Feminicidio de Edith: El Estado falló dos veces

¿Qué pasó?

• El asesinato de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar revela la podredumbre del sistema de procuración de justicia en México: abandono a las víctimas, corrupción institucional y sospecha de una protección criminal a presuntas redes de trata.

• La joven de 21 años desapareció el 15 de abril después de salir de Iztapalapa hacia una presunta entrevista de trabajo, en un inmueble de avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez; su familia reportó la desaparición esa misma noche y entregó a las autoridades la última ubicación conocida.

• Sin embargo, la fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, fue negligente. La inspección oficial del edificio ocurrió más de 24 horas después. El 17 de abril, peritos y agentes localizaron primero objetos personales de Edith y después su cuerpo en el sótano, oculto debajo de un montículo de arena; la fiscalía abrió la carpeta bajo protocolo de feminicidio.

• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que tenía identificado a un probable responsable y posteriormente detuvo a Juan Jesús “N”, de 24 años, vigilante del edificio donde Edith fue vista por última vez. La imputación, dijo la fiscalía, se sostiene en indicios biológicos, manchas de sangre en la caseta, el informe de criminalística y un dictamen médico forense preliminar.

• El caso escaló rápidamente, en la que podría ser la mayor crisis mediática de la fiscal Alcalde, dado que la familia denunció retrasos, omisiones y que el agente ministerial exigió un soborno para continuar la investigación. Actuaron tarde y la familia tuvo que dar seguimiento al caso por sus propios medios: contrataron un investigador privado y obtuvieron acceso a cámaras públicas y privadas sin intermediación de la fiscalía.

• “Que quede claro, la fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia de Edith, por nuestros propios medios, por nuestras propias investigaciones; todo el dinero que le inyectamos fue para encontrarla; desgraciadamente, la encontramos sin vida, pero la encontramos nosotros”, declaró una tía de la víctima.

• Las autoridades tardaron en iniciar la investigación porque, al momento de reportar la desaparición, dijeron a los familiares que debían dejar pasar 72 horas “porque se pudo haber ido con el novio y con amigas”.  

• La versión oficial y la de la familia no coinciden plenamente sobre la reacción inicial de la fiscalía: el Ministerio Público ha sostenido que actuó al conocer formalmente el caso el 16 de abril, mientras los familiares aseguran que desde la noche previa entregaron ubicación, imágenes y datos suficientes para intervenir antes.

• La fiscal Bertha Alcalde Luján anunció la separación del personal involucrado en el caso y la apertura de indagatorias administrativas y penales.

¿Por qué importa?

• El expediente no sólo documenta un feminicidio, sino una posible falla crítica en las primeras horas de búsqueda, precisamente la ventana en la que el Estado está obligado a reaccionar con mayor rapidez ante una desaparición de mujer.

• El caso pone a prueba la credibilidad de Bertha Alcalde, quien apenas en enero presentó un primer informe de resultados, centrado en “más capacidad institucional”, mejoras en atención a víctimas y combate a la corrupción dentro de la fiscalía.

• La propia fiscalía abrió una línea para determinar si detrás del caso pudo existir un mecanismo más amplio de trata de mujeres, mediante falsas ofertas de empleo, aunque afirmó que no tenía denuncias previas sobre ese inmueble:

• “Siempre es muy importante que se pueda identificar si hubo o no un posible esquema de trata; va a ser una de las líneas de investigación que vamos a agotar a partir de estos señalamientos”, dijo Alcalde.

Los detalles:

• Cámaras de seguridad y la ruta del viaje en motocicleta por aplicación permitieron reconstruir que Edith entró sola al inmueble y no volvió a salir.

• En su primera exposición pública del caso, Bertha Alcalde dijo que el cuerpo presentaba golpes; la necropsia seguía en curso y todavía no se precisaba la hora exacta de la muerte. “La conducta que señalan los familiares es muy grave e inaceptable”, declaró.

• “En este tiempo hubo actos de investigación que se realizaron, entre otros, confirmar que efectivamente la víctima había acudido a este domicilio, también lo relacionado con el vehículo que la dejó y posteriormente fue que se acudió. Eso es lo que hay que investigar muy bien y determinar, en este caso, si hay o no un retraso y quién es el responsable de este retraso”, agregó Alcalde.

• La fiscalía también dijo que investigaría por qué los agentes no ingresaron antes al edificio, al tratarse de un inmueble privado, y por qué no se permitió el acceso inicial al lugar señalado por la familia.

• El 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una “investigación científica” del feminicidio y aludió públicamente a la denuncia de la familia sobre una presunta exigencia de dinero para atender el caso.

• La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó el feminicidio y exigió una investigación con “prontitud y rigor”, además de sancionar cualquier irregularidad de servidores públicos.

El contexto:

• Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble de avenida Revolución 829 donde fue hallado el cuerpo de Edith Guadalupe, fue detenido la noche del 17 de abril por la Policía de Investigación; en la audiencia inicial, un juez calificó de legal la detención, le impuso prisión preventiva y fijó el 22 de abril para resolver si será vinculado a proceso por feminicidio.

• La madre del detenido sostuvo públicamente que su hijo es inocente y cuestionó la lógica de la acusación al afirmar que, de haber cometido el crimen, no habría regresado a trabajar al mismo edificio; también dijo que es “incapaz de hacer algo así”. Calificó la detención con “injusta y arbitraria”.

• La defensa aseguró que Juan Jesús “N” presentaba golpes tras su captura y anunció que buscaría activar un protocolo por tortura; además, dijo contar con un video que, a su juicio, podría apuntar a la presencia de otra persona en el inmueble.