Huachi-diésel 4: Negocio electoral

“El Rey del Huachicol”, “El Señor de los Buques” y “El Señor de los Trenes”. Estos son algunos de los nombres que funcionan como fachada para la industria multimillonaria del “huachicol fiscal”, una operación de contrabando de combustible que, al mismo tiempo, financia campañas políticas de Morena y aporta recursos para los brazos paramilitares de los cárteles. Sin embargo, los verdaderos arquitectos de la red criminal más grande en la historia reciente del país no son personajes como Sergio Carmona o Roberto Blanco Cantú. Los responsables despachan desde el poder político y militar. La complicidad se encuentra en las altas esferas de los gobierno de la Cuarta Transformación.

El caso del huachi-diésel exhibe cómo la Comisión Federal de Electricidad, una empresa paraestatal del Estado mexicano, se ha convertido en el último eslabón de la cadena de este entramado criminal. ¿Dónde está el cuerpo del delito? ¿Dónde están colocados los millones de litros de huachi-diésel que ingresan ilegalmente a México por buques, ferrocarriles y pipas sin rotular? La respuesta está en las unidades generadoras de la CFE. No estamos frente a un simple negocio más en la larga historia de corrupción del sistema político en México.

El huachi-diésel tiene una intención política. Una fuente de alto nivel en contacto permanente con agencias de inteligencia norteamericanas aseguró a Código Magenta que Washington está prestando atención. El gobierno de Estados Unidos identificó que existe una conexión entre la operación para vender huachi-diésel y un plan para financiar ilegalmente diez campañas de Morena a la gubernatura. De acuerdo a una persona con conocimiento del asunto, esta sería la razón por la cual Manuel Bartlett pidió quedarse tres años más como director general de la CFE: para seguir alimentando al monstruo del huachi-diésel. La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a ratificar a Bartlett, pero designó en su lugar a Emilia Calleja, una funcionaria que operó las políticas de su antecesor en niveles intermedios y cuya falta de experiencia ejecutiva es cuestionada por empresarios del sector eléctrico. Actualmente, los burócratas que heredaron el control de CFE mantienen sin cambios las medidas que han permitido el crecimiento exponencial del huachi-diésel. Existe una razón de fondo.

En 2021, 2022 y 2024, el dinero del huachicol fiscal fue fundamental para la movilización electoral de Morena. Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco asesinado en San Pedro Garza García y quien era conocido como “El Rey del Huachicol”, destinó 500 millones de pesos a campañas del oficialismo en la costa del Pacífico. Morena arrasó en todo el país.

En contraste, durante la Elección Judicial, faltaron esos recursos. Debido a la fuerte presión del gobierno de Donald Trump y del entorno de Claudia Sheinbaum, el crimen organizado se abstuvo de operar abiertamente los comicios. Como resultado, sólo el 9 por ciento del electorado emitió votos válidos. Un operador de Morena aseguró a este medio que la pobre movilización del 1 de junio provocó nerviosismo entre los líderes de la 4T, notoriamente en Adán Augusto López, el coordinador de mayoría en el Senado. ¿A qué se debe la inquietud? Aunado a las derrotas del partido dirigido por Luisa María Alcalde y por Andrés Manuel López Beltrán, en Durango y en Veracruz, la Elección Judicial desnudó cuál es el verdadero alcance del voto duro de Morena. La capacidad de movilización del oficialismo no supera los 10 millones de votos, menos de una tercera parte de los votos que llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional en los comicios de 2024.

Por eso, el huachicol fiscal es fundamental para la hegemonía del ala de Morena que responde a los intereses del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. La información que se maneja en círculos de inteligencia extranjeros es que Bartlett habría entendido esto como una oportunidad para plantearle el esquema del huachi-diésel a López Obrador.

Durante seis años, el equipo íntimo de Manuel Bartlett en la Comisión Federal y en su subsidiaria privada, CFEnergía SA de CV, han tomado decisiones estratégicas para desplazar el uso de gas natural con la finalidad de privilegiar la quema de diésel para generar energía eléctrica. La CFE de Bartlett denunció los “contratos leoninos” de la construcción de gasoductos, demandó al principal proveedor de gas natural de la paraestatal en una corte federal de Texas y retrasó de manera deliberada el desarrollo de los gasoductos necesarios para que funcionen cuatro nuevas plantas de ciclo combinado que son esenciales para la seguridad energética de México. Estas tres políticas han abierto la puerta de la CFE a la entrada de huachi-diésel.

