17 de marzo 2026
Política
La justicia mexicana se alinea con ex abogada del “Chapo” Guzmán
El activista Miguel Alfonso Meza fue sancionado por “violencia política de género” por exhibir nexos de la jueza Silvia Delgado, luego de que integrara la defensa legal de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”
Por Redacción Magenta
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¿Qué pasó?
- El activista Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, fue sancionado por autoridades electorales tras publicar señalamientos sobre Silvia Rocío Delgado García, hoy jueza electa en Chihuahua y ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
- El Tribunal Electoral de Chihuahua concluyó que las publicaciones de Meza constituyeron violencia política contra las mujeres en razón de género.
- El caso subraya el uso de los tribunales electorales como juzgados especiales de protección a la clase política. La violencia política en razón de género se ha convertido en un vehículo para censurar a medios de comunicación y a activistas que denuncian vínculos entre la política y la criminalidad.
- La resolución ordenó al activista borrar las publicaciones, ofrecer una disculpa pública e inscribirse en el padrón de personas sancionadas por violencia política de género durante 180 días.
- Meza rechazó acatar la sanción y sostuvo públicamente que la información difundida por él era verídica y de interés público.
- Días después, Meza denunció que su cuenta de Instagram, con 82 mil seguidores, fue eliminada permanentemente, luego de una semana en la que, según dijo, sólo publicó contenido relacionado con Silvia Delgado. Tras una oleada de indignación y presión pública de colectivos ciudadanos, la cuenta fue reactivada.
¿Por qué importa?
- El caso coloca en tensión dos bienes jurídicos sensibles: la protección contra la violencia política de género y la libertad de expresión sobre perfiles de interés público que aspiran o acceden a cargos judiciales.
- La controversia impacta la credibilidad de la Reforma Judicial y de la elección de juzgadores, porque Silvia Delgado llegó al cargo, pese a la discusión pública por haber integrado la defensa legal de Guzmán Loera.
- También abre un frente sobre posible efecto inhibidor contra activistas y medios: la quejosa buscó extender acciones contra empresas periodísticas que replicaron la información.
Los detalles:
- El litigio no nació en 2026. La denuncia fue presentada el 15 de abril de 2025, cuando Delgado aún era candidata a jueza penal por el Distrito 05 Bravos de Juárez.
- El expediente pasó por varias idas y vueltas. Según la reconstrucción periodística, primero hubo una determinación de inexistencia de violencia política, luego revocaciones de la Sala Regional Guadalajara y una nueva revisión local.
- El 27 de febrero de 2026, dos magistradas del Tribunal Electoral de Chihuahua votaron por considerar que sí existió violencia política atribuible a Meza, en contra del proyecto inicial del magistrado presidente, que sostenía la inexistencia de la falta.
- Los medios denunciados inicialmente fueron sobreseídos en etapas previas del procedimiento; sin embargo, reportes posteriores señalan que Delgado buscó que también se incluyera a empresas de comunicación en la sentencia.
- La defensa de Delgado argumentó que las notas y publicaciones redujeron su trayectoria profesional a un solo episodio: su participación como abogada de “El Chapo”.
- Meza alega que Delgado no sólo fue abogada de Guzmán, sino su vocera, ya que participó en un documental producido por la Deutsche Welle sobre abogados de narcotraficantes mexicanos.
El contexto:
- Silvia Rocío Delgado ganó en junio de 2025 una plaza como jueza penal de primera instancia en Chihuahua, en una elección judicial marcada por baja participación y fuerte polémica por los perfiles contendientes.
- Su postulación ya había sido cuestionada por Defensorxs, que la catalogó como una candidatura “riesgosa” debido a sus nexos profesionales previos con el líder del Cártel de Sinaloa.
- El expediente contra Meza se volvió un caso emblemático en el debate sobre el uso de la figura de violencia política de género en procesos vinculados con libertad de expresión y escrutinio público.
- Hasta el 17 de marzo de 2026, la disputa seguía abierta en la sede jurisdiccional y, de acuerdo con la cobertura local, todavía podía regresar a la Sala Regional Guadalajara e incluso escalar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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