La FGR pone en la mira a la familia de Enrique Peña Nieto

¿Qué pasó?

Una de las dos empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira dentro de la investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto involucran a una de sus hermanas y su cuñado: Verónica Peña Nieto y Juan José Chimal Velasco.

¿Por qué importa?

• En el discurso, el gobierno de López Obrador asegura que no existe persecución en contra de Enrique Peña Nieto. En los hechos, su familia se ha convertido en objeto de una investigación federal.

• Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró la semana pasada que entregará información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre movimientos irregulares en las cuentas del ex mandatario priista.

El contexto:

• La información presentada por Gómez parte de una investigación de la UIF iniciada en octubre de 2021 y que culminará en una denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• El funcionario federal dijo que se detectó que Peña Nieto está vinculado a dos compañías con irregularidades financieras y fiscales. “Los presuntos delitos los establece el fiscal en el momento de judicializar una causa”, dijo Gómez Álvarez.

Los detalles:

• De acuerdo con el portal Animal Político, mediante documentación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC), se comprobó que el ex presidente Peña Nieto y sus dos familiares son accionistas de la empresa Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RI, la cual fue constituida en 1988.

• La otra compañía a la que la UIF aludió dentro de su investigación se trata de Plasti-Estéril, SA de CV, misma que fue constituida en 1991, pero en esa misma década dejó de se propiedad de la familia Peña Nieto.

• No así Impulsora Agrícola La Laguna, en la cual -según los registros- todavía figuran como accionistas el propio EPN, su hermana Verónica Peña, su cuñado Chimal Velasco y el hijo de ambos, Juan José Chimal Peña, así como otros parientes, entre primos, tíos y sobrinos.

• Dentro de la misma indagatoria, la UIF refiere que Juan José Chimal Velasco es tesorero de otra empresa, Productores FCB, la cual recibió apoyos para el campo de un programa federal durante el sexenio pasado y de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desvió 33.9 millones de pesos.

• La ASF detectó que el cuñado de Peña Nieto realizó dos pagos irregulares con recursos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa). Este buscaba proporcionar inversión a las unidades económicas rurales en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

• El primer pago fue por un monto de 11.7 millones de pesos, a la empresa Construcciones y Transportes Caradego, SA de CV, la cual fue constituida en julio de 2015 en Chalco y cuyo domicilio no pudo ser ubicado por los auditores (en colonias populares de las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez). Tampoco reportaron actividades comerciales previas.

• El otro pago fue por 22.2 millones de pesos, a la compañía K-PMO Administración de Proyectos Tecnológicos y Organizacionales, SA de CV. De acuerdo con la ASF, su actividad económica era ajena a los conceptos de los servicios que habrían sido facturados a la firma del cuñado de Peña Nieto.

• “Se comprobó que se dedica a los servicios de consultoría en administración, sin embargo, los servicios que factura son por equipos para agroindustria y para cuartos fríos, así como sistema fotovoltaico”, se lee en la denuncia presentada por la ASF como parte de la auditoría forense 339-DE, replicada por Animal Político.

• Sin embargo, el apellido de Chimal Velasco ha estado involucrado en otros posibles casos de corrupción, como el de la empresa Explocean, S de RL de CV.

• En enero de 2019, la Fiscalía de Chihuahua la incluyó en una denuncia por un presunto desvío de 23.2 millones de pesos de la Secretaría de Educación local durante el sexenio de César Duarte. El cuñado de Peña Nieto fungía como directivo de relaciones públicas al momento del desvío, entre 2014 y 2015.

• Además, uno de sus socios en Productores FCB, Alberto Chapa García estaría implicado en la venta a sobreprecio de un sistema de barreras móviles a la constructora española OHL para las obras del Viaducto Elevado, por medio de Operadora Barrier Systems de México, SA de CV, en la que cual Chapa García es socio de Ricardo Arturo San Román Dunne, amigo de Peña Nieto.

La FGR también investiga a ex director del Fonden

• Además de los familiares del ex presidente, un ex funcionario de su administración estaría en la mira de la FGR por presunto lavado de dinero a través de un contrato por adjudicación directa con la Sedena por la compra de más de mil ventiladores.

• Se trata de José María Tapia Franco, quien entre 2013 y 2016 se desempeñó como director de la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil, un área dependiente del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

• En ese periodo, Tapia Franco gestionó el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Sin embargo, el desfalco se habría hecho a través de una de sus empresas: Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, que de acuerdo con Reforma, 50 por ciento de las acciones le pertenecen.

• Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que en marzo de 2020, la compañía obtuvo un contrato por adjudicación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para adquirir mil 300 ventiladores que servirían para atender la contingencia de la pandemia por Covid-19 en el país.

• El monto total del contrato era por mil 350 millones de pesos, para la compra de 600 ventiladores marca Hamilton, provenientes de Suiza, con un precio de 846 mil pesos cada uno; las restantes 730 unidades tenían un valor de 898 mil pesos, de la marca Aeon Medics, modelo Shangrila.

• El 20 de noviembre de 2020 se presentó la denuncia por presunto lavado de dinero, luego de que la ASF detectó un retraso de dos meses en la recepción de 730 ventiladores, pese a que el contrato tenía como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de ese año, mismo límite para su entrega.