La línea es que sí hay línea…

Un nuevo pasatiempo está ocupando a la presidenta Claudia Sheinbaum: defender a gobernadores desahuciados. Sean o no de Morena.

Lo viene haciendo una y otra vez con el narco-gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha; con el huachicolero morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal; e incluso les da protección y fuero, como al morenista veracruzano Cuitláhuac García, a quien ya le prometió posición en el Gabinete, como si su muy mediocre y cuestionado desempeño hubiera sido de excelencia.

El último episodio de “cuidándole las espaldas al gobernador” se dio este fin de semana, en Nuevo León, donde la inquilina de Palacio Nacional salió en defensa del emecista Samuel García, sometido a tres procesos por juicio político que le podrían costar su desafuero.

Para refrescar la memoria nacional, el gobernador Fosfo Fosfo fue encontrado culpable de 17 violaciones a las leyes electorales por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese organismo federal -no estatal- pidió al Congreso de Nuevo León que fijara el castigo en consecuencia.

A esos actos ilegales que aguardan la definición de su castigo, se suma un deplorable manejo que Samuel García ha hecho de la política y de las finanzas estatales. Tiene más de dos años de no negociar con la Oposición, porque no le quieren cumplir el capricho de regalarle la Fiscalía Estatal para poder tapar las decenas de denuncias que se tienen contra él y su familia. Y por eso mantuvo congelados los presupuestos estatales de 2023 y 2024.

A eso hay que sumarle su negativa para publicar en el Periódico Oficial todos los acuerdos y las modificaciones aprobadas por el Congreso. La última negociación destrabó algunas, pero mantuvo en la congeladora las más importantes.

Ni se diga las cifras deplorables que devolvieron a Nuevo León a los primeros sitios de inseguridad nacional, la crisis de movilidad en el transporte estallando en una metrópoli colapsada y el nada despreciable primer lugar nacional como la entidad más endeudada de México, extendiendo todavía más la mano para solicitar 17 mil millones de pesos adicionales para 2025.

Y con todo ese lastre a cuestas, aun así, los jerarcas privados que operan la iniciativa “Cómo Vamos Gobernador” no sólo le dan al gobernador de Nuevo León calificación de 7.1 -mejor que el 6.9 en 2023- sino que todavía le dan un 10 en manejo económico del más endeudado estado.

Por si fuera poco, el gobernador Samuel García acumula un muy largo historial de denuncias de presunta corrupción, que van desde adueñarse ilícitamente de 17 hectáreas en el corazón de San Pedro Garza -despojadas a las familias Garza Sepúlveda-Garza Buffington- además de la danza de miles de millones en facturas, que incluyen los contratos de comidas para los penales hasta la cuestionada licitación de camiones a una empresa fachada de Querétaro por 3 mil millones de pesos.

Muchas de esas operaciones tienen plasmada la huella de la Firma Jurídica y Fiscal, el nuevo “despacho divino” en el que son socios los tres Samueles -García Mascorro, García Sepúlveda y García Villarreal-, en un abierto conflicto de interés.

Por eso, sorprende que frente a tantas y tan contundentes evidencias, sea la misma presidenta Claudia Sheinbaum quien vaya a Nuevo León a poner el pecho para salvarle cara al gobernador y a regañar al Congreso local para exonerar en un juicio sumario al gobernador naranja. Esa es una abierta intromisión en los asuntos de un Estado soberano.

El epicentro de esta defensa, sin embargo, es crucial para el gobernador Samuel García. La mayoría del Congreso local es controlada por el PRIAN con 21 legisladores. Movimiento Ciudadano tiene 10 y Morena acumula 11.

Para consumar un juicio político contra el mandatario neoleonés hacen falta, no los 21 votos de la mayoría simple que ya tienen, sino 28 con los que califican las dos terceras partes que marca la Ley. Es decir, se necesitan al menos 7 de los 11 votos de Morena para sacar adelante esa iniciativa.

Hasta antes de la gira que se dio este fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum, a Nuevo León, los diputados morenistas se debatían entre apoyar los procesos contra el gobernador Samuel García. Y existían los que decían que sí y otros que decían que no.

Tras el pronunciamiento de la Subjefa Suprema del Morenismo -el Jefe está “retirado” en Palenque- ya no hay duda. Los 11 diputados locales de Morena en Nuevo León tendrán que apoyar al gobernador emecista. La línea, pues, es que sí hay línea de Palacio Nacional. Todos a cuidar a Samuel García.

La pregunta de fondo es ¿a cambio de qué? Una defensa de esa magnitud tiene precio, cuesta mucho. Sobre todo, cuando frente a un posible desafuero tras un juicio político, el Interinato ya se apuntaba hacia un senador, diputado o alcalde de Morena.

La única respuesta posible es que, al igual que en su tiempo sucedió con Miguel Ángel Yunes en Veracruz, o con Alejandro Murat en Oaxaca o con Alfredo del Mazo en el Estado de México, el gobernador Samuel García ya le haya firmado a Morena, desde ahora, las escrituras de Nuevo León. La fecha de entrega de la propiedad sería en 2027.

Y mientras tanto, al gobernador Fosfo Fosfo lo tendrán secuestrado, con la pistola cargada sobre la mesa, por si algo se necesita en esa tierra que algún día vivió mejores días, con empresarios y líderes que con autoridad moral solían poner en su lugar a gobernadores e incluso a presidentes. Ahora, sólo son silenciosos cómplices.

La mayoría de esos empresarios regiomontanos, otrora baluartes, ya aprendieron también a ser comparsa en los consejos de la Cuarta Transformación. De ideologías, mejor ni hablamos.