Hugo López-Gatell no es el único culpable

Hugo López-Gatell no es el único responsable de que, con más de 35 mil muertes, México sea el cuarto país con el mayor número de fallecimientos por Covid-19.

El subsecretario de Salud ha sido ampliamente criticado en la prensa nacional e internacional en relación a la efectividad del modelo centinela como instrumento de vigilancia epidemiológica, a la baja cantidad de pruebas relativo al estándar internacional, a un mensaje ambiguo sobre el uso de cubrebocas y a la arbitrariedad de los indicadores que alimentaban el semáforo epidemiológico de los estados.

Sin embargo, su responsabilidad es limitada considerando el papel de las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de política económica. La ausencia de un programa que permitiera garantizar un ingreso mínimo vital al 60 por ciento de la población económicamente activa que labora en la informalidad evitó que se implementara una cuarentena adecuada para mitigar la propagación del SARS CoV-2.

La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en que la única manera de reducir la tasa de reproducción del virus que causa el Covid-19 es mediante una cuarentena que reduzca significativamente el número de contactos al que está expuesto usualmente la población.

La experiencia de la política pública de los países que han neutralizado exitosamente la pandemia, como Nueva Zelanda o Corea del Sur, pone de relieve que ello implica el cierre temporal de actividades no esenciales.

En América Latina, y particularmente en México, que cuenta con altos niveles de pobreza en zonas urbanas de alta densidad en la que prevalece la economía informal, el consenso de economistas coincide en que es necesario contemplar una política que sustituya el ingreso perdido por la cuarentena.

El perfil de quienes componen la mayoría de los fallecimientos por Covid-19 en México subrayan el fracaso de la autoridades de política económica para incentivar a la población a quedarse en casa: el 71 por ciento de las personas que han muerto a causa del virus SARS CoV-2 contaban apenas con un nivel de escolaridad básica.

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de medidas abocas a atender las necesidades básicas de 22 millones de mexicanos en el contexto de la recesión derivada de la pandemia, el país ha destinado apenas una fracción de lo que otros países miembro de la OCDE han gastado como respuesta al Covid-19.

De acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, la política de estímulo fiscal del gobierno representa apenas 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). La cifra palidece frente al programa de estímulo de Alemania, equivalente al 33 por ciento del PIB. La respuesta mexicana incluso es sustancialmente menor que la de otros países emergentes como India (10 por ciento del PIB) o Brasil (5.5 por ciento del PIB).

En última instancia, se trata de una decisión política del gobierno federal por mantener el status quo macroeconómico. Un programa efectivo de sustitución del ingreso implicaría la contratación de deuda pública y la ampliación del déficit fiscal entre 5 y 10 puntos del PIB, de acuerdo a diversas estimaciones, incluida la del Consejo Consultivo Ciudadano, un think tank que preside el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski.

Dado que México es una economía emergente cuya deuda paga una prima de riesgo sustancial a la de los bonos de países desarrollados (alrededor de 700 puntos base en relación a los bonos del Tesoro), una ampliación del déficit tendría que ser precedida en los años subsecuentes por políticas de estabilización que privilegien un aumento en la recaudación fiscal.

El aumento de impuestos estaría enfocado preponderantemente en los deciles más ricos (9 y 10) del país, que, según datos de la Secretaría de Hacienda, componen la mayoría de la aportación fiscal del país.

Podría argumentarse que la reacción del Estado mexicano al Covid-19 antepuso los intereses macroeconómicos de los deciles más ricos de la población a una política fiscal para asegurar una cuarentena eficiente que mitigara los efectos de un virtues que afecta en mayor medida a los segmentos socioeconómicamente más vulnerables de la población.

La crisis sanitaria mexicana ha puesto de relieve el eterno problema de debilidad fiscal del Estado mexicano, que recauda anualmente alrededor de 16 puntos del PIB, la mitad de la recaudación promedio de los países miembro de la OCDE.

Recientemente, el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo en una entrevista para el diario El País que el mayor reto estructural de la economía mexicana reside precisamente en los bajos niveles de recaudación tributaria. El fenómeno ha exacerbado las consecuencias fatales de la pandemia del Covid-19.

El desgaste de la imagen de Hugo López-Gatell se ha vuelto evidente de manera progresiva. “El riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno, el riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes”, dijo el subsecretario de Salud, en un tono de desesperación y enojo, en la conferencia de prensa del domingo 12 de julio.

No obstante, el subsecretario de Salud no es el único culpable. La pandemia no habría llegado a los extremos de registrar más de 35 mil muertes si el gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador hubiera convenido al presidente de la importancia de establecer un ingreso mínimo vital.

La propuesta fue planteada por la oposición y recibió el beneplácito de Ricardo Monreal, coordinador de mayoría en la cámara alta. Sin embargo, la idea no trascendió.