Gasolina a la hoguera

La aplanadora legislativa de Morena en la Cámara de Diputados sacó ayer en ‘fast track’ la nueva Ley de Hidrocarburos.

Bajo las nuevas reglas se pretende desmantelar todo el aparato de distribución de combustibles gestado tras la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a las tesis aportadas, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, se buscan eliminar privilegios otorgados a los distribuidores privados para reintegrarle a Pemex el dominio sobre los combustibles.

No hay duda de que aquella Reforma Energética pudo ser ventajosa para algunos privados o para corporaciones extranjeras.

Pero para poder legislar el nuevo marco regulador en su distribución, lo primero que se tiene que tener es precisamente gasolinas y diesel.

Porque quizás a los morenistas, que reclaman la soberanía en el manejo de los hidrocarburos, se les olvida que el 74 por ciento de las gasolinas y el 64 por ciento del gas con los que se mueve el transporte y las fábricas mexicanas es de importación. Viene de los Estados Unidos.

Y si quienes surten esos combustibles y ese gas desde el extranjero sienten que les cambiaron las reglas, sin sentarlos a la mesa a renegociar, pues tan sencillo como no confiar más en el comprador -que es México- y se irán a buscar nuevos mercados.

Dicen los que entienden de energéticos que los productores texanos ya se dieron cuenta de la volatilidad legal del mercado mexicano y tienen como propósito de corto plazo diversificar su clientela internacional.

Por ello están ya construyendo terminales de hidrocarburos en las costas texanas del Golfo de México. Para exportar a otros países que no sean México, a donde envían hoy el 50 por ciento de sus exportaciones de hidrocarburos.

Bajo esa cruda realidad de dependencia absoluta de las importaciones ¿tenemos la facha para exigir a los mercados que se sometan a reglas del juego cambiantes, no negociadas, aplicadas unilateralmente? Si se confirman, podría ser un suicidio económico.

Ya en enero vivimos una probadita de lo que es cerrar los gasoductos de Texas hacia México, bajo el pretexto del frío extremo. El mega apagón que acompañó el cierre de los ductos texanos exhibió la fragilidad de la dependencia energética.

Por si fuera poco, la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos se da apenas unos días después del mega incendio que dejó fuera de servicio la refinería de Minatitlán, que tardará al menos tres meses en normalizar su producción de gasolinas.

Si a todo eso le sumamos que Pemex está en su peor momento de exploración, producción y refinación, en la antesala de una quiebra financiera, ya se imaginarán las presiones que pueden venir de los fondos de inversión extranjeros, que tienen miles de millones en préstamos a la paraestatal mexicana, la más endeudada del mundo.

Solo para que se den una idea del tamaño de la crisis, el reporte de la Secretaría de Hacienda advirtió que, de enero a octubre del 2020 -en plena pandemia y ante el desplome de los petroprecios- la deuda contratada por Pemex fue casi cinco veces mayor a la que se le aprobó en el presupuesto 2020.

Lo autorizado eran 34 mil millones de pesos y solo en los primeros diez meses se disparó a 176 mil millones.

Y de ese monto, 65 por ciento acabó no en elevar la producción, sino el pago de intereses, comisiones y gastos de una deuda que alcanza ya los 106 mil millones de dólares.

Para exhibir todavía más el drama en nuestra pobrísima generación de hidrocarburos, el costo financiero -es decir, el pago de intereses- entre enero y octubre del 2020 fue de 114 mil millones de pesos, mientras que el gasto de operación de Pemex se colocó en 104 mil millones de pesos.

¿Puede sobrevivir una corporación que tenga que invertirle la mitad de sus ingresos a pagar los intereses de su deuda, apretándose el cinto en su costo de operación, sin mantenimientos que dan lugar a accidentes como el de Minatitlán y lo que es peor, sin capital para crecer?

Y luego salen legisladores, como Gerardo Fernández Noroña para decir que quienes votaron en contra de la nueva Ley de Hidrocarburos “están defendiendo intereses bastardos del capital extranjero”.

Lamentablemente, frente a la debilidad productiva y financiera de Pemex, hoy dependemos de esos que llama “intereses bastardos” para mover a la Nación.

Quizás por ello, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, salió al quite ayer en un evento del Institute of the Americas para recordarles a los inversionistas de Estados Unidos, Alemania y Francia que no se asusten, que en México existe el Amparo para garantizarles sus inversiones.

“Tenemos, como dije antes al principio, ya tenemos en México “amparo”. Como saben, tenemos otras maneras de encontrar soluciones en caso de que alguien se vaya… están teniendo un trato injusto en la manera que están manejando sus inversiones”.

Y eso es lo que sucederá con la nueva Ley de Hidrocarburos, como ya pasó con la nueva Ley Eléctrica. Vendrán cataratas de Amparos, se ahuyentarán las nuevas inversiones -como si nos sobrara el dinero- y pondremos todavía más en riesgo la estabilidad energética de México.

Lo dicho. Le estamos dando patadas al pesebre energético internacional. Le estamos echando gasolina a la hoguera.