Ante la emergencia de apagones inminentes en la Península de Yucatán y la Península de Baja California, el gobierno erogó más de 2,500 millones de dólares para construir centrales eléctricas que funcionan con gas natural. Todos los contratos habrían sido apadrinados por Bartlett y por su pareja, Julia Abdalá. Hoy, las plantas están detenidas porque no se licitó a tiempo la construcción de los gasoductos Mayakán y Centauro del Norte. El primer proyecto, a cargo de la firma francesa Engie, debería alimentar las plantas Mérida IV y Valladolid IV. El gasoducto está parado porque se encontraron ruinas mayas en la trayectoria de la infraestructura. El segundo proyecto, a cargo de la empresa Carso de Carlos Slim, tiene como objeto proveer gas a las centrales González Ortega-Mexicali y San Luis Río Colorado en Sonora. Este gasoducto también está bloqueado por un conflicto por el derecho de paso de una reserva indígena en Estados Unidos. Esto implica que, por lo menos hasta el 2028, la CFE deberá contratar turbinas móviles alimentadas con huachi-diésel para mantener a flote el sistema eléctrico nacional.  De lo contrario, habrá apagones en todo México.

¿Son errores de improvisación o fallas deliberadas? Recientemente la CFE de Emilia Calleja tomó una decisión que revela la intención de colocar el huachi-diésel a como dé lugar. La planta Mérida III, una estructura vieja que puede funcionar con gas o con diésel, trabaja con gas asociado que es enviado desde una planta de Pemex en Tabasco que se caracteriza por falta de mantenimiento. El gas asociado es de baja calidad y en la industria es considerado como un “hidrocarburo sucio”. La CFE de Calleja decidió que este gas asociado fuera transferido a la planta recién construida, Mérida IV, y que la central Mérida III funcione con diésel. Esta política está teniendo consecuencias catastróficas para la nueva central de ciclo combinado, un proyecto que le costó 454 millones de dólares al gobierno mexicano y que fue financiado con recursos del Fondo Monetario Internacional. Están destruyendo infraestructura crítica para la seguridad energética.

La explosión registrada el 30 de mayo de 2025 en una planta de carbón de la CFE en Nava, Coahuila es una advertencia de lo que podría suceder en todo el país. La central termoeléctrica colapsó por lo que medios locales reportaron como “uso excesivo e irregular de diésel”. Los trabajadores de la paraestatal responsabilizaron directamente al ingeniero José Robles, gerente de la División Norte de la CFE, ubicada en Monterrey.  Sin embargo, la responsabilidad escala más arriba. Un funcionario del aparato de seguridad del gobierno federal señaló que parte del huachi-diésel decomisado en Altamira, Tamaulipas al buque Challenge Procyon, y que sería distribuido por la empresa Mefra Fletes de Roberto Blanco Cantú, tenía como uno de sus destinos la planta de la CFE en Nava, Coahuila. Después del incidente, la Comisión Federal canceló el contrato de suministro de diésel.

No es un fenómeno aislado. En la siguiente entrega de esta serie, Código Magenta revelará los detalles de los contratos que hacen posible la colocación de diésel en la CFE, su relación con los decomisos realizados por el gobierno federal en Tabasco y quiénes son los operadores que siguen gestionando el negocio del huachi-diésel dentro de la Comisión Federal de Emilia Calleja.

Por ahora, lo cierto, es que esta estructura criminal ha llamado la atención de Estados Unidos y del resto del mundo. La semana pasada, The Financial Times publicó un amplio reportaje visual, con imágenes satelitales de la descarga ilegal de hidrocarburos en los puertos de Tamaulipas y Baja California, sobre la industria del huachicol en México. La investigación hizo referencia a la publicación original de Código Magenta sobre los buques que llegaban a Altamira y a Tampico. The Financial Times estima que el alcance de esta industria es de 290 mil barriles diarios de combustible, con ingresos de 21 mil millones de dólares al año. Es decir, más de dos terceras partes de los ingresos que registró la CFE en 2024. ¿Cuál es la pieza que faltaba en el rompecabezas? El huachi-diésel termina en las unidades generadoras de la CFE. Es un negocio político-electoral. La complicidad llega hasta lo más alto del sistema.