La Guardia Nacional que el Ejército necesita

¿Qué pasó?

Bajo el justificante de hacerle frente a la “amenaza del crimen organizado” y recalcando que su objetivo “no es militarizar al país”, el poder ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Por qué importa?

• El gobierno federal pretende conseguir estos cambios legales con una reforma a las leyes secundarias, no una reforma constitucional, por lo que sólo necesita mayoría simple para su aprobación (50 más uno).

• Morena y sus aliados cuentan con una mayoría simple en ambas cámaras del Congreso.

• Sin embargo, la oposición acusa que esta estrategia legislativa es inconstitucional y que deberá ser invalidada por la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad.

El contexto:

• El pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviaría un acuerdo para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quede a cargo de la Guardia Nacional (GN).

• Dicha propuesta es contraria al planteamiento legal con el que fue aprobada la ley de la Guardia Nacional en 2019, que considera a esta corporación como de carácter civil. Es decir, una nueva policía federal.

Los detalles:

• La iniciativa de reforma de la Guardia Nacional que el gobierno federal envió al Congreso plantea que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es decir, dejará de ser una corporación civil para convertirse en una totalmente militar.

• “(La propuesta) responde a los desafíos sin precedentes que los graves problemas de inseguridad y violencia vinculados principalmente al crimen organizado plantean al Estado mexicano en la actualidad, así como al fracaso de todos los esquemas institucionales previos en materia de seguridad y modelos de policía, resultado de su descomposición y corrupción crónicas”, se lee en la iniciativa.

• De acuerdo con el proyecto, el Ejército mantendrá el control operativo, administrativo y presupuestario del mayor cuerpo policiaco del país, con lo que formalmente, más de 113 mil elementos pasarán a las filas de las Fuerzas Armadas.

• Dadas estas nuevas atribuciones, el Ejército participará en el diseño de la Estrategia de Seguridad y el Programa Nacional, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido desplazada como la principal entidad encargada de la política de seguridad pública. La tarea de esta dependencia civil se limitará a la coordinación, no a la ejecución de dichas estrategias.

• Los elementos de la Guardia Nacional conservarán el fuero militar, ya que -en primera instancia-, el uso de la fuerza desmedida o los abusos a derechos humanos serán sancionados por la justicia militar.

• La iniciativa elimina el requisito que exigía a los elementos de la Guardia Nacional renunciar a su filiación a las Fuerzas Armadas, además de plantear la equivalencia jerárquica entre el personal de la corporación y de las Fuerzas Armadas.

• De esta manera, la Sedena decidirá la estructura organizacional y promociones al interior del cuerpo policiaco (como todo un cuerpo militarizado) y todos sus elementos tendrán comunicación permanente con el Ejército y la Marina.

• Por si fuera poco, los 23 mil elementos que estaban adscritos a la antigua Policía Federal serán cesados de la Guardia Nacional y permanecerán en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con lo que se termina de concretar la extinción de todo cuerpo civil en la corporación.

• La Secretaría de la Defensa Nacional propondrá el nombramiento del titular de la Guardia Nacional al presidente de la República, quien además tendrá la autoridad de enviarla de manera “permanente para el cumplimiento de las misiones” en auxilio de las Fuerzas Armadas cuando así se requiera.

• Entre otros lineamientos destacan que “en tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con grado de Comisario General en activo”, el encargado de la Comandancia de la Guardia Nacional será designado por el presidente, a propuesta expresa del titular de la Sedena.

• La Guardia Nacional podrá intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en “coadyuvancia” de las autoridades competentes, en tanto, la Secretaría de Seguridad recibirá las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, y promoverá el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente.

• Además, se pretende facultar a la dependencia como una instancia coordinadora del gabinete de seguridad del gobierno federal y fortalecer sus facultades para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.