“Fue una ejecución extrajudicial”: Cuestionan el status legal del ataque contra el Tren de Aragua

El martes 2 de septiembre de 2025, fuerzas de EE. UU. destruyeron con fuego militar una embarcación que había zarpado de Venezuela en el sur del Caribe; autoridades estadounidenses dijeron que murieron 11 personas.

La Casa Blanca afirmó que la lancha transportaba narcóticos rumbo a Estados Unidos y vinculó a sus ocupantes con el Tren de Aragua, organización que la administración ha catalogado como terrorista.

El Pentágono no ha divulgado pruebas públicas sobre el tipo o cantidad de droga, ni explicó cómo identificó a los tripulantes como miembros del Tren de Aragua.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que continuarán las operaciones contra “narco-terroristas” en el Caribe. La declaración pone de manifiesto un giro militarista en la política antidrogas de Washington.

J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, declaró que “el asesinato de miembros de los cárteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el más alto y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas”.

El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, respondió al vicepresidente: “¿Se detuvo a pensar que pasaría si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio o defensa legal?”

Este cuestionamiento se ha convertido en el centro de las críticas de políticos de ambos partidos y organizaciones de derechos humanos sobre la posibilidad de que el ataque contra el Tren de Aragua constituye una ejecución extrajudicial o una expansión sin precedentes del poder presidencial.

¿Por qué importa? La cruzada militar de la administración de Donald Trump contra los cárteles que operan en América Latina podría convertirse en el nuevo escenario de una batalla legal que defina los límites del Poder Ejecutivo en Estados Unidos.

El gobierno de Trump no ha mostrado pruebas de que la embarcación estuviera armada ni de un ataque inminente; expertos advierten que, fuera de un conflicto armado, el uso letal contra presuntos contrabandistas “será visto como una ejecución extrajudicial”.

En vez de detener y abordar, procedimiento ordinario de Guardia Costera, se optó por “volarla”, según admitió Marco Rubio; esa decisión rompe estándares de aplicación de la ley y alienta la crítica de ejecuciones sumarias.

Al etiquetar a pandillas y cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”, la Casa Blanca obtiene “mayor cobertura legal” para golpes letales sin autorización específica del Congreso, borrando la línea entre operaciones policiales y militares.

El gobierno invocó una doctrina de “autodefensa (colectiva)” frente a “narco-terroristas”. Esta tesis, que parte del entramado legal surgido a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, podría extenderse a otros grupos en América Latina. El Pentágono ya prometió más operaciones, consolidando una expansión del uso de la fuerza letal.

No se ha precisado si la nave tenía bandera, cómo se identificó a sus ocupantes como miembros del Tren de Aragua ni por qué no se intentó capturarlos; en el Congreso, críticas como las de Rand Paul alertan sobre la normalización de “matar sin debido proceso”.

Contexto: La administración Trump liga a Nicolás Maduro con el Tren de Aragua; Caracas lo niega. El debate jurídico sobre el derecho a la autodefensa contra actores no estatales sigue abierto.

Estados Unidos reforzó presencia militar en la zona (incluidos F-35 en Puerto Rico) mientras minimiza que busque un “cambio de régimen” inmediato.

Gobiernos latinoamericanos reaccionaron con cautela. México evitó una condena frontal y advirtió sobre efectos contraproducentes de una expansión militar estadounidense.

Además del señalamiento sobre el Tren de Aragua, el 4 de septiembre, Estados Unidos designó a ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’ (Ecuador) como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando el andamiaje para acciones conjuntas. El primero grupo está vinculado al Cártel de Sinaloa. El segundo, al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pete Hegseth, secretario de la Defensa de Estados Unidos ofreció una señal de continuidad de esta política. Anticipó más ataques directos, una declaración que fue interpretada por The New York Times como la inauguración de una campaña de militarización contra redes criminales en América Latina.