La “amargura fiscal” de la Cuarta Transformación

En amplios territorios de México, el agua potable es un recurso escaso. La sed de esas familias -sin redes de agua disponibles y confiables- suele aplacarse con un refresco, que es el líquido más a la mano que se puede adquirir en la tienda de la esquina.

Más aún, en muchas familias sin capacidad económica para comprar los alimentos más indispensables, las 150 calorías de ese refresco suelen ser -a falta de comida suficiente- la fuente más segura de energía para sobrellevar su vida diaria.

Por eso, sorprende que una vez más, el populismo del gobierno de la Cuarta Transformación arremeta amargamente contra los refrescos embotellados o enlatados, elevando el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan. Es, a todas luces, una medida inequitativa y meramente recaudatoria.

El pretexto para justificar el golpe fiscal al bolsillo de quienes menos tienen es que se busca disuadir a esa población a disminuir el consumo de refrescos, bajo el argumento de que tienen un elevado exceso de azúcares. ¿Y cuántas calorías tienen las aguas frescas de limón, jamaica, horchata  o naranja que se expenden en las calles y que son endulzadas con jarabes o azúcares refinados? ¿También van a gravar su consumo con el nuevo y elevado impuesto?

Si la justificación es el exceso de calorías, ¿por qué no se eleva también el impuesto especial a los alcoholes -que son azúcares que disparan un sinfín de enfermedades-, a la cerveza o a la panadería procesada en la que una pieza embolsada tiene 200 calorías, 50 más que un refresco?

Si al conteo calórico nos atenemos, pues vamos poniéndole un IEPS  especial a las “guajolotas” -esas deliciosas tortas callejeras rellenas de tamal- que con su atolito superan las 700 calorías, el equivalente a tomarse más de cuatro de los tan satanizados refrescos.

Y como confirmación de que el incremento del IEPS anunciado esta semana es una medida puramente recaudatoria, ahí tienen que ese cobro fiscal ahora se aplicará también a las bebidas calificadas como “light” o “cero azúcar”. Esos refrescos, al no tener calorías, estaban exentos del pago. ¿Cuál es el pretexto para fiscalizarlos ahora?

El golpe es parejo para todo tipo de refrescos y disparejo para otras fuentes calóricas -líquidas y sólidas- más dañinas para la salud, como el alcohol, la cerveza  o los pastelitos horneados con azúcar refinada, a los que no se les toca. No es equitativo bajo la justificante “calórica”.

Y ese incremento en el IEPS, que se traducirá en un ajuste al precio del refresco, ¿quién creen que lo pagará? Pues el consumidor. Hoy, ese impuesto es de un peso 65 centavos por cada litro de refresco y bajo el incremento se irá a tres pesos con 8 centavos. Ese peso con 43 centavos de nuevo impuesto será un impacto directo al bolsillo de los consumidores, sin importar su estrato social. Golpeando más a quienes menos tienen. Lesionando más a quienes en algunas regiones más necesitan ese refresco, porque no tienen acceso a agua potable.

Durante los últimos años, distintos países han pretendido endosar a los refrescos el incremento en la obesidad y los elevados índices de diabetes ente la población. Pero, a pesar de intentar una y otra vez elevar el impuesto, el consumo no disminuye. La medida se vuelve puramente recaudatoria. Y si no es aplicable a otros productos similares, acaba por ser inequitativa y discriminatoria.

Peor aún, cuando los refrescos sin calorías, que bajo el supuesto oficial tendrían que ser incentivados en su consumo, acaban por pagar la misma tasa impositiva que los que tienen calorías.

Sin duda, la medida anunciada es recaudatoria, pero lo único cierto hoy es que la amargura fiscal de la Cuarta Transformación es insaciable. Y todos, al parejo, pagaremos por ello, así nos encarezcan “la chispa de la vida”.