de Argentina la solicitud de extradición  y serán  los tribunales de ese país quienes analizarán si procede o no entregar a su connacional a la justicia mexicana.