Gobierno prepara reforma al Sistema Nacional Anticorrupción

¿Qué pasó?

• El gobierno federal, legisladores de Morena, empresarios, especialistas y representantes académicos discuten un paquete de reformas constitucionales y legales para rediseñar el Sistema Nacional Anticorrupción y el modelo de fiscalización del gasto público. Las conversaciones fueron publicadas en primera instancia por el diario El País.

• Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajan en modificaciones legales que deberán integrarse en una propuesta conjunta.

• El primer frente de la reforma sería el huachicol fiscal: la importación, distribución o comercialización irregular de combustibles mediante esquemas de contrabando, evasión tributaria, documentación falsa y participación de empresas fachada.

• El segundo objetivo serían las redes de facturación falsa utilizadas para simular operaciones, reducir ilegalmente obligaciones fiscales o desviar recursos públicos.

• Hasta el momento no se ha presentado una iniciativa formal ante el Congreso. Los promotores buscan colocar el paquete como prioridad del próximo periodo ordinario de sesiones, junto con la discusión del presupuesto y la política económica de 2027.

¿Por qué importa?

• El proyecto podría representar la mayor modificación institucional en materia anticorrupción desde la reforma constitucional de 2015 que creó el actual sistema.

• La propuesta contempla sustituir el modelo de coordinación distribuida por un mecanismo encabezado por el Estado y con una intervención determinante de la Presidencia. Esto abre un debate sobre el riesgo de concentrar políticamente la conducción de investigaciones y políticas anticorrupción.

• Enfocar la persecución en compradores, financiadores y beneficiarios del combustible ilegal ampliaría la responsabilidad más allá de transportistas y operadores de campo, pero su efectividad dependerá de investigar empresas y funcionarios sin criterios partidistas.

Los detalles:

• Los promotores plantean una legislación específica contra el robo y contrabando de hidrocarburos que permita perseguir no sólo a quienes suministran combustible ilegal, sino también a quienes lo adquieren.

• El diagnóstico identifica como posibles consumidores de combustibles ilícitos a estaciones de servicio, empresas transportistas, actividades mineras y contratistas de obras públicas.

• La propuesta contempla ampliar la extinción de dominio sobre bienes y recursos de personas físicas o jurídicas que financien o se beneficien de estas redes.

• En materia de facturación falsa, se analizan reformas fiscales y un mayor escrutinio sobre operaciones realizadas por sindicatos, universidades, organismos autónomos y gobiernos estatales y municipales.

• El paquete también considera fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción, crear una instancia más especializada en delitos de hidrocarburos, proteger a denunciantes, establecer sistemas públicos de alertas y realizar auditorías prácticamente simultáneas al ejercicio del gasto.

El contexto:

• El Sistema Nacional Anticorrupción nació con la reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015 y comenzó formalmente sus trabajos institucionales en 2017.

• El artículo 113 constitucional lo define como la instancia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales encargadas de prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.

• El diseño vigente incluye participación ciudadana: el Comité de Participación Ciudadana está integrado por cinco personas y su presidencia encabeza también el Comité Coordinador del sistema.

• Sheinbaum anunció paralelamente un decreto para restringir la reserva discrecional de información gubernamental, aunque mantendría excepciones por procesos judiciales y razones de seguridad nacional.