García Harfuch operó dos decomisos masivos de huachicol fiscal

Los operativos recientes en Allende, Nuevo León, y Coatzacoalcos, Veracruz, donde fuerzas federales y estatales aseguraron tractocamiones con combustible de procedencia ilícita y desmantelaron una refinería clandestina de diésel, representan un giro táctico importante en la política de seguridad energética del gobierno federal.

Estos golpes, atribuidos a una estrategia diseñada por Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), buscan poner fin al esquema de contrabando de hidrocarburos que proliferó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el patrón de impunidad que rodea a estos decomisos -sin detenciones relevantes ni desmantelamiento de redes criminales- pone en entredicho la autenticidad y la profundidad de esta ofensiva.

En Allende, el cateo realizado el 17 de junio permitió asegurar enormes volúmenes de producto almacenado sin medidas de seguridad, con riesgo para la población local; mientras que en Coatzacoalcos se detectó una infraestructura dedicada a la producción artesanal de diésel y derivados, con más de 500,000 litros de crudo asegurados junto a equipos especializados que operaban sin permisos medioambientales ni de seguridad.

La política de intensificación de operativos atribuida a García Harfuch se sitúa en un discurso de ruptura con la presunta tolerancia o insuficiente combate al contrabando de combustibles en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a pesar de estos decomisos de gran impacto mediático en Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Sonora, persiste la crítica sobre la escasa incidencia en detenciones de alto perfil vinculadas a la cadena de mando de estas redes.

Históricamente, como ha documentado la FGR y analistas especializados, la mayoría de arrestos por huachicol corresponde a “pequeños eslabones” de la cadena, con escasos avances contra figuras que operan a niveles directivos o con conexiones políticas de alto nivel. Esta realidad erosiona la credibilidad de la cruzada anunciada por la administración de Claudia Sheinbaum contra el huachicol fiscal, pues sin aprehensiones significativas de líderes o cómplices elevados, los grandes beneficiarios operan con impunidad relativa.

Alertas emitidas por FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan la sofisticación de esquemas de contrabando de petróleo y derivados, donde las ganancias ilegales financian actividades ilícitas y, en algunos casos, campañas políticas o sobornos a funcionarios públicos. 

Asimismo, acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han sancionado a individuos y entidades señaladas de facilitar el flujo de combustibles robados hacia y desde Estados Unidos, revelando que grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa diversifican sus ingresos con prácticas de huachicol que se entrelazan con el narcotráfico y lavado de dinero en mercados internacionales.

En paralelo, la narrativa de estos decomisos se conecta con la investigación realizada por Código Magenta sobre lo que se ha denominado el esquema del “huachi-diésel”, una modalidad específica de este delito que involucra la triangulación de combustible robado y contrabandeado, frecuentemente operado con anuencia o complicidad desde el interior mismo de instituciones clave como Pemex y CFEnergía.