La cobranza del Infonavit

Uno de los rincones oscuros de la corrupción en México es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit.

Creado durante el sexenio de Luis Echeverría al amparo de una idea progresista del empresariado de Monterrey, que desde antes ya les otorgaba vivienda a sus trabajadores, el Infonavit se convirtió en un instrumento de justicia social para dotar de vivienda a quienes menos tenían.

Con aportaciones de trabajadores, patrones y del gobierno, nadie puede regatear que es una institución gracias a la cual millones de mexicanos compran, construyen o mejoran su casa.

Pero como toda institución en donde existe de por medio presupuesto en enormes cantidades, el Infonavit comenzó a ser una guarida de grandes negocios particulares.

Apalancado en el floreciente sindicalismo de los setentas, el binomio CTM-Infonavit vio emerger a innumerables contratistas recomendados por los líderes obreros regionales.

Muchas fortunas se hicieron al amparo de la construcción de las llamadas viviendas de interés social cuando el Infonavit entregaba casas llave en mano.

La calidad de las viviendas era muy cuestionable, muchas se cuarteaban, y el precio al que se entregaban era a todas sobrefacturado. Pero era un tómalo o déjalo.

Hasta que el Infonavit modificó su modelo y pasó al otorgamiento de créditos y dejó que el mercado ofreciera libremente las opciones para aplicar esos créditos.

Los beneficiarios de esa nueva política fueron los trabajadores, que elegían en libertad aplicar su dinero con quien mejor calidad y precio les diera en su vivienda.

Pero conforme pasaron los años emergió en el Infonavit un nuevo negocio del que poco se habla, pero que les produce fortunas a unos cuantos privilegiados.

Se trata del cobro de la cartera vencida, de salir a tocar puertas en las casas de los trabajadores morosos que registran serios atrasos en sus pagos o de subastar las casas que son abandonadas porque a sus dueños los cambian de lugar de trabajo o simplemente ya no pueden pagar.

Decenas de miles de créditos pasan al renglón de incobrables y esos a su vez son transferidos a burós de cobranza en donde se hace la labor de recuperación a cambio de un 20 por ciento de comisión.

En un principio esa cobranza morosa la hacía el propio Infonavit. Pero debido al tamaño del problema se le fue subrogando a despachos privados que cuentan con el favor o el padrinazgo de algún político, porque al final del día es un negocio redondo por los volúmenes de lo cobrado.

Si el gobierno de la Cuarta Transformación quiere entrarle a un tema de corrupción que no se ha tocado, que le meta lupa a esos burós de cobranza del Infonavit.

¿Quiénes son los despachos más favorecidos? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios del negocio que en muchos casos es la fachada de algún político o empresario al que se le concesionó? ¿Cuánto es el monto de esa cobranza y a cuánto ascienden las verdaderas comisiones?

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador se anima, sin duda descubrirá que incluso prominentes dirigentes empresariales lucran a trasmano con esas concesiones con las que anteriores gobiernos les endulzaban el bolsillo para controlar su crítica.

Revisar las condiciones en las que se hacen los negocios de cobranza del Infonavit y limpiar el padrón de los mas de 250 despachos sería un excelente comienzo para sanear una institución que, a pesar de todo lo que se diga, le ha hecho mucho bien a México y a los mexicanos.