Iberdrola se va, Bartlett se queda

Esta es la fotografía que selló uno de los negocios más opacos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la compra a Iberdrola de 13 plantas de generación eléctrica por 6,200 millones de dólares. En la imagen, el entonces presidente de México aparece escoltado por Ignacio Sánchez Galán, director general de la empresa eléctrica española; por Rogelio Ramírez de Ia O, secretario de Hacienda en ese momento; y por Manuel Bartlett, quien era el director general de la Comisión Federal de Electricidad. En esa oficina de Palacio Nacional, los cuatro capos del sector eléctrico mexicano dieron la estocada final al modelo de liberalización energética de México. Con la compra a Iberdrola, la CFE de Bartlett asumió una posición preponderante en la industria eléctrica del país.

El ex presidente López Obrador bautizó la operación como “la segunda nacionalización de la industria eléctrica”. Fue una abierta mentira. En el contexto de una profunda crisis de confiabilidad del sistema energético, patente en los apagones de todo el país, el gobierno de México decidió gastar 6,200 millones de dólares en un negocio que no agregó un solo kilowatt a su capacidad de generación. En realidad, se trató de un traspaso entre privados con fondos y operación del sector público. ¿Qué podría salir mal?

Un ex funcionario que actualmente funge como alto ejecutivo de un fondo de infraestructura privado aseguró a Código Magenta que la gran tajada del negocio se la llevó Iberdrola. La empresa eléctrica española obtuvo una prima del 55 por ciento por las trece plantas que había intentado vender meses atrás. En promedio, los activos de los que se deshizo Iberdrola tenían 15 años de antigüedad. A pesar de que el retorno económico ya estaba amortizado, el gobierno autorizó la compra con recursos de la banca de desarrollo por 710 dólares el kilowatt, una cifra que “regaló” una tasa interna de retorno del 30 por ciento a Iberdrola. Fue el negocio del sexenio. En España, los mercados aplaudieron la operación con una plusvalía de más de mil millones de euros al valor de capitalización de mercado de Iberdrola.

Los 6,200 millones de dólares fueron el precio que Bartlett y la 4T pagaron para sacar del mapa a una empresa con la que el gobierno de López Obrador estuvo en conflicto permanente durante casi todo el sexenio. De acuerdo a reportes de prensa, en un punto, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad planteó al presidente la posibilidad de expropiar los activos de Iberdrola. En junio de 2022, la Comisión Reguladora de Energía impuso una multa de 500 millones de dólares a la subsidiaria Iberdrola Energía Monterrey por una presunta violación a la regulación del modelo de autoabasto. Desde entonces, los españoles estaban buscando la salida.

Sin embargo, Rogelio Ramírez de la O intervino. El secretario de Hacienda propuso una solución “de mercado” a través de Mexico Infrastructure Partners. Este fondo de capital privado se llevó la comisión de estructuración de alrededor de 10 millones de dólares por la venta de las plantas eléctricas de Iberdrola. Uno de los socios de MIP, Carlos Robles Gil, tiene una relación cercana con Ramírez de la O y con figuras de influencia dentro de la 4T. El director del fondo, Mario Gabriel Budebo, fue subsecretario de Hidrocarburos en el gobierno panista de Felipe Calderón. Ni siquiera “los neoliberales” se atrevieron a tanto. La autopsia completa de la operación está en la sección de riesgos del prospecto de colocación de la Fibra E de Mexico Infrastructure Partners en la Bolsa Mexicana de Valores. La colocación de los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura se concretaron apenas el pasado 23 de junio.

La falta de lógica económica en la operación sólo puede explicarse de una manera: el gobierno lopezobradorista sacó a Iberdrola a ‘billetazos’. La CFE de Bartlett se quedó con la participación de mercado. Iberdrola, con el dinero.

Ahora, tres años después, la empresa española ha filtrado la noticia que tiene planes para salir completamente de México. El periódico El Confidencial citó fuentes ejecutivas de alto nivel para adelantar que Iberdrola contrató al banco Barclays para vender el 45 por ciento de los activos que le restaban en el país: 15 plantas de energía renovable valuadas en 4,700 millones de dólares.

