Gradualmente, México cambia su postura migratoria

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado gradualmente su discurso en materia de política migratoria. La presión del gobierno estadounidense, patente en la amenaza de implementar un arancel progresivo de hasta 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas, ha obligado al Presidente de México a tomar una posición más agresiva frente al creciente flujo de migrantes que llega, en mayor proporción, desde América Central.

“Nosotros tenemos que aplicar nuestras leyes y evitar la migración ilegal”, dijo López Obrador en su conferencia matutina a pregunta expresa de un periodista. Ésta es la primera vez que el Presidente asocia el término ilegal con el fenómeno migratorio. “Ese es un planteamiento; hacerlo respetando los derechos humanos”, agregó.

A pesar de que México ha rechazado públicamente la propuesta estadounidense de convertirse en un tercer país seguro que ofrezca asilo a migrantes refugiados, la política emblema del gobierno de López Obrador en este campo es el de las visas humanitarias.

El enfoque de la administración lopezobradorista, aquel que ha sido promovido con mayor fuerza desde la Secretaría de Gobernación, es el de México como un país de tránsito que debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, quienes sólo están de paso.

Sin embargo, esto podría cambiar. La política de visas humanitarias ha generado tensión con la administración de Donald Trump, que ha pedido la cancelación del programa, de acuerdo a altos funcionarios de la Casa Blanca citados por CNBC.

Además, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, comandada por Marcelo Ebrard, la que está sentada en las negociaciones en Washington con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El enfoque de la cancillería podría ser más pragmático que el de la Secretaría de Gobernación. Los recursos y el cabildeo que ha movilizado el gobierno y la iniciativa privada mexicana en Estados Unidos han generado una condena al unísono de la posibilidad de que se implementen aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas. Para las asociaciones empresariales y los senadores del Partido Republicano, el tema migratorio pasa a segundo plano.

En México, la pregunta para el gobierno de López Obrador es evidente: ¿hasta dónde está se está dispuesto a llegar con tal de evitar la aplicación de un impuesto a los exportadores nacionales? En un lado de la balanza está el tratamiento humanitario que debe garantizar el Estado a los migrantes; en otro lado está el de los 350 mil millones de dólares al año que el país obtiene por la venta de bienes y servicios a Estados Unidos.

Hay tres señales concretas que refieren un cambio en la política migratoria mexicana.

La primera es la volatilidad de la postura de México en relación a la petición de convertirse en tercer país seguro. Un alto oficial de la Casa Blanca dijo al diario The New York Times que ésta fue una demanda explícita realizada por Pence y Pompeo en la reunión que sostuvieron con Marcelo Ebrard. Esta persona agregó que el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone, discutió los detalles de esta política con Alejandro Celorio, el asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al salir de la primer reunión matutina del jueves con funcionarios estadounidenses, Marcelo Ebrard dijo que “ahora no entraría en detalles”, cuando fue cuestionado por un periodista sobre la posibilidad de convertir a México en un tercer país seguro.

La segunda señal yace en el uso de las Fuerzas Armadas para fines de control migratorio. La agencia Reuters reportó que miembros de la Marina, la Policía Militar, la Guardia Nacional y la Policía Federal acudieron a Metapa, Chiapas para detener una caravana migrante de alrededor de 300 personas. De acuerdo a personas cercanas al asunto, la operación fue inusual, diferente a la manera en que se habían conducido este tipo de redadas. Fueron arrestadas una docena de personas, según Reuters.

Este cambio de política coincide con lo que el gobierno había informado antes de que la delegación mexicana llegará a Estados Unidos, que el secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, sería parte de las negociaciones que dirige Marcelo Ebrard, lo que no sucedió.

El tercer elemento que apunta hacia un cambio de postura sobre la política migratoria incluye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera comunicó que se bloquearon las cuentas de 26 personas ligadas al tráfico de migrantes y organización de caravanas.

Las discusiones de alto nivel entre funcionarios del gobierno mexicano y de la administración de Donald Trump continuarán este jueves en la tarde.