La guerra del fentanilo

La Iniciativa Mérida pasó a mejor vida. Pero la llamada Guerra contra las drogas impulsada desde Estados Unidos acaba de iniciar un nuevo capítulo: la batalla contra el fentanilo. 

Así es. Pese a que el nuevo Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad entre México y Estados Unidos aún no se traduce en acciones concretas, existe un tema en particular en el cual ambos gobiernos ya trabajan a todo vapor. Y ese es el de frenar el flujo de fentanilo de sur a norte. 

Y es que, con más de 70 mil muertes por sobredosis en 2020, el poderoso narcótico ha provocado una verdadera crisis de salud pública en Estados Unidos. 

Mientras tanto, en México, el trasiego de la droga sintética -50 veces más poderosa que la heroína- ha alimentado la enorme industria del crimen organizado y la corrupción gubernamental.

Apenas despegó la delegación norteamericana de la Ciudad de México y se dejaron ver las primeras señales de la nueva operación binacional contra el fentanilo, la cual consiste en atacar directamente a los importadores del narcótico y a los facilitadores financieros que lavan las ganancias producto de su trasiego. 

Hace apenas unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos que, según las autoridades,​ habría funcionado como fachada para la importación de precursores químicos necesarios en la producción de drogas sintéticas. 

Las implicaciones podrían ser mayúsculas. Y es que Pochteca SAB de CV no es cualquier empresa. Encabezada por el empresario Armando Santacruz González, es uno de los más grandes emporios químicos del país, el cual cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1996. 

De acuerdo con versiones periodísticas, Pochteca es apenas una firma de una lista de 49 compañías sospechosas compartida por el gobierno de Estados Unidos a la UIF de Santiago Nieto, así como al Centro Nacional de Inteligencia que dirige el general Audomaro Zapata.

Pero eso no es todo, pues además de presunta corrupción empresarial, las autoridades de México -con la ayuda de Estados Unidos- también han puesto la lupa en la Cofepris, autoridad encargada de otorgar los permisos para la importación de sustancias controladas.

Según refiere el periodista Salvador García Soto en el diario El Universal, la ofensiva llegó a tal grado que ahora elementos de la Secretaría de Marina no solo controlan el edificio de la dependencia de gobierno en la Ciudad de México, sino que también han sido destituidos funcionarios en posiciones clave, quienes han sido reemplazados por elementos militares.

Los aseguramientos también van al alza. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, sus agentes han incautado -en lo que va del año- mil 225 kilos de fentanilo, lo que representa un alza de 16,5 por ciento sobre los decomisos en el mismo periodo de 2020, según cálculos realizados por Milenio.

En tanto, en el mismo periodo, agentes de la DEA en Estados Unidos han decomisado más de 9.5 millones de pastillas adulteradas mezcladas con fentanilo y metanfetamina. De 2019 a la fecha, los decomisos de fentanilo en aquel lado de la frontera presentan un aumento cercano al 430 por ciento.

La nueva estrategia antidrogas le cae como anillo al dedo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Por un lado, se aleja del enfoque policial con el cual se había manejado la lucha contra el narco en México en pasadas administraciones, para redirigir la atención a la cadena financiera del crimen organizado. 

Por el otro, le permite al gobierno de la 4T exhibir la corrupción político-empresarial a la que tanto hace referencia el mandatario federal.

Y por último, contribuye a justificar la gradual militarización de labores históricamente desempeñadas por autoridades civiles, un proceso que se ha fortalecido durante el presente sexenio, como en ningún otro. 

Porque en esta nueva guerra silenciosa contra el fentanilo no hay balazos, pero tampoco abrazos.