Jueces sin rostro: la propuesta más peligrosa de la Reforma Judicial

Cerca de la medianoche, en las últimas horas del lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Reforma Judicial.

Los diputados de Morena y de sus partidos satélite han incorporado a la discusión la polémica figura de “jueces sin rostro”, un supuesto esquema de blindaje para los juzgadores de casos relevantes de seguridad nacional. De acuerdo a deliberaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este modelo es violatorio de los derechos humanos e impide condiciones para el desarrollo de un juicio justo. “Más que ocurrencia, es arbitrariedad”, señaló al respecto Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La propuesta de “jueces sin rostro” abona a la crítica de que la Reforma Judicial constituye un mecanismo de captura política de parte de la coalición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ximena Medellín, analista constitucional, argumenta que este modelo “erosiona el debido proceso” y se conjuga con reformas de corte punitivo y militarista que serán aprobadas por la nueva mayoría calificada del oficialismo: la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y el aumento del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.

El modelo de “jueces sin rostro” se agregó al dictamen de la Reforma Judicial como reacción a una declaración que hizo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera sobre la necesidad de proteger a los juzgadores del crimen organizado. Ricardo Monreal, quien se perfila para ser el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, fue el operador de esta incorporación.

Morena ha recurrido al argumento de que la Reforma Judicial se justifica por la supuesta discrecionalidad de los tribunales para liberar a criminales por fallas procesales. Paradójicamente, el esquema de “jueces sin rostro” inhibe la rendición de cuentas, de acuerdo a expertos que citan la experiencia de la represión judicial en la dictadura fujimorista en Perú. José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, refiere que la propuesta es contraria al Artículo 8.1 de la Convención Americana, ya que así lo sostuvo la Corte Interamericana en el caso J. Vs Perú del 27 de noviembre de 2013.

La concentración de poder que supone la Reforma Judicial ha generado preocupación en círculos progresistas de la academia. Daniel Torres Checa, abogado de derecho constitucional y de derechos humanos, sostiene que el paquete de modificaciones constitucionales viola tres estándares internacionales: “la remoción de jueces viola estabilidad en el cargo (Quintana vs Ecuador), los “jueces sin rostro” violan el derecho de juez natural (Caso J vs Perú) y paras la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional viola la excepcionalidad militar (Alvarado vs México). El Centro Prodh, una organización de derechos humanos, coincide con este punto de vista: “El dictamen aprobado en comisiones sobre la Reforma Judicial contraviene las obligaciones internacionales de México sobre derechos humanos. Genera un esquema de jueces sin independencia y sin rostro”.

Reforma Judicial: un cambio radical

La Reforma Judicial representa la modificación más ambiciosa del sistema de impartición de justicia en una generación. No sólo plantea la sustitución completa de los jueces, magistrados y ministros federales o la elección por voto popular de estas plazas, sino que los trabajadores del Poder Judicial acusan que destruye el concepto del servicio civil de carrera.

La iniciativa será votada en septiembre por el Pleno de la Cámara de Diputados y deberá ser ratificada por el Senado y por 17 congresos estatales. Manuel Velasco, senador del Partido Verde, el principal partido beneficiado por la sobrerrepresentación electoral, declaró el lunes que el oficialismo tiene asegurados los votos de la mayoría calificada en la cámara alta. Aunque aún deben discutirse 330 reservas del dictamen aprobado, se espera ampliamente que Morena y sus aliados voten por desechar las peticiones de la oposición.

Ana Laura Magaloni, una abogada constitucional que apoyó abiertamente la candidatura de Claudia Sheinbaum, advirtió que la Reforma Judicial ha elevado los costos y los riesgos procesales para todas las empresas e instituciones financieras del país. La incertidumbre se ha vuelto patente en pronunciamientos de preocupación de parte de bancos de inversión, organización de representación empresarial en México y en Estados Unidos, así como de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en México.

“Estos días en México se sienten como si fuésemos montados en un tren que avanza a toda velocidad contra un muro”, sentenció Magaloni en un artículo publicado para el periódico Reforma.