Ildefonso y Pedro Joaquín

Al menos dos integrantes del Consejo de Adminsitración de Pemex durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto salieron a dar la cara frente al cuestionado caso de la compra de Agro Nitrogenados.

Ildefonso Guajardo y Pedro Joaquín Coldwell le notificaron al fiscal Alejandro Gertz Manero su disposición para aclarar su participación en el hecho que tiene hoy detenido en España al empresario Alonso Ancira y como prófugo con ficha roja de la Interpol al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Los que fueran secretarios de Economía y de Energía están convencidos de que, como consejeros de Pemex, a ellos solo se les notificó “para su conocimiento” la cuestionada compra, pero ellos no fueron quienes la autorizaron.

Y muestra la cara con la seguridad de que la operación fue operada desde Pemex Internacional, cuyo consejo fue el que autorizó esa adquisición chatarra con sobre precio y solo notificaron para su conocimiento al Consejo de Administración de Pemex.

De hecho si se revisala carpeta de la sesión del Consejo de Administración en la que se conoce de esa compra, esta dividida en dos partes.

Una con asuntos para autorización y la otra solo de asuntos para conocimiento. Y es en la última donde se presentó lo de Agronitrogenados.

En la página 126 se advierte que “el Consejo de Administración toma conocimiento del informe sobre la Inversión de una planta de Fertilizantes, en los términos presentados”.

De hecho en la minuta de la junta que tomó conocimiento de la compra, entre las páginas 16 y 21, Lozoya Austin explica a los consejeros el cómo y por qué fue PMI –y no ellos- la instancia que tomó la decisión.

Y en la página 21 de la minuta que el Consejo de Administración “toma conocimiento del Informe sobre la Inversión en una planta de Fertilizantes, en los términos presentados”.

Cuando se dice en los términos presentados, lo que se exhibe es que les presentaron números que justificaban por qué la compra era un excelente negocio con el valor asignado y firmado como correcto.

Y aquí estará el debate. En la interpretación del Artículo 214 del Código Penal en el que se define quién comete el delito de ejercicio indebido de servicio público.

Lo comete, dice el artículo 214 en su fracción tercera, el servidor público que “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puede resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada…”

El punto del conflicto será que con la información que desde Pemex Internacional les entregaron solo “para su conocimiento” –no para su aprobación- a los consejeros de Pemex, los públicos y los privados, nadie levantó la mano para desconocer la operación.

La compra ya venía cocinada desde Pemex Internacional, con la aprobación de los consejeros de esta filial. A los consejeros de la empresa paraestatal, Pemex, solo se las pasaron, con información sin duda manipulada, para que pasara el conocimiento, no para que aprobaran.

Por eso insistimos que la fiscalía debe de destapar la cloaca de Pemex Internacional. Ahí está la maquinación fraudulenta desde donde se pactó la operación para comprar la chatarra a precios de oro.