La Corte temida por el narco mexicano

En el 2019, el gobierno de Estado Unidos destinó 139 millones de dólares a la Iniciativa Mérida, el eje operativo de una estrategia bilateral para combatir el crimen organizado en México. Esta política data de un acuerdo inicial con el gabinete de seguridad de la administración de Felipe Calderón, cuyo máximo exponente era Genaro García Luna.

El hecho de que el ex secretario de Seguridad Pública enfrente un proceso en la Corte del Distrito Este de Nueva York por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa exhibe de cuerpo entero el fracaso de la estrategia del Estado mexicano para mitigar la influencia del crimen organizado.

La paradoja reside en que, a pesar de la inversión que el gobierno americano ha realizado en materia de procuración de justicia y seguridad pública en México, García Luna está respondiendo ante un tribunal en Estados Unidos porque las fiscalías mexicanas han probado ser incompetentes: entre el 2006 y el 2018, de los 233 objetivos federales detenidos, sólo dos recibieron una sentencia por el delito de crimen organizado, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

México ha tercerizado, de facto, la judicialización de los casos más relevantes de la llamada guerra contra las drogas. Los procesos más emblemáticos pasan, precisamente, por la Corte del Distrito Este de Nueva York. Además de la acusación en contra de García Luna, este tribunal sentenció a Joaquín “el Chapo” Guzmán y al ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal Richard Donoghue, que la semana pasada dejó su posición en el distrito Este de Nueva York para asumir un rol en la estructura federal del Departamento de Justicia, es el arquitecto de la lucha judicial en contra de las dos organizaciones criminales mexicanas de más alto perfil, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Donoghue fue nombrado al distrito de Brooklyn por Jeff Sessions, el primer procurador general de la administración de Donald Trump y quien elevó a rango de máxima prioridad el combate de los cárteles mexicanos. Su despacho etiquetó al Cártel Jalisco Nueva Generación como la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

De acuerdo a la prensa estadounidense, Sessions cabildeó la designación de las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, lo cual le otorgaría facultades al gobierno federal americano para enviar tropas a México.

La comunidad de seguridad nacional en Estados Unidos filtró a la prensa que el presidente Donald Trump se abstuvo de tomar esta decisión por deferencia a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El favor sería retribuido meses después con una visita a Washington, según reporta The Wall Street Journal.

El proceso en contra de García Luna, que podría tener consecuencias explosivas para la clase política mexicana a menos de un año de las elecciones intermedias, se inscribe en esta narrativa. “El gobierno presentará evidencia de que García Luna aceptó sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva (ex socios del Cártel de Sinaloa)”, comunicó la fiscalía del distrito Este de Nueva York tras la captura del ex secretario de Seguridad Pública en diciembre del año pasado.

Preocupada por incidentes como la matanza de miembros de la familia LeBarón o el ataque al secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la administración de Donald Trump ha tomado un rol más activo en la judicialización de la guerra contra el narcotráfico en México.

Esto, aunado a la incompetencia del sistema de procuración de justicia mexicano, han convertido la extradición en el mayor temor del narco mexicano. Fuentes de los servicios de inteligencia mexicanos refieren que el atentado contra García Harfuch y el asesinato de un juez federal en Colima representan la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación a la extradición de Rubén Oseguera González, “el Menchito”, hijo del líder de esta organización criminal.

La coyuntura amplifica el papel de la Corte del Distrito Este de Nueva York. El tribunal que sentenció al “Chapo” y a Veytia, ahora lleva un proceso centrado en Rafael Caro Quintero: esta semana, la corte validó la acusación de la fiscalía en contra el hijastro del ex jefe del Cártel de Guadalajara, Bryant Espinoza, por lavado de dinero, lo cual se suma a la petición de extradición de Ismael Quintero Arellano, sobrino de Caro Quintero.

El regreso de este narcotraficante a la actividad ilegal es referida por ex agentes de la DEA como el principal factor del aumento de violencia en Sonora. Su detención es la prioridad número uno de la agencia anti drogas estadounidense, de acuerdo a Ray Donovan, ex director de operaciones en Nueva York.

Los casos de García Luna y Caro Quintero se persiguen desde la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, pero tienen consecuencias directas para la gobernabilidad y la dinámica política en México. La visita diplomática de Andrés Manuel López Obrador es un recordatorio de ello.