La guerra que viene

Se le vea por donde se le vea, la iniciativa presidencial para devolverle a la CFE el monopolio absoluto en la generación de la energía eléctrica es irrealizable. Ni siquiera por un capricho autoritario.

Primero, porque no se pueden ignorar las opiniones jurídicas -incluyendo las de la Suprema Corte- que califican la propuesta como una violación flagrante a la libre competencia consagrada en nuestra Constitución. Los amparos y los litigios serán interminables.

Pero la intentona es irrealizable, porque no solo violenta los acuerdos del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, sino que pone en peligro decenas de miles de millones de dólares en inversiones ya ejecutadas con fondos de capital extranjero.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador busca revertir lo avanzado en la apertura del sector eléctrico, tendrá que sacar la chequera para comprarle a los extranjeros sus plantas generadoras, sus parques eólicos y sus granjas de celdas solares.

O si no hay dinero, tendría que emular a Lázaro Cárdenas y emitir un decreto expropiatorio -invocando el interés de la nación- lo que generaría la pérdida absoluta de la confianza, un colapso en las inversiones extranjeras directas y una severa fuga de capitales.

Pero antes de que todo eso ocurra, puede ir apostando que en el primer encuentro entre el presidente López Obrador y el nuevo mandatario norteamericano, Joe Biden, el tema estará en una prioridad tan elevada de la agenda bilateral, como la seguridad, el narcotráfico y la migración.

Desdeñar el llamado del presidente de los Estados Unidos a respetar no solo el estado de derecho, sino las millonarias inversiones ya ejercidas por sus compatriotas en territorio mexicano, es firmar una abierta declaración de guerra con el principal socio comercial de México.

Si por la ruta del autoritarismo, el presidente López Obrador insiste en ignorar los acuerdos, el gobierno de los Estados Unidos tiene todo el derecho de emplear el mismo autoritarismo para defender sus legítimos intereses.

Invocar que la Reforma Energética fue un engendro del PRIAN para regalarle al sector privado y a los extranjeros el petróleo y la energía eléctrica de México, es un debate interno, que solo le atañe a nuestro país. Y si así fue, que se litigue internamente.

Nada valida que todo lo firmado para atraer las inversiones de Iberdrola, Gas Natural, Mitsubishi, TransAlta, AES Corporation, BlackRock, Électricité de France, Unión Fenosa, Sempra o Blackstone, entre muchos otros, pueda ser desconocido por una simple decisión presidencial.

Pero bastaría que Mister Biden le recordara, en ese futuro y no muy lejano primer encuentro al presidente López Obrador, que el 75 por ciento de las gasolinas y el 64 por ciento del gas natural con el que se mueve a México viene de los Estados Unidos, para que la intentona de volver a monopolizar el sector eléctrico sea disuadida.

La lección es clara. Si somos dependientes hasta el tuétano de los energéticos extranjeros para sobrevivir, ¿con qué cara nos presentamos a modificar de manera unilateral las reglas del juego ya pactadas, sin esperar que venga una catastrófica consecuencia?

Y no vamos a entrar a debatir el territorio de las energías limpias, en donde México tiene suscritos acuerdos internacionales, que por supuesto que puede desconocer. Ya Donald Trump lo hizo en su presidencia con el Acuerdo de París. Apenas se sentó Biden en la Oficina Oval y volvió a suscribirse.

Para Estados Unidos, el que México renuncie a las energías limpias no es un asunto climático, sino de contaminación directa.

Las nubes de contaminantes generados en nuestro país por la quema de combustóleo y carbón, en las obsoletas plantas de la CFE, acaba en la atmósfera de California, Florida o Texas. Y eso no lo van a permitir en la Casa Blanca.

Si el presidente López Obrador quiere confirmar los beneficios de las energías renovables, que se asome a los cinco países campeones en generarlas: China, Estado Unidos, Brasil, Alemania y la India.

Si no acortamos la brecha para producir esas energías limpias, de bajo costo, muy pronto nuestras industrias estarán fuera de competitividad, porque acabarán pagando -como ya lo hacen- precios mucho más caros por sus combustibles.

Ir a contracorriente del planeta, desconociendo además lo que ya se pactó en el terreno de las inversiones, es una ruta inevitable de colisión.

El presidente López Obrador tiene que entender que el camino elegido para imponer su legislación es la ruta más corta para desatar una guerra inútil, de antemano perdida.