La BOA está en Miami

El verdadero Bloque Opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no necesariamente pasa por las oficinas corporativas de FEMSA, sino por la Suite 270 del número 7400 de la calle 83 SouthWest en Miami: La BOA está en Florida.

En el círculo rojo es común escuchar de los contactos de Marcelo Ebrard en Washington, de la cercanía del presidente López Obrador con la Casa Blanca y de eventos como la reunión con Jared Kushner y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, que tuvo lugar en la casa del co-presidente de Televisa, Bernardo Gómez.

El contexto mediático sugiere que la relación bilateral México-Estados Unidos pasa por un gran momento. La realidad es que el llamado Estado Profundo, los hombres que toman y operan las decisiones de política exterior para América Latina en la Casa Blanca y el Departamento de Estado desconfían de la 4T.

El Bloque Opositor Amplio, la BOA que realmente representa una amenaza para la administración de Andrés Manuel López Obrador está en Miami, en la oficina del influyente senador por Florida, Marco Rubio: un hombre de la confianza del establishment del Partido Republicano, alfil del financiero Paul Singer, miembro del poderoso Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental.

El grupo de Miami, que dirige Marco Rubio, se ha instalado en las posiciones clave del Departamento de Estado y de la Casa Blanca relacionadas con la política para América Latina:

Carlos Trujillo, abogado de Miami y ex miembro de la Cámara de Representantes en Florida, es embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Su cercanía con Rubio se ha reflejado en una política de cero tolerancia a los regímenes de Venezuela y Cuba. Recientemente, fue nominado por el presidente Donald Trump como Subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental.

Mauricio Claver-Carone, otro abogado de Miami de ascendencia cubana y educado en Georgetown, está siendo candidateado por Washington para convertirse en el primer presidente no latinoamericano del Banco Interamericano de Desarrollo.

La revista The Economist se refiere a este personaje como una “elección controversial” por su anticastrismo recalcitrante. Actualmente es el oficial de mayor alto rango para América Latina en el Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. The Economist lo describe como “el principal arquitecto de la política de la administración de Donald Trump para Venezuela”.

El grupo de Miami es una alianza de políticos neoconservadores alineados a los intereses de los donantes de la diáspora cubana y venezolana afincada en Florida. Su antagonismo con la 4T quedó en evidencia en febrero del año pasado cuando Marco Rubio publicó este tweet:

“Esperaba que se pudiera redefinir la relación Estados Unidos-México como una asociación estratégica, no una asociación de asistencia, como una alianza que atendiera nuestros retos comunes. Pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Nicolás Maduro ha puesto todo esto en duda”.

México y Washington se han ubicado en lados opuestos de prácticamente todos los asuntos de política exterior relacionados con América Latina: la elección de Evo Morales en Bolivia, el respaldo a Juan Guaidó en Venezuela y la sucesión de José Luis Almagro en la OEA. México incluso empujó a su propia candidata para ese puesto, María Fernanda Espinosa.

El conflicto más reciente entre el grupo de Miami y el gobierno mexicano está en la sucesión de la presidencia del BID. El gobierno de López Obrador se ha convertido en el principal obstáculo para que Washington instale a Mauricio Claver-Carone. México apoya la candidatura del argentino Gustavo Béliz, asesor estratégico del gobierno izquierdista de Alberto Fernández.

Sin embargo, la prueba más trascendente del antagonismo del grupo de Miami con la 4T ocurrió la semana pasada. Tres días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México podría venderle gasolina al régimen de Nicolás Maduro por razones humanitarias, el Departamento del Tesoro agregó a tres empresarios y ocho compañías mexicanas a la lista negra de la OFAC.

Estados Unidos acusó a Libre Abordo SA de CV y a Schlager Business Group de formar parte de una red secreta de lavado de dinero para evadir las sanciones que Washington le ha impuesto a Petróleos de Venezuela.

La administración de Donald Trump ubicó a México como el epicentro de una operación de Nicolás Maduro y de su zar económico, Tareck El Aissami, para vender petróleo venezolano de manera ilegal mediante una triangulación de gasolina y de bienes humanitarios.

De acuerdo a The Wall Street Journal, Libre Abordo, una compañía operada por las empresarias mexicanas Olga María Zepeda y Verónica Esparza, ha facturado más de 100 millones de dólares en las últimas semanas vendiendo crudo venezolano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que este esquema de lavado de dinero, liderado por el empresario colombiano Alex Naím Saab, detenido recientemente por la Interpol en Cabo Verde, llegó a mover el 40 por ciento de las exportaciones petroleras venezolanas. Joaquín Leal, un empresario mexicano, es señalado como co conspirador de este mecanismo.

En Washington consideran que esta operación difícilmente pasó desapercibida para los servicios de inteligencia mexicanos, dado que ni siquiera las firmas petroleras rusas se atrevieron a ser parte de la triangulación.

El caso Libre Abordo no representa la primera vez que la burocracia estadounidense, el Estado Profundo, intenta vincular a un empresario mexicano con Tareck El Aissami, quien tiene un caso abierto en el Departamento de Justicia por una presunta operación de miles de millones de dólares en tráfico de drogas y venta de oro como mecanismo de lavado de dinero.

El año pasado, Bloomberg publicó que la OFAC estaba investigando al mexicano mejor conectado en Wall Street, el dueño de Fintech Advisory, David Martínez, por presuntos nexos financieros con el régimen de Nicolás Maduro, específicamente con Tareck El Aissami.

Martínez, quien construyó una buena relación en los días de la renegociación de deuda argentina con uno de los hombres clave del Departamento del Tesoro, Adam Lerrick, negó la acusación. Aclaró que todos sus negocios en Venezuela tuvieron el visto bueno y la supervisión de las autoridades americanas.

En Wall Street se comentó que esta resolución fue producto de intereses cruzados con el CEO de Elliot Management Co., Paul Singer, rival de Martínez en la renegociación de deuda de Argentina y el segundo mayor contribuyente de campaña del Senador Marco Rubio, el líder del grupo de Miami que detenta el control de la política exterior para América Latina en la administración de Donald Trump.

México está jugando con fuego. Las decisiones de la cancillería han chocado con los intereses de las altas esferas políticas y financieras de Estados Unidos. Paradójicamente, AMLO le sigue apostando a su relación con Trump. Si el presidente gana la reelección, el grupo de Miami no haría más que extender su influencia, lo que exacerbaría la rivalidad con la 4T. Si pierde, López Obrador habría quemado sus puentes con Washington.

Por eso decimos, la verdadera BOA está en Miami.