Exhibe Reforma acordeones judiciales de Samuel García

¿Qué pasó?

• Una periodista del diario Reforma se infiltró en una sesión de adiestramiento organizada por funcionarios del gobierno de Nuevo León y operadores de Movimiento Ciudadano (MC), donde se distribuyeron “acordeones” con los números de candidatos judiciales afines al gobernador Samuel García y a la 4T.

• A los asistentes -servidores públicos estatales convocados en horario laboral- se les entregaron materiales de práctica para emitir votos, incluyendo juegos de boletas y listas de candidatos “sugeridos” para las próximas elecciones judiciales del 1 de junio.

• Los nombres en los acordeones favorecen a perfiles cercanos tanto a Movimiento Ciudadano como a Morena, incluyendo a ministras actualmente en funciones como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Ulises Carlín, ex consejero jurídico del gobierno de Nuevo León.

• El evento fue coordinado por Mayela Chapa, secretaria particular de un legislador local de MC, y revela una operación sistemática de movilización y adoctrinamiento de la burocracia estatal.

• En otras entidades como Jalisco y Ciudad de México, gobernadas por MC y Morena, también se ha documentado el reparto de acordeones y directrices similares a empleados públicos y militantes.

¿Por qué importa?

• El uso de recursos públicos, infraestructura gubernamental y horarios laborales para promover votos en favor de candidatos específicos es una violación directa a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y puede ser causal de nulidad del proceso.

• La intervención coordinada del aparato gubernamental para incidir en una elección judicial pone en entredicho la legitimidad del sistema de designación ciudadana y compromete la autonomía del Poder Judicial.

• Estas acciones anticipan un conflicto institucional con el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha reiterado que, si bien el uso de acordeones no está prohibido, sí lo está su distribución desde órganos de gobierno y partidos políticos.

Los detalles:

• Los “acordeones” distribuidos en la reunión de capacitación incluían al menos 15 recomendaciones por boleta, y en ellos aparecían nombres vinculados a la estructura federal morenista y aliados locales de MC.

• Entre los perfiles promovidos figuran familiares de funcionarios, como Paula María García Villegas, hija de la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y aliados de la administración de Samuel García como Ulises Carlín.

• Según Olga Alicia Castro, Vocal Ejecutiva del INE en Nuevo León, está prohibido que gobiernos o partidos utilicen recursos públicos para promover “listados inducidos” que orienten el voto ciudadano.

• En la Ciudad de México, un documento similar fue viralizado en redes sociales y atribuido a la dirigencia nacional de Morena. Según fuentes del partido, fue elaborado por el Instituto de Formación Política de Morena.

• En Jalisco, empleados estatales denunciaron haber recibido la instrucción de movilizar al menos a diez votantes cada uno, en una operación supuestamente coordinada desde el entorno del gobernador Pablo Lemus.

El contexto:

• El próximo 1 de junio se llevará a cabo por primera vez en México una elección nacional para cargos del Poder Judicial, un modelo de participación ciudadana promovido desde la Reforma Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

• Aunque el INE ha autorizado el uso de materiales de apoyo como los “acordeones”, advierte que su uso debe ser individual y nunca inducido por entes gubernamentales, partidos o sindicatos.

• La presidenta Claudia Sheinbaum declaró la mañana del viernes que se debe garantizar la limpieza del proceso y se mostró abierta a que los órganos electorales “intervengan con firmeza” ante cualquier denuncia de coacción o manipulación.

• Juristas y observadores electorales han advertido que esta clase de operativos puede constituir una causal grave de nulidad si se acredita la participación de recursos públicos o la coacción de empleados estatales.

• Este operativo en Nuevo León confirma que la Elección Judicial no sólo será un ejercicio inédito de democracia directa, sino también un nuevo campo de batalla por el control institucional, donde las viejas prácticas de movilización corporativa resurgen a lo largo de todo el espectro político.