Garza Delgado Vs Santander: El Desenlace

Un litigio de once años sobre la disposición ilícita de 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa, depositadas en un fideicomiso legado por Roberto Garza Sada Jr. a sus hijos -y sustraído con firmas falsificadas por su hijo Roberto Garza Delgado ante la incompetencia de Banca Santander, de donde entonces era Consejero- está por llegar a su fin.

Y será cuestión de días para que se dé a conocer el fallo final que desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León se daría en favor de las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana María Garza Delgado.

De confirmarse el final de este litigio, Banco Santander y Grupo Financiero Santander tendrían que desembolsar el pago de por lo menos 700 millones de dólares, que es el valor presente que tendrían las acciones despojadas a las descendientes de uno de los fundadores del Grupo Alfa.

Roberto Garza Sada Jr. fue hijo de Roberto Garza Sada, hermano de Armando, Dionisio, Bernardo y Margarita Garza Sada, quienes a la muerte de Eugenio Garza Sada y la escisión de las empresas del llamado Grupo Monterrey fundaron Grupo Alfa, con Hojalata y Lámina como punta de lanza.

Contrajo matrimonio con Carmen Delgado y con ella procreó cuatro hijos: Carmen, Gabriela, Roberto y Viviana Garza Delgado.

Pero fue el único hijo varón, Roberto Garza Delgado quien -con una serie de firmas falsificadas-, ante la incompetencia de Banca Serfín, primero y de Banca Santander, después, saqueó el fideicomiso y se apropió durante años de las acciones y los dividendos.

Los ilícitos no fueron conocidos, sino hasta el fallecimiento de Roberto Garza Sada Jr., el 14 de agosto de 2010. Ahí se inició una larga y muy agria disputa legal entre las herederas y el Banco, que por negligencia toleró la sustracción del millonario fideicomiso.

El final del litigio se da, en momentos en que el director de Banco Santander en México, Héctor Grisi Checa, fue designado Consejero Delegado -el equivalente a Director General- de Banco Santander en España, la sede corporativa de ese conglomerado financiero global que preside Ana Botín.

La historia del litigio se inició con la inscripción el 16 de junio de 1994 de un fideicomiso creado por Roberto Garza Sada Jr., en lo que antes se denominaba Banca Serfín y que a partir de mayo de 2000 fue adquirido por Santander, el conglomerado español de banca y servicios financieros.

Ahí fueron depositadas las 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa -que representaban el 10 por ciento del capital del conglomerado industrial- y que integrarían, a la muerte de Garza Sada Jr., la herencia y el patrimonio de sus cuatro hijos.

Pero Roberto Garza Delgado inició -a espaldas de su padre y de sus hermanas- un proceso de sustracción de acciones y cobro de dividendos del fideicomiso, falsificando la firma de su padre, en ese tiempo seriamente enfermo, y se apropió sin su consentimiento del patrimonio de la familia.

Al ser descubierto, se exigió un peritaje para corroborar el ilícito que fue confirmado, oficialmente, por un dictamen de grafoscopía y documentoscopía rendido por los Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de Nuevo León.

En ese peritaje, fechado el 27 de octubre de 2014, los expertos licenciado Ricardo Díaz Castañeda y el licenciado Aarón Roberto Rodríguez Palacios analizaron minuciosamente las firmas de Roberto Garza Sada Jr.. Ambos concluyeron que las rúbricas que aparecen en los documentos no correspondían a su puño y letra. Quien entregó esos documentos al Banco fue Roberto Garza Delgado.

El hecho obligó a que las tres hermanas -Carmen, Gabriela y Viviana- iniciaran una defensa legal, acusando a Banca Santander de permitir la sustracción ilegal de la herencia de su padre, al no cumplir con el debido cotejo legal de las firmas, lo que colocaba a Santander en el mejor de los casos en una actuación negligente.

Fue en una resolución del 7 de mayo de 2021 cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito dictó sentencia definitiva. Ahí se decretó “la inobservancia de deberes fundamentales de la Fiduciaria demandada -Santander- que incurrió en la falta de cercioramiento y omitió tomar las medidas que tanto legalmente como en términos de sus políticas internas correspondía, a fin de verificar la recepción, verificación, procedencia y autenticidad de las cartas de instrucción por medio de las cuales se dispuso del Patrimonio Fideicomitido”. Y se dieron por fundados los reclamos en el litigio inicial. Santander había entregado el legado de Roberto Garza Sada Jr. sin el cotejo adecuado a las firmas.

Frente a semejante revés, Santander promovió un Amparo de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 3 de enero de este año. El recurso fue desechado por ser notoriamente improcedente.

La respuesta de la defensa de Santander fue la de solicitarle, a la máxima instancia judicial del país, ejercer la facultad de atracción, buscando impedir que se ejecutara la sentencia que obligaría al Banco español a liquidar el valor del fideicomiso.

Y en un intento por frenar la ejecución de la sentencia, los abogados de Santander recurrieron a imponer presiones. Primero, a través de la Asociación de Banqueros de México, luego con visitas recurrentes a Palacio Nacional -tanto de Ana Botín, presidenta de Santander, como de Héctor Grisi, director en México- así como encuentros en la Fiscalía General de la República, buscando opciones para evadir el cumplimiento de la sentencia.

La última intentona fue la de buscar a Roberto Garza Delgado para que interpusiera un recurso legal, a fin de invalidar el reclamo, fingiendo que no aparecía en el litigio junto a sus hermanas. Con ello, la defensa intentaría reiniciar desde cero el largo litigio sobre el que ya existe sentencia de fondo de un tribunal colegiado.

Y no es para menos… 700 millones de dólares, más la suma de otros gastos legales y punitivos, no son cualquier cosa, incluso para el gigante financiero que se instala como la mayor institución financiera del mundo de habla hispana.