Estamos frente a la primer muerte empresarial de la Reforma Judicial. A través del periódico El Confidencial, Iberdrola argumenta que la razón por la cual está abandonando México es porque no existe “seguridad jurídica que garantiza la rentabilidad de sus inversiones”. Esto es una señal grave para un país al borde de una crisis fiscal, con un déficit de 7 puntos del Producto Interno Bruto, y que lleva siete años registrando una tasa de crecimiento económico anual promedio cercana a cero.

La potencial salida de Iberdrola coincide con un escenario en el que Morena asumirá el control vertical del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido una cruzada para extraer miles de millones de pesos mediante litigios fiscales contra empresas etiquetadas como “grandes contribuyentes”. El caso contra Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, se ha interpretado en la iniciativa privada como la batalla que va a marcar la temperatura real del clima de negocios en México.

Iberdrola entiende que México atraviesa por un cambio de régimen, en el sentido jurídico del término. El Confidencial lo pone de esta manera: “Sheinbaum ha apostado por el desarrollo de las renovables, con un plan de inversiones de más de 13 mil millones. Pero su línea populista es incluso más dura que la de Andrés Manuel López Obrador”. Un país sin tribunales independientes no puede ser terreno fértil para el desarrollo económico. No es casualidad que la Reforma Judicial haya sido una respuesta de la 4T a la decisión de la Suprema Corte a declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Eléctrica.

David Mesonero, yerno de Ignacio Sánchez Galán y director de desarrollo corporativo de Iberdrola, fue el artífice de la operación de venta de las trece plantas en México de 2023. Mesonero fue electo consejero de Iberdrola México en junio del año pasado. Fue este ejecutivo quien se encargó de dar un giro de 180 grados a los planes de la compañía española: apenas en octubre de 2024, en el segundo mes de la administración de Claudia Sheinbaum, Iberdrola había anunciado inversiones por mil millones de dólares en los dos primeros años del nuevo gobierno. Katya Somohano, directora de Iberdrola en México, le dijo entonces a Bloomberg que la compañía veía como algo positivo los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de generar certidumbre para la inversión. El Plan 2030 de la empresa eléctrica española delineó la ruta para desplegar 2,900 millones de dólares en 17 nuevas plantas de energía renovable con capacidad de casi 3 mil megavatios. En menos de un año, este prospecto de inversión desapareció por completo. Somohano, ex directora de la subsidiaria de CFE Calificados, es alguien que entiende perfectamente la coyuntura de la industria eléctrica en México.

En la misma semana que Iberdrola telegrafió su salida de México, la compañía española levantó 5,900 millones de dólares en el mercado de capitales. Se trató de la venta de acciones más importante del mercado europeo en lo que va del año. Iberdrola se va de México, pero anuncia planes para redoblar su inversión en la expansión de redes eléctricas en Estados Unidos y en Reino Unido.

En enero de este año, Sánchez Galán declaró que la explosión de centros de datos para procesar cómputos de modelos de inteligencia artificial representa “el mejor momento para el negocio de la electrificación”. Seis años atrás, en los inicios del gobierno de López Obrador, el director de Iberdrola había dicho que la empresa invertiría 5 mil millones de dólares en el sexenio del presidente mexicano. Los planes no se concretaron. México dejó de ser prioridad.

El caso Iberdrola exhibe que el país está fuera de sintonía con los negocios del siglo XXI. En cambio, la 4T ha optado por un modelo económico que privilegia el estatismo, la corrupción al amparo del poder y los monopolios públicos. La hoja de ruta que Manuel Bartlett diseñó para la CFE se ha convertido en el camino a seguir incluso para el gobierno de Claudia Sheinbaum. El ex director de la CFE sigue controlando la estructura de la paraestatal, situación evidente en el esquema del “huachi-diésel”, un modelo de negocio paralelo de la subsidiaria privada de CFE para comprar combustible de dudosa procedencia a través de contratistas de turbinas móviles para la generación eléctrica de emergencia.

En la conferencia mañanera del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la salida de Iberdrola y sugirió que la decisión obedece a que la empresa no se ha adaptado a la prohibición del modelo de autoabasto. La mandataria omitió que el gobierno de López Obrador les regaló un gran negocio a los españoles. Mientras tanto, en México, Sheinbaum se quedó con el modelo Bartlett.