La contrarreforma energética de López Obrador

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está avanzando hacia la derogación de facto de la reforma energética.

En una reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional, los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como los funcionaros de mayor nivel en el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) acordaron cambios regulatorios para alinear la política energética del Estado mexicano con el memorándum de 17 puntos que el presidente envió a los reguladores del sector el pasado 22 de junio.

Este documento incluye objetivos de política pública que estipulan, entre otras cosas, “alcanzar la autosuficiencia energética en bien de la soberanía nacional”, “no exportar petróleo”, o “detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por la sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazo”. Los lineamientos son ambiguos; no incluyen métricas de carácter técnico.

La iniciativa privada advirtió que esta modificación al marco regulatorio limita la competencia y fortalece el poder de mercado de Pemex y CFE. La Coparmex considera que las nuevas regulaciones podrían derivar en la suspensión de nuevas rondas petroleras, del otorgamiento de permisos para la instalación de gasolineras o terminales de abastecimiento particulares.

El cambio regulatorio, que fue filtrado a la prensa y que no se ha comunicado a través de canales oficiales, coincidió con la renuncia de Alfonso Morcos a la dirección del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo que será reducido a una expresión mínima y cuya estructura de operación volverá a formar parte de la CFE, tal como estaba estipulado antes de la reforma de 2013, según información de personas cercanas al asunto.

López Obrador estableció como fecha límite el 22 septiembre para que los reguladores del sector energético dieran una respuesta sobre la implementación del memorándum emitido por Presidencia, según un reporte de Reuters publicado el 13 de agosto. El titular del Ejecutivo planteó que es preferible realizar estas modificaciones sin reformar la Ley. Sin embargo, aclaró que se promoverá un cambio constitucional de ser necesario.

La administración federal ha privilegiado las acciones ejecutivas para desmantelar los efectos de la reforma energética promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde el primer año de gobierno, el presidente lideró un cambio radical en la integración de los comisionados de las entidades regulatorias del sector.

El memorándum emitido por Presidencia implica una profundización de las políticas que han cabildeado los miembros del gabinete económico que son catalogados como afines a una postura de nacionalismo energético: Rocío Nahle, secretaria de Energía; Manuel Bartlett, director de CFE; y Octavio Romero, director de Pemex.

El documento de 17 puntos refiere que “es urgente profundizar en los cambios iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de nuestra nación”.

Uno de los cambios más significativos de la política energética del gobierno de López Obrador estipula la derogación de facto de las instancias que separaban a los reguladores de las entidades reguladas.

La primer señal de esta modificación en la ruta de la política energética mexicana ocurrió en mayo, cuando el Cenace ordenó el bloqueo de la conexión de nuevas plantas de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional.

Esto derivó en la concesión de más de cuarenta amparos promovidos por empresas privadas y organizaciones civiles ante juzgados especializados en Competencia Económica.

En agosto, un Tribunal Colegiado suspendió de manera definitiva este acuerdo de la Secretaría de Energía por el cual se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.