Por qué la corrupción sí se va acabar con AMLO

El Presidente en funciones y el Presidente electo tienen algo en común: hasta cierto punto, ambos creen que la corrupción es un fenómeno cultural. Enrique Peña Nieto lo dijo de manera explícita en una entrevista televisiva organizada por el Fondo de Cultura Económica. Asimismo, Andrés Manuel López ha construido una narrativa que establece que la erradicación de la corrupción parte de una transformación de la cultura política.

Sin embargo, el primero no pudo implementar a cabalidad los compromisos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incluidos en el llamado Pacto por México. Y el segundo, no ha dado a conocer una plataforma integral de políticas públicas de combate a la corrupción.

En palabras de los miembros de los Comités de Participación Ciudadana del SNA, no ha existido voluntad política para cerrar el proceso. No obstante, México podría avanzar significativamente en la implementación de políticas anticorrupción en el siguiente sexenio. No porque así lo dice López Obrador, sino porque el USMCA, el acuerdo que sustituirá al TLCAN, incluye un amplio capítulo anticorrupción. Este apartado fue incluido a petición expresa del equipo negociador mexicano.

Benjamín Hill, un especialista en transparencia y políticas anticorrupción, considera que el capítulo 27 del USMCA podría ser más trascendente que el propio SNA para generar un cambio sistémico en el comportamiento ético de las empresas y el gobierno.

El consenso de economistas mexicanos coincide en que México se transformó estructuralmente con la entrada en vigor del TLCAN porque tuvo que aceptar las reglas del juego de dos países desarrollados. La economía no solo se dividió entre el sector externo altamente competitivo y el sector interno de baja productividad. También lo hizo entre una industria de exportación con buenas prácticas empresariales y una industria doméstica que mantuvo en gran medida la cultura de negocios previa a la entrada en vigor del tratado trilateral.

Utilizando el argumento de Hill, es altamente probable que México se adapte al nuevo entorno de políticas anticorrupción porque la economía pudo volver a dibujarse fácilmente en torno al marco institucional del TLCAN.

En México, este acuerdo comercial se ha cumplido a cabalidad porque existen los incentivos correctos para ello. Las cosas no tendrían porque ser diferentes con el USMCA.

¿Qué dice el capítulo 27?

El aparatado anticorrupción del USMCA hace énfasis en la prevención y el castigo a los sobornos y las prácticas de corrupción de las empresas que participan en el sector externo de la economía nacional.

El acuerdo incluye los lineamientos de los memorándums anticorrupción que México ha suscrito: OEA, OCDE, ONU, G-20, etc. Sin embargo, la diferencia fundamental frente a estos acuerdos no vinculatorios es que el USMCA sí provee incentivos para su implementación.

El capítulo 27 busca estandarizar la criminalización y sanción de los actos de corrupción de los tres países miembro, establecer estándares de los registros financieros de las empresas y prohibir los denominados “pagos de facilitación”.

Los delitos de corrupción cubiertos por el tratado incluyen diferentes tipos de soborno, desvío de recursos públicos y peculado. Es decir, el USMCA abarca las prácticas del sector público, lo que significa un cambio de altísima relevancia para el marco institucional mexicano.

Esto incluye medidas obligatorias relacionadas con la integridad de servidores públicos en temas como políticas de selección y entrenamiento de los servidores públicos, manejo de conflicto de interés, declaraciones patrimoniales y de interés de los funcionarios civiles y sistemas de denuncia pública de prácticas de corrupción.

Finalmente, el capítulo 27 estipula que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están obligados a promover los sistemas de integridad, ética y cumplimiento en las empresas que operen en su jurisdicción.

El texto completo puede consultarse aquí.

Se trata de cambios mayúsculos. México podría avanzar de golpe lo que por décadas han intentado diferentes administraciones. El equipo negociador mexicano, liderado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es el responsable de una de las transformaciones institucionales más importantes del país. Y lo hizo sin el capital político del Pacto por México o la llamada Cuarta Transformación.