García Harfuch: La conspiración

Este lunes 4 de agosto, en la avenida principal de Reynosa, Tamaulipas, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el delegado federal de la Fiscalía General de la República en el estado, Ernesto Vázquez, fue asesinado con una granada. Primer acto de terrorismo. Los cárteles mandaron un mensaje con este homicidio de alto perfil.

El mismo día, en una carretera aledaña a Poza Rica, Veracruz fueron esparcidos restos humanos. Las imágenes de horror y brutalidad evocaron los peores años de violencia en la entidad, cuando el Cártel de los Zetas dominaba el estado mediante una política de miedo sanguinario. Fue el segundo acto de terrorismo y el segundo mensaje de los cárteles.

El fin de semana previo, en el penal de Tuxpan, también en Veracruz, un motín derivó en el asesinato de ocho internos. ¿Fue otro acto de terrorismo, un tercer mensaje de los cárteles, o simplemente el punto de quiebre de la dinámica criminal local en Veracruz? Los disturbios ocurrieron prácticamente al mismo tiempo en que se filtró el rumor de que Omar Reyes Colmenares, funcionario encargado del sistema penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sustituiría a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera.

En política y en seguridad nacional difícilmente hay coincidencias. El lunes, The Wall Street Journal reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está cerca de llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump en materia de seguridad e inteligencia: un pacto para compartir información y colaborar en la lucha contra los cárteles, designados en Washington como organizaciones terroristas. Sin embargo, The Wall Street Journal advirtió que los grupos criminales mexicanos y sus conexiones dentro del gobierno están boicoteando el acuerdo con Estados Unidos. El periódico neoyorquino puso como ejemplo el escape de Zhi Dong Zhang, el operador de una red de tráfico de drogas sintéticas que ha blanqueado, por lo menos, 150 millones de dólares. Zhang estaba bajo custodia de la Guardia Nacional. The Wall Street Journal reportó que la presidenta Sheinbaum se puso furiosa cuando se enteró del escape.

Los hechos del lunes en Tamaulipas y Veracruz ratificaron la tesis del aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos: los cárteles (y sus operadores dentro del Estado, como evidencia el caso de “La Barredora” en Tabasco) están condicionando al gobierno de México.

El espiral de violencia, las estampas de terrorismo criminal, no pueden desconectarse del contexto político: el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una de las decisiones más relevantes del sexenio. En lo que fue una señal adicional de ruptura con la herencia lopezobradorista, entregó el control de la Unidad de Inteligencia Financiera a Omar García Harfuch, el poderoso secretario de Seguridad Ciudadana. Dentro de la base de la 4T, en el grupo denominado como “Los Puros”, identifican a García Harfuch como un rival de cara a la sucesión presidencial de 2030. Además, lo señalan como un abierto colaborador de Washington.

La llegada de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no es sólo un cambio más en la administración pública mexicana; representa una profunda transformación del entramado político y de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, con implicaciones que resuenan mucho más allá de Palacio Nacional.

Reyes Colmenares, cuyo recorrido incluye puestos clave en el sistema penitenciario federal, así como en la oficina mexicana de Interpol, es una figura que encaja con precisión en la red política y estratégica tejida por Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Ciudadana y verdadero arquitecto del nuevo aparato de inteligencia y seguridad nacional.

Este nombramiento ocurre justo después de la salida forzada de Pablo Gómez, histórico dirigente de izquierda y uno de los más fieles operadores del lopezobradorismo, a quien fuentes cercanas aseguran que se le comunicó directamente desde Washington que su permanencia no era compatible con las metas de cooperación bilateral que exigía el gobierno estadounidense.

Sheinbaum está ejecutando una estrategia clara: desmantelar gradualmente la herencia política y operativa que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) construyó con enorme cuidado durante su sexenio. La designación de Reyes refuerza aún más el poder de Harfuch, quien ya había colocado a Israel Benítez López, responsable de la ofensiva contra el llamado “huachicol fiscal” -un negocio ilícito que, según Código Magenta, desvió más de 500 mil millones de pesos del Erario durante el sexenio anterior-.

La estructura de inteligencia financiera que ahora encabeza Reyes Colmenares jugará un papel clave en esta cruzada, la cual ha puesto bajo la lupa a figuras políticas cercanas al entorno de López Obrador, como el senador José Ramón Gómez Leal, investigado por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico ilegal de hidrocarburos, de acuerdo a documentos militares.

