Gobierno de Samuel García enfrenta acusaciones de extorsión empresarial

¿Qué pasó?

• La disputa entre Matrimar y el gobierno de Nuevo León escaló tras la difusión de un audio fechado el 27 de noviembre de 2025, en el que se alude a un presunto “pago fuerte” para permitir que la pedrera en Cerralvo siguiera operando. La grabación fue difundida originalmente por el periódico El Norte.

• El audio se atribuye a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, conversando con un directivo de la empresa; en los fragmentos se menciona un presunto pago de hasta 50 millones de pesos. 

• Matrimar sostuvo públicamente que no cederá a “pagos millonarios en efectivo al margen de la ley” y denunció intentos de clausura en la madrugada, pese a haber obtenido la reapertura legal. 

• En un posicionamiento, Baltazar Martínez afirmó que no tiene injerencia en el Gobierno y que sólo actuó como intermediario para abrir un canal de comunicación entre la empresa y el Estado; en ese mensaje no abordó directamente el tema del dinero denunciado por Matrimar. 

• Diputados locales del PRI y PAN presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que se resguarde y perite el audio y se investiguen posibles delitos; entre sus solicitudes está la comparecencia de funcionarios mencionados en la grabación. 

¿Por qué importa?

• Porque coloca una acusación grave -extorsión desde el aparato público- en el centro de la relación gobierno-empresas en un estado clave para inversión, proveeduría y obra pública, y obliga a una investigación con peritajes verificables del audio. 

• Porque, si la presión económica se mezcla con inspecciones ambientales o fiscales, se erosiona la legitimidad de la regulación: la frontera entre “cumplimiento” y “cobro irregular” se vuelve el tema central del conflicto. 

• Porque el caso ocurre en medio de un choque más amplio por el “impuesto verde” y reclamos de opacidad sobre su uso, lo que amplifica el costo político y reputacional para el gobierno estatal. 

Detalles no mencionados del caso:

• En los fragmentos se menciona que, “según” el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, se requería un “pago fuerte” y se plantea incluso cubrirlo en parcialidades. 

• Matrimar afirma que, además de la reapertura legal, cuenta con auditorías ambientales federales y estatales sin observaciones, y niega señalamientos sobre pozos clandestinos o tomas ilegales de agua. 

• En la denuncia pública que recoge La Jornada, la empresa acusó una “visita atípica” de autoridades estatales a la 1:00 a.m. para clausurar instalaciones, y vinculó ese intento a un supuesto rechazo previo a un “nuevo intento de extorsión”. 

• Los denunciantes pidieron medidas específicas: resguardo y peritaje inmediato del audio, protección a denunciantes  o testigos y comparecencias de personas mencionadas en la grabación, como parte de una investigación penal. 

El contexto:

• El conflicto parte de un historial de inspecciones y clausuras. La empresa y el gobierno han chocado por la operación de la pedrera y sus efectos ambientales, con litigios y suspensiones judiciales de por medio. 

• La  pedrera fue clausurada en marzo de 2025 por “emisiones contaminantes” y que, en febrero de 2026, Matrimar buscó reanudar operaciones tras una batalla judicial. 

• El caso se inserta en la discusión sobre la Sierra de Picachos como área natural protegida y en señalamientos de ambientalistas sobre afectaciones, un trasfondo que vuelve políticamente explosiva cualquier clausura o reapertura. 

• En el ámbito político-legislativo, existen antecedentes de exhortos sobre Matrimar: en el Diario de los Debates se registró una proposición para exhortar al gobierno estatal a restringir la explotación de agua de la empresa por presuntas afectaciones (Laguna de La Venadera,  Sierra de Picachos), lo que ilustra que el caso lleva tiempo en la agenda pública.