La DEA retomó el control

Independientemente de lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, la detención de Rafael Caro Quintero confirma que, después de 18 meses, la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han regresado a la mesa donde se toman las decisiones de la política de seguridad del gobierno mexicano.

Entre la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020 y la detención de Rafael Caro Quintero en julio de 2022; la burocracia profunda de la DEA y el Departamento de Justicia se consolidaron como parte de un ala del gobierno de Estados Unidos que ha cabildeado una política de mayor presión hacia la administración de López Obrador.

No es casualidad que Anne Milgram, titular de la DEA, y Merrick Garland, procurador general de Estados Unidos, hayan querido acaparar la narrativa de la captura de Rafael Caro Quintero. Su modus operandi tiene raíces profundas que datan del primer quiebre institucional significativo entre México y Estados Unidos en años:

La detención del General Salvador Cienfuegos representó un hecho inédito que destruyó la confianza entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y México. El Ejército Mexicano confirmó que Washington lo veía como un rival de sus intereses, no como un socio.

Y un mes después, cuando Cienfuegos fue extraditado y exonerado por la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia y la DEA comprendieron que el aparato judicial y de seguridad de México no tenía las capacidades para afrontar el grave problema de seguridad nacional de los cárteles de la droga.

Esto ocurrió cuando Joe Biden era el presidente electo, lo que significa que el binomio que definió la relación bilateral en los últimos años, el del canciller Marcelo Ebrard y el yerno y asesor presidencial Jared Kushner, ya había perdido prácticamente toda su influencia.

En diciembre de 2020, a petición expresa de la Oficina de la Presidencia, México reformó la Ley de Seguridad para agregar controles a la operación de agentes extranjeros en el país. Esto inauguró una nueva política que interrumpió casi por completo la cooperación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, particularmente la DEA, y las de México. La gran excepción fue la Marina Armada mexicana.

Éste fue el status quo durante los últimos 18 meses. Mientras tanto, dentro del gabinete de Joe Biden, se conformaron dos grupos divididos por su opinión de cuál debería ser el tono de la relación bilateral:

El secretario de Estado, Antony Blinken; el asesor para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González; y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, optaron por un perfil más acomodaticio.

Por otro lado, la titular de la DEA, Anne Milgram; el fiscal Merrick Garland; e incluso la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, se inclinaron por una política más agresiva para defender los intereses de Estados Unidos en México.

En septiembre de 2021, la paciencia de Milgram y Garland llegó a un punto de quiebre. El titular del Departamento de Justicia citó en Washington a su homólogo mexicano, el fiscal General Alejandro Gertz Manero, para una reunión de trabajo.

Aunque no estaba previsto, la directora de la DEA participó en el encuentro. Un día después, Milgram dijo en conferencia de prensa que estaba decepcionada con los avances del gobierno mexicano en la captura de líderes de alto perfil del crimen organizado y que exigía reanudar las operaciones compartidas con agentes estadounidenses en suelo mexicano.

No fue hasta mediados de 2022, en medio de una campaña de presión operada desde dentro del gabinete de Joe Biden para destituir al embajador Salazar, en medio de la tensión por la negativa de López Obrador para asistir a la Cumbre de las Américas y en medio de las múltiples visitas de John Kerry a Palacio Nacional, que finalmente el aparato de seguridad mexicano comenzó a responder a las demandas estadounidenses.

De acuerdo a datos del gobierno federal, entre el 21 de mayo y el 20 de junio, fueron decomisados o desmantelados 72 laboratorios de droga clandestina, el 90 por ciento de ellos estaba ubicado en Sinaloa.

En ese lapso, se realizó un decomiso récord de una tonelada de fentanilo y metanfetaminas en Sinaloa y la detención de un lugarteniente del Cártel de Sinaloa}, específicamente de la facción de “Los Chapitos”, que operaba en Sonora, Francisco “T” alias El Duranguillo.

Días después de estos eventos, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington para reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca.

La detención de Rafael Caro Quintero no fue una casualidad ni un cambio repentino en la política de seguridad del gobierno mexicano. Fue el resultado de meses de presión acumulada de la DEA, del Departamento de Justicia y de los halcones del gabinete de Joe Biden.

El regreso del Estado Profundo.