La FGR desmanteló la unidad especial del caso Ayotzinapa

¿Qué pasó?

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó dejar sin policías ministeriales a la unidad especial que está llevando la judicialización del caso Ayotzinapa, en medio de la renuncia de Omar Gómez Trejo y de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión de dicho proceso.

¿Por qué importa?

• En medio de una “lucha interna de intereses políticos” en torno al esclarecimiento de la “verdad histórica”, Omar Gómez Trejo presentó su renuncia como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

• La dimisión, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre, exhibe el quiebre que existe dentro del gobierno de López Obrador en torno al caso de desaparición forzada de más alto perfil en décadas.

El contexto:

• El fin de semana, la revista Proceso y el periódico El País publicaron que la FGR canceló al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la oficina de Gómez Trejo.

• En los hechos, esto representó una desautorización a la UEILCA y el desmantelamiento del trabajo de investigación de más de tres años de esta unidad especial.

Los detalles:

• Producto de las profundas diferencias entre la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero y la unidad que tenía a su cargo Omar Gómez Trejo, la Fiscalía dejó a su propia filial sin 13 agentes ministeriales asignados para apoyar a los fiscales en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

• De acuerdo con el diario El País, el desmantelamiento ocurrió en las últimas semanas de agosto, a raíz del rompimiento entre el equipo de Gómez Trejo y la fiscalía, provocado por la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam.

• El rotativo español ahondó que la decisión de renunciar por parte de Omar Gómez Trejo se produjo en ese mismo periodo, misma que le fue comunicada a los familiares de los 43 normalistas y sus abogados.

• En ese mismo sentido, Animal Político reveló en sus redes sociales que tras la renuncia de Gómez Trejo ya no se designará a un nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, por lo que el seguimiento será llevado a cabo por la unidad de Asuntos Internos y otras áreas de la FGR.

• Al frente de Asuntos Internos se encuentra Adriana Campos, fiscal que en 2016 relevó del cargo al entonces visitador de la extinta PGR, César Alejandro Chávez, quien fue el primero en reconocer irregularidades en el informe de la llamada “verdad histórica” formulada por Murillo Karam y del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

• Acorde a los documentos publicados por el periodista Pablo Ferri, del periódico El País, la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había solicitado la UEILCA contra al menos 16 militares, incluido el comandante del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández Nieto.

• Asimismo, se ejecutaron órdenes de captura contra el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, incluida la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el juez de Barandilla, Ulises Bernabé.

• La FGR de Gertz Manero tomó dicha decisión sin consultar con la unidad especial encargada del caso Ayotzinapa, que dirigía en ese momento Gómez Trejo y quien había viajado a Israel para poner al tanto de sus pares sobre la investigación armada los últimos años contra Zerón, hoy prófugo de la justicia.

• Fuentes al tanto de los hechos revelaron a El País que los policías ministeriales dejaron de asistir a sus puestos de trabajo a finales de agosto, poco después de la detención de Jesús Murillo Karam, ocurrida el viernes 19 de dicho mes.

• Los 13 agentes se dividían en dos grupos, conforme al sistema de trabajo de la UEILCA. Seis de ellos estaban adscritos al equipo dedicado a investigar el ataque y desaparición de los normalistas, en tanto los siete restantes se encargaba de indagar a los presuntos autores de la llamada “verdad histórica”.

• Los agentes en cuestión explicaron a la UEILCA que habían sido enviados a “La Muralla”, nombre con que se le conoce al centro de capacitación de la FGR en San Juan del Río, en Querétaro. Según refieren a El País, los fiscales al tratar de saber la razón de su traslado recibieron como única respuesta que: “los están investigando por un posible acto de corrupción”.