La 4T apunta contra el Conacyt

¿Qué pasó?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está preparando una iniciativa de ley que significaría el desmantelamiento del sistema de investigación pública en México con la extinción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacty).

¿Por qué importa?

Los ataques del presidente López Obrador hacia la comunidad científica han sido constantes. El más reciente se dio el 28 de enero de este año, cuando afirmó -sin presentar pruebas-, que en el Conacyt se cometían actos de corrupción por medio de 65 fideicomisos científicos, los cuales fueron eliminados por decreto en 2020.

El contexto:

• El año pasado, a partir de una denuncia de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la FGR giró órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores, ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

• El fiscal Alejandro Gertz Manero buscaba imputarles los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. En septiembre, un juez de control federal determinó que no infringieron la ley.

Los detalles:

• En medio de los intentos presidenciales por reformar órganos autónomos como el INE, ahora el gobierno federal tiene en la mira desaparecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y convertirlo en un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por medio de la formulación de una nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

• De acuerdo con reportes del periódico español El País, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió a la Cámara de Diputados una serie de medidas para sustituir al que por más de 50 años ha sido el máximo órgano de la ciencia en México.

• Así como el actual Conacyt, el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se plantea -al menos en el papel- que funcione como un  organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, aunque se prevé que actúe como una entidad asesora del Ejecutivo federal.

• Sin embargo, en su estructura interna, la reorganización prevista pretende otorgarle un mayor poder de acción a la dirección general del nuevo Consejo, denostando con ello la participación de universidades privadas, asociaciones y organismos empresariales.

• En su iniciativa, AMLO considera que -impulsado en administraciones pasadas-, el Conacty se alejó de sus directrices originales de promover a la ciencia y a la tecnología, privilegiando un modelo de negocios basado en “la mercantilización de la educación y la ciencia”.

• “El Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaba costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas. El Conacyt promovió un esquema de negocios basado en la mercantilización de la educación y la ciencia”, se lee en el escrito enviado a San Lázaro, dado a conocer por El País.

• La instauración del nuevo Consejo de ciencia no estaría completa sin la formulación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, misma que también ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su respectiva evaluación.

• Dicha propuesta enviada a las comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación -para dictamen-, y a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto -para emitir su opinión- contempla 96 artículos en los que el Ejecutivo propone que el quehacer científico está obligado a contribuir “al fortalecimiento de la soberanía nacional” y por consiguiente reducir “las desigualdades sociales”.

• Antonio Lazcano, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que más allá del cambio de nombre, lo que preocupa a la comunidad científica son los cambios al interior del organismo, situación que -de aprobarse- relegaría la participación de universidades y centros de investigación privados, dotando de mayor poder al Consejo Nacional de Ciencia.

• “A la doctora Álvarez-Bullya le asusta todo lo que diga ‘privado’ por eso no están las universidades privadas, no está la iniciativa privada e insiste en que los derechos de la propiedad intelectual estén representados por el gobierno.

• “La investigación no puede ser controlada por el Estado y la investigación tiene que ser participativa y ella (Álvarez-Bullya) lo que está haciendo es abatir la participación de la comunidad en la toma de decisiones”, explicó el catedrático en entrevista con el diario El País.