Pero el ascenso de García Harfuch no ha sido sencillo ni libre de resistencias. La tragedia reciente en Veracruz, donde ocho reos murieron en un motín justo antes del nombramiento oficial de Reyes Colmenares, podría ser una señal preocupante de la oposición interna contra el equipo de seguridad de Sheinbaum. Según analistas de inteligencia consultados, este incidente podría interpretarse no sólo como parte de la violencia habitual atribuida al Grupo Sombra, sino como una advertencia directa al nuevo grupo dominante en Palacio Nacional.

La resistencia no es nueva. García Harfuch ya ha sido objeto de intentos explícitos de frenar su ascenso, desde el atentado perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Paseo de la Reforma en 2020, hasta las operaciones políticas internas que sabotearon su candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Código Magenta documentó ampliamente cómo sectores de la Secretaría de la Defensa Nacional han disputado intensamente la concentración de poder en manos de Harfuch, cuestionando la independencia operativa que éste reclama y que Sheinbaum parece dispuesta a conceder.

El giro de la política de seguridad respecto al sexenio pasado no podría ser más radical. Donde AMLO mantuvo una postura de distanciamiento frente a Estados Unidos y una resistencia explícita a ciertas exigencias de cooperación, Sheinbaum está avanzando decididamente en el sentido contrario, con un pragmatismo notable. Prueba de ello son las recientes órdenes de aprehensión contra líderes criminales de alto perfil, como ocurrió en Tabasco con “La Barredora”, implicando directamente al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los hombres fuertes del sexenio anterior.

Este viraje estratégico también responde a fuertes presiones internacionales. México enfrenta actualmente un escrutinio sin precedentes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuyo brazo regulador contra delitos financieros, el FinCEN, impuso recientemente sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero, vinculado directamente al CJNG y otras organizaciones, ahora etiquetadas como terroristas internacionales.

Eduardo Guerrero, experto en seguridad y crimen organizado, advierte desde El Financiero que Sheinbaum podría estar próxima a declarar una guerra frontal contra el CJNG, lo cual se suma a la creciente tensión generada por declaraciones hostiles de figuras influyentes en Washington, como Tom Homan y Pete Hegseth, quienes abiertamente sugieren la posibilidad de acciones militares directas en México para combatir al narcotráfico.

En este contexto, la colocación de Omar Reyes en la UIF no es casual ni menor. Su designación responde directamente al imperativo geopolítico impuesto por Washington, al tiempo que consolida el proyecto político y de seguridad que Sheinbaum y Harfuch han delineado desde hace meses, uno que implica romper públicamente con las prácticas y estructuras establecidas por López Obrador.

La UIF es ahora el eje de esta transformación. La institución que bajo AMLO fue utilizada principalmente para la confrontación política interna, especialmente contra figuras empresariales y opositores, parece ahora enfocarse en desmantelar redes criminales con alcance transnacional, alineándose con los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

El poder otorgado a Harfuch es inmenso, y eso abre un interrogante crucial sobre el futuro del equilibrio interno del gobierno mexicano. Lo que antes fue una estructura sostenida sobre el liderazgo indiscutible de López Obrador hoy se está reconfigurando en torno a la figura pragmática y controversial del jefe de seguridad de Sheinbaum. Esto inevitablemente genera tensiones internas que podrían manifestarse en futuras rupturas dentro del movimiento oficialista.

Con el país sumido en una crisis de violencia que supera los 140 mil homicidios en los últimos cinco años, según cifras oficiales, y en un escenario internacional donde México está cada vez más presionado por Washington, la apuesta política de Sheinbaum no podría ser más alta.

El éxito o fracaso de esta estrategia definirá no sólo la viabilidad política de Sheinbaum como líder nacional, sino la propia estabilidad interna y externa de México en los años por venir. Al tomar distancia de López Obrador, Sheinbaum se juega el todo por el todo: sacrifica continuidad ideológica a cambio de lo que espera sea una alianza eficaz con Estados Unidos y la consolidación de un nuevo esquema de poder interno centrado en Omar García Harfuch. El tiempo dirá si esta apuesta fue acertada o si, en cambio, agudiza aún más la crisis política y de seguridad que hoy azota al país.

Por ahora, el mensaje es claro: existe una conspiración contra la acumulación de poder del secretario de Seguridad Ciudadana, ya sea de parte de los cárteles o de parte de los rivales de García Harfuch en el sistema político mexicano.