Huachi-diésel 2: Construyen plantas, olvidan gasoductos

Una metáfora explica la trama del huachi-diésel y el cártel que ha operado dentro de la CFE por omisión o complicidad de Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett: Imaginen que un fabricante de automóviles invierte miles de millones de dólares para instalar una planta. El diseño toma en cuenta todas las fases de la manufactura, pero justo al final, antes de salir a vender, los ejecutivos de la compañía se han dado cuenta que están ensamblando vehículos que no tienen un tanque de gasolina. El absurdo total.

Esto es lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad para hacer frente a los inminentes apagones en la Península de Yucatán y en Baja California. La respuesta a la crisis energética fue invertir más de 2,500 millones de dólares en centrales de ciclo combinado que generaran un excedente de energía. Las plantas ya están terminadas. Sin embargo, no podrán funcionar por lo menos hasta el 2027. ¿Por qué? El equipo de Manuel Bartlett, el director de la CFE más poderoso en décadas, no ha podido o no ha querido gestionar la construcción oportuna de los gasoductos que estas centrales requieren. Sin gas no hay electricidad.

La crisis representa una oportunidad para los ‘brokers’ de diésel introducido ilegalmente a México. El huachicol fiscal ahora tiene una ruta de acceso al negocio de la CFE. El vehículo es la subsidiaria privada de la paraestatal, CFEnergía SA de CV. La compañía está fuera del escrutinio del Congreso, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción.

Bajo ese manto de opacidad, CFEnergía licitó un programa de emergencia para echar a andar las centrales de ciclo combinado a través de la contratación de turbinas portátiles de diésel. El 21 de marzo de 2025, la subsidiaria asignó un contrato de 2,642 millones de pesos a Mejicali Turbine Energy S de RL de CV. La empresa contratista fue constituida apenas en agosto de 2023 y tiene como representante legal a Jorge Alberto Bonilla Achach. Código Magenta tiene copia del contrato de prestación de servicios para la generación de energía. El documento estipula que CFEnergía pagará 1,447 millones de pesos por el concepto de “suministro de combustible” por un plazo de 157 días. Esta es apenas una fracción del negocio del huachi-diésel. A continuación, cinco elementos para entender la trama:

1. La crisis energética

¿Nadie en la CFE de Manuel Bartlett anticipó el riesgo de los apagones? ¿Tampoco lo vieron en el CENACE o en la CENAGAS de Abraham Alipi Mena, amigo de los hijos de López Obrador?

El caso de la Península de Yucatán es particularmente preocupante. El Plan de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional de 2024 a 2026 refiere que la región sólo tiene una capacidad de generación de energía de 1,837 megavatios. No obstante, la operación del Tren Maya y del Aeropuerto de Tulum, dos obras de infraestructura prioritarias del sexenio anterior, elevan la demanda energética de la península a 3,517 megavatios. El déficit es brutal. La situación sólo va a empeorar: el gobierno estima que cada año, el consumo de energía crece 10.2 por ciento en la región. Se trata de la tasa más alta del país.

2. La decisión de CFE: ¿Negligencia o negocio?

La Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE admite en su Plan de Confiabilidad del Sistema Eléctrico que “de no concretarse los proyectos propuestos, será necesario continuar con cortes de energía programados en el suministro a los clientes, aunado a la posibilidad de tener colapsos por pérdida de estabilidad en el sistema”. Estas son las plantas Mérida IV de 499 megavatios con una inversión de 454 millones de dólares y Valladolid IV de 1,020 megavatios con una inversión de 762 millones de dólares. Ambos proyectos son financiados con recursos del Fondo Monetario Internacional y fueron desarrollados por la empresa japonesa Mitsubishi Power.

Las centrales de ciclo combinado están inhabilitadas dado que CFEnergía no ha conseguido incrementar la capacidad del gasoducto Mayakán, un desarrollo a cargo de la empresa francesa Engie. En el apartado de acciones estratégicas de emergencia de la CFE para atender la demanda eléctrica del año 2024, la fecha de entrada en operación y la inversión necesaria de este proyecto aparecen como “información reservada”. El secreto está a cargo de CFEnergía, la subsidiaria privada que, al inicio del sexenio, pasado el ex presidente Andrés Manuel López Obrador quiso desparecer. Por alguna razón sobrevivió.

En el caso de Baja California, la central eléctrica de 691 millones de dólares de Mexicali y la planta de 656 millones de dólares de San Luis Río Colorado tendrían que haber entrado en operación este año, pero están detenidas porque no se ha habilitado el gasoducto Centauro del Norte. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador esperó hasta septiembre de 2024, un mes antes de terminar la administración, para asignar el proyecto de construcción del gasoducto a Grupo Carso, valuado en 240 millones de dólares. ¿Por qué esperaron tanto?

3. El contrato: los secretos de CFEnergía

La solución de Manuel Bartlett a la crisis energética de la Península de Yucatán implicó confiar ciegamente en una empresa sin experiencia. De acuerdo al contrato en poder de Código Magenta, CFEnergía acordó un pago de 457 millones de pesos a Mejicali Turbine Energy por servicios de instalación de turbinas de diésel, 32 millones por servicios de retiro, 4.4 millones de pesos diarios por 157 días de operación y 9.2 millones de pesos diarios por suministro de combustible.

El traslado y posicionamiento de la Unidad generadora en sitio de Mejicali Turbine Enegy estaba programada para el 9 de mayo de 2025. Asimismo, el servicio de puesta en marcha debió haber comenzado el 14 de mayo. Personas cercanas al caso aseguran a Código Magenta que la empresa de Jorge Alberto Bonilla no ha cumplido ninguno de los dos requisitos y deberá pagar una multa del 10 por ciento del valor del contrato.

No obstante, cualquier pérdida puede ser subsanada mediante el uso de diésel “huachicoleado” vendido a precio del mercado legal. El contrato de CFEnergía con Mejicali Turbine Energy estipula que el contratista tiene derecho a realizar las gestiones necesarias para conseguir el suministro de combustible de manera independiente. Los clientes, es decir, los ‘brokers’ del huachicol fiscal, ya estarían amarrados: el contrato señala que se debieron haber entregado los contratos que acrediten el suministro de combustible desde abril de este año.

4. El huachi-diésel: Mejicali Turbine, el intermediario

Las ganancias de este negocio ilegal están a la vista. En el caso de la central de ciclo combinado Valladolid IV, el costo de un año de generación de energía con diésel comprado en México es de 1,887 millones de dólares. En contraste, el costo sería de poco más de 200 millones de dólares si la CFE tuviera acceso a gas natural en la planta. Para la planta de Mérida, la comparación del costo de utilizar diésel contra gas natural es de 1,103 millones de dólares al año contra 118 millones de dólares anuales. Esta es la magnitud del crimen financiero contra el Estado mexicano.

El sistema eléctrico mexicano pende de un hilo, de plantas sin gas y turbinas de emergencia que no se han logrado instalar. El costo de oportunidad es de miles de millones de dólares. Esto abre la puerta a dos preguntas: ¿De quién es verdaderamente el negocio del huachi-diésel? ¿Qué hay detrás de Mejicali Turbine y de los ‘brokers’ oscuros en contacto con la empresa de Jorge Alberto Bonilla?