El fallo en los penales de México

La semana pasada Gregoria Salazar pasó el día de las madres y su cumpleaños en prisión….

Gregoria tiene más de un año presa acusada de homicidio calificado. Es decir, acusada de matar.

Pero Gregoria no es un caso más.

Gregoria Salazar es el ejemplo de que en los penales, no solo hay caos entre los internos, sino también entre quienes están ahí para controlarlos.

Ella era la directora del Topochico en febrero del año pasado, cuando el motín más cruento de la historia en México dejó casi medio centenar de reos muertos.

Su defensa asegura que la acusación a Gregoria es absurda.

“La noche del motín Gregoria no estaba en el penal. Cuando le avisaron, ordenó que de inmediato se diera aviso a la Fuerza Civil y se comenzara el Protocolo de Seguridad.

“En el momento en que fue informada vía telefónica de lo que estaba sucediendo, ordenó de manera inmediata que se informara a la Fuerza Civil, y se comenzara el Protocolo de Seguridad”, se lee en un documento en poder de Código Magenta.

Aún así, el Gobierno del Estado acusó a Gregoria y a otros dos directivos del penal de homicidio calificado por omisión.

Según el gobierno estatal, los funcionarios detenidos fueron corresponsables del ingreso de drogas al penal, de permitir diversas modalidades de autogobierno y omitir todo tipo de medidas de seguridad, para permitirles operar libremente.

Sin embargo, la defensa de la exdirectora mostró documentos en los que, desde semanas antes al motín, se notificó a las autoridades que el inmueble no contaba con ni la infraestructura ni el personal necesario para salvaguardar la integridad de los internos.

“Es importante señalar que la fuerza penitenciaria de seguridad, es de únicamente 300 elementos (…) lo que evidencia un considerable déficit de personal de seguridad y custodia, lo que consecuentemente implica una reducción en su capacidad de cumplir cabalmente con las disposiciones de Ley”.

En la misma petición, se detalla que existen reos de bandas antagónicas, los cuales son altamente peligrosos que requieren medidas especiales de seguridad y vigilancia, por lo que se solicita su traslado.

“… por lo que me permito solicitar a esa Comisaria de la Agencia de Administración Penitenciaria su cargo (…) tenga a bien gestionar ante (…) Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, la autorización de traslado de los reos (…) cuya relación se adjunta”

Las solicitudes oficiales de la exdirectora tienen el sello de recibido por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,

Pero aun así, Gregoria tiene más de un año en prisión preventiva en el Cefereso Femenil de Morelos, un centro penitenciario que ha sido señalado por Organismos humanitarios por tortura y malos tratos.

A Gregoria las autoridades no le permitieron llevar su caso en libertad, pero tampoco le han dictado una sentencia convirtiéndola en una víctima del mismo sistema del que estaba a cargo.