Gertz, el PAN y el 2024

Alejandro Gertz Manero se sintió humillado y ofendido con el fallo de la Suprema Corte.

No es fácil superar un marcador de 11 votos en contra y cero a favor, en un caso litigado como particular, utilizando los recursos y el poder que le confiere su posición como Fiscal General de la Nación.

Por eso sorprendió que, a pesar de la condena unánime no solo de los once ministros, sino de la opinión pública en general, el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en defender y calificar como confiable a Alejandro Gertz Manero.

Bastaría que el inquilino de Palacio Nacional le preguntara a los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, al mismo presidente de la Suprema Corte y al director del Centro Nacional de Inteligencia, por qué suspendieron las reuniones de coordinación que sostenían desde que arrancó el sexenio y a las que asistía también el Fiscal General de la República.

Sin duda, le responderían que se cansaron de escuchar en todas las reuniones las exigencias del Fiscal para ventilar sus asuntos personales.

Gertz Manero buscaba que todos los asistentes lo apoyaran para inclinar la balanza a su favor en el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes pretendió vincular con la muerte de su hermano Federico.

Pero quizás lo que deba preocuparle más al presidente López Obrador es la presunción de lo que podría ser un contragolpe del Fiscal General de la República.

Y eso incluiría la posible filtración de una media docena de expedientes relacionados con integrantes del gabinete, todos  ya documentados, incluidos familiares directos del mandatario.

Quizá por eso nadie en el Poder Ejecutivo, ni en el Senado se atreven a opinar o condenar a Gertz Manero, a pesar de haberse confirmado el abuso de poder y la manipulación de la justicia.

Sin embargo, lo que más tendría que encender los focos rojos en la casa presidencial es el acercamiento que el Fiscal General de la República comienza a reactivar con algunos prominentes panistas.

La intención de esos acercamientos con figuras albiazules es, no solo granjearse el favor de ese partido, sino incluso contribuir a que tengan las municiones políticas suficientes para disputarle la carrera presidencial a Morena.

El vínculo principal entre Gertz Manero y los albiazules es nada menos que Roberto Gil Zuarth, un frecuente asesor y litigante en el edificio de Paseo de la Reforma.

Es el mismo panista que se sentó a litigar, al lado del Fiscal General de la República, el expediente de otra familia -la de los Jenkins- en el caso de la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas en Puebla.

No hay que olvidar que Gil Zuarth, a través de su despacho Accuracy Legal & Consulting, fue quien le diseñó al gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, la estrategia legal para desconocer a los integrantes del patronato de la Fundación Jenkins.

Para quien lo haya olvidado, se trata de una disputa sobre el control de un fideicomiso que supera los 720 millones de dólares y en la que también estarían involucrados intereses personales de Alejandro Gertz Manero, quien tenía la franquicia de esa universidad en la Ciudad de México.

Es el mismo Roberto Gil Zuarth que aparece, con su firma legal de consultoría, involucrado en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de triangular recursos públicos a sus cuentas particulares.

Es el gobernador panista que en mayo 20 del 2021 ya tenía librada una orden de aprehensión desde la Fiscalía General de la República, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Fue entonces que, tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se procedió a congelarle a Cabeza de Vaca decenas cuentas bancarias -11 de su mamá- y desde el Senado se inició la promoción de su desafuero para relevarlo del cargo para que enfrentara el proceso.

Sorpresivamente, las duras acusaciones fueron diluyéndose, las cuentas fueron súbitamente descongeladas y las incriminaciones cesaron.

Incluso hace unas semanas, el gobernador panista, acusado de tantos ilícitos, acabó posando en una fotografía con el presidente López Obrador. Sí, con el mismo mandatario que unas semanas atrás denunciaba sus ilícitos en sus conferencias mañaneras.

Quizás, por eso, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gil  Zuarth fue tibio sobre el fallo, advirtiendo que “la Corte no resolvió ni se pronunció sobre un acto de autoridad imputable al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y tampoco sobre una actuación en ejercicio de las facultades que posee la FGR”. El panista centró la responsabilidad en el ministerio público y en la jueza que envió a prisión a Alejandra Cuevas y giró una orden de aprehensión en contra de Laura Morán.

Otro de los panistas que acabó dando a Gertz Manero el beneficio de la duda fue Diego Fernández de Cevallos, quien en entrevista con José Cárdenas dijo que en este caso no estaba litigando un Fiscal, sino un particular al que definió como “víctima”.

“Primero, en el expediente criminal del que hablamos …. (hasta donde dice) Gertz Manero no es procurador, es víctima…”.

“Segundo, la Fiscalía no es parte en ese juicio, se trata de una disputa entre particulares”.

“Tercero, Gertz Manero, al estar reconocido como víctima está legitimado para acudir y alegar personalmente o por medio de sus abogados ante las autoridades judiciales que quieran”.

“Cuarto, su condición como Fiscal no limita sus derechos como víctima, por eso los encuentros de él no implican conflicto de interés…”.

Frente a esas declaraciones de Gil Zuarth y de Fernández de Cevallos viene la pregunta obligada: ¿por qué el panismo no está condenando -como sí lo hizo la Suprema Corte- el actuar del Fiscal General de la República?

Algunos analistas intuyen que podrían haberse iniciado ya las negociaciones para el trasiego de carpetas muy comprometedoras que, al conocerse, le asestarían un golpe mortal al gobierno de la Cuarta Transformación.

Y de paso, abrirían la posibilidad para que el PAN recuperara el terreno perdido, con un candidato de unidad con el PRI y el PRD, buscando recuperar lo que hoy parece imposible: la silla presidencial en el 2024.