La fosa clandestina de La Concordia exhibe el fracaso del Estado en Sinaloa

En la comunidad El Verde, en Sinaloa, fue localizada una fosa clandestina y de acuerdo con reportes entregados a buscadoras por autoridades, la noche del 7 de febrero, se habían localizado siete cuerpos en el sitio.

El colectivo Sabuesos Guerreras informó que vigila a distancia el proceso de exhumación y peritajes, debido al riesgo en carreteras, la distancia y la falta de apoyos para el traslado de las familias.

Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que uno de los cadáveres recuperados en la fosa corresponde a José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad el 23 de enero cuando se dirigían del campamento a su jornada en una mina de Vizsla Silver Corp.

El caso exhibe el fracaso del Estado mexicano, en sus tres niveles, en la tarea de pacificación de una entidad marcada por la guerra paramilitar intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa. El conflicto, que data desde mediados de 2024, cuando Ismael ‘El Mayo’ Zamabada fue extraído de una reunión para ser entregado a autoridades de Estados Unidos, ha transformado radicalmente la vida civil en el estado.

El secuestro de los trabajadores de Vizsla Silver Corp es una faceta más del régimen de violencia en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay personas detenidas por la privación de la libertad de los mineros y que, según su dicho, los propios detenidos aportaron información que condujo a la localización de la fosa cerca de El Verde.

La empresa Vizsla Silver informó que fue notificada por familias de trabajadores secuestrados del proyecto Pánuco de que sus familiares fueron encontrados muertos, y señaló que el incidente está bajo investigación y que la información disponible sigue siendo limitada, mientras espera confirmación oficial de autoridades mexicanas.

La líder de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, explicó que inicialmente intentaron acudir al lugar, pero al observar que a compañeras en Mazatlán se les negaba acceso e información, optaron por un canal de comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda y fiscalías para dar seguimiento al proceso pericial.

El colectivo señaló que, aun ante la magnitud del hallazgo, las familias “se mueven por sus propios recursos” porque no reciben apoyo para diligencias, y que el riesgo en la autopista y la distancia fueron determinantes para no trasladarse al sur del estado.

La primera noticia sobre la identificación de José Ángel Hernández Vélez fue difundida por Sabuesos Guerreras, a partir de información de personas que montaban guardia en el predio donde se ubica la fosa, la cual estaba resguardada por la Guardia Nacional.

De acuerdo con El Financiero, ya eran tres los cuerpos identificados: José Ángel Hernández Vélez (37 años), José Manuel Castañeda Hernández (43 años) e Ignacio Aurelio Salazar; las identificaciones se apoyaron en confirmaciones familiares y rasgos como tatuajes, mientras continuaban protocolos forenses.

Los peritajes de la FGR se realizaban desde el jueves 6 de febrero y las diligencias permitieron rescatar diez cuerpos de la sepultura clandestina, en una zona ubicada a 85 km de Mazatlán y 285 km de Culiacán.

El periódico Noroeste documentó que la propia compañía ya había ordenado un paro temporal de trabajo de campo en el proyecto Pánuco desde el 4 de abril de 2025, citando “condiciones de seguridad actuales”, y que después anunció reanudación de actividades el 5 de mayo, bajo el argumento de que las condiciones se habían normalizado.

En ese mismo reporte, Noroeste señaló que información de la Secretaría del Bienestar estatal ubicaba a este municipio como el de mayor desplazamiento en 2025 y describió reportes periodísticos de violencia en la zona serrana desde enero de 2025, con episodios que incluyeron enfrentamientos, incendios y uso de explosivos con drones.