Jueces bajo amenaza

Peligrosa, muy peligrosa para el equilibrio institucional de México es la postura asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el juez que otorgó el Amparo con el que se frenó la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

Al inquilino de Palacio Nacional no le gustó el fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro que declara inconstitucional la nueva legislación, otorgándole la suspensión provisional a todas las empresas presumiblemente afectadas.

Pero como si desconociera o decidiera ignorar la separación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el presidente López Obrador acusó que los juzgadores de este país están al servicio de particulares.

“Sería el colmo, que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares… Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la Reforma Energética, para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”.

La arremetida presidencial es, una vez más, una posición muy personal, muy distante de la realidad y, sobre todo, de muy elevado riesgo para el indispensable Estado de Derecho.

¿Tiene el mandatario alguna prueba que confirme la presunta complicidad o la presumida corrupción del juez que otorgó ese Amparo? Si la tiene, está obligado no solo a exhibirla, sino a denunciar formalmente al juez.

Si no la tiene, no deja de ser otra embestida presidencial como las que suele fabricar cada vez que la realidad descalifica su muy particular punto de vista que, en este caso, no es compartido por el aparato jurídico de la Nación.

Para muestra, ahí está la respuesta que le dio de inmediato la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

Los impartidores de justicia en México le recordaron al presidente López Obrador que su único compromiso es con la Constitución y la independencia, para garantizar un efectivo Estado de Derecho.

Si la nueva Ley de la Industria Eléctrica reinstala a la CFE como un monopolio en la generación y distribución de energías, no se tiene que ser un jurista para entender que va contra nuestra Constitución, que impide el control de cualquier mercado -en este caso el energético- por un solo jugador.

Con su agresiva y descalificadora posición, el presidente López Obrador le está asestando un severo golpe al Estado de Derecho. Y las consecuencias negativas son incalculables para el clima de inversión, tanto para los nacionales como para los extranjeros. Simplemente, no existen garantías.

Que un presidente se indigne porque jueces o magistrados no se pliegan a sus designios, es una aberración que en los tiempos modernos solo se le reconoce a Donald Trump, el presidente norteamericano que por insolente, altanero y caprichoso no pudo lograr su reelección.

Pero, sobre todo, la reacción del presidente López Obrador instala la sombra de un amenazante totalitarismo en un gobierno que de por sí ya controla los poderes Ejecutivo y Legislativo -con la mayoría de Morena en el Congreso y en el Senado- y ahora, acecha con amenazas al Poder Judicial, si no se le subordina.

Ya es bastante cuestionable que el presidente López Obrador cite a la “mañanera” al fiscal independiente Alejandro Gertz Manero, o que se le exijan cuentas al auditor superior de la Federación, David Colmenares, e incluso, se presuma su influencia directa en algunas posiciones de la Suprema Corte.

Por supuesto que el Poder Judicial, en nuestro país, adolece de enormes fallas y presume serias lagunas que dan pie a una abierta corrupción. Pero por más cuestionable que se le vea, no deja de ser un poder que exige de autonomía para equilibrar cualquier posible abuso del Ejecutivo o del Legislativo.

Iniciar una campaña desde Palacio Nacional para hostigar a jueces y magistrados, que no se plieguen al script presidencial, es el peor de los augurios para un gobierno al que ya no le cabe un cuestionamiento más.