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31 de mayo 2025

12 de julio 2019

Política

Ernesto Canales y la teoría del complot

Nuevo León

El ex fiscal anticorrupción de Nuevo León cree que hay una mano que mece la cuna en las acusaciones en su contra en el caso Cusi. Sin embargo, descarta que Televisa sea el factor que haya reavivado el caso.

Por Rodrigo Carbajal

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Para Ernesto Canales Santos, el prominente abogado corporativo de Monterrey y el primer fiscal anticorrupción de Nuevo León, el caso de Paula Cusi parecía superado.

 

Sin embargo, el 24 de junio, cuando un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Canales, surgió una pregunta: ¿se trata del curso natural de la causa judicial o las acciones de este tribunal responden a las presiones de una agenda privada?

 

Esta duda tiene origen en el propio Ernesto Canales, quién ofreció una entrevista a Código Magenta en octubre del 2018 y habló sobre el caso Cusi. Su tesis es la siguiente: la causa judicial en su contra estuvo detenida durante años, hasta que asumió la posición de fiscal anticorrupción en el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León. Desde el punto de vista de Canales, el caso tomó vida propia gracias al cabildeo de “personas que sentían que iban a ser investigadas”.

 

La demanda contra Canales

 

El abogado regiomontano enfrenta una demanda de fraude, promovida por quien fue su clienta, Paula Cusi, en un juicio sucesorio en el que la viuda de Emilio Azcárraga Milmo reclamó la propiedad del 16.6 por ciento de las acciones de Televisa.
En el 2012, Cusi acusó a Canales de apropiarse de 6 millones de dólares que Televisa pagó como contraprestación de un acuerdo para que la viuda de Azcárraga Milmo se desistiera de todos los recursos legales presentados en contra de la compañía.

 

Dicho acuerdo habría sido negociado sin la autorización de Paula Cusi entre Ernesto Canales y los abogados de Televisa-el jurídico de la compañía, Alejandro Bustos, y un abogado externo, Alonso Aguilar Zínser.

 

Al momento de la negociación, llevada a cabo en el 2011, Paula Cusi se encontraba en la cárcel por un presunto delito de falsificación de identidad del cual nunca fue sentenciada. Una vez que se firmó el acuerdo entre Canales y Televisa, la viuda de Azcárraga Milmo fue liberada por falta de pruebas.

 

En el 2016, el ahora ex fiscal anticorrupción de Nuevo León dijo en una comparecencia frente al Congreso del estado que la apropiación de los 6 millones de dólares fue completamente legal dado que se trató de una “reparación de costos”.

 

De acuerdo a versiones periodísticas, la transferencia bancaria de los 6 millones de dólares se realizó a favor de una empresa fachada en Holanda, Summer Stream CV, de la cual Ernesto Canales es el representante.

 

La gestión de Ernesto Canales en la Fiscalía Anticorrupción estuvo enfocada de manera casi exclusiva en la construcción de un caso judicial en contra del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, cuya defensa estuvo a cargo de Alonso Aguilar Zínser.

 

A pesar de que este abogado penalista fue la contraparte de Canales en el caso Medina y en el caso sucesorio de Emilio Azcárraga Milmo, el ex fiscal anticorrupción explica que Televisa dejó de tener interés en la demanda que Paula Cusi presentó en su contra.

 

El jueves, un juez federal concedió a Canales una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

 

A continuación se presenta el fragmento de la entrevista que Código Magenta sostuvo con el ex fiscal anticorrupción de Nuevo León en octubre de 2018:

 

-¿Cómo fue su relación con la clase política? Ha dicho que su papel como fiscal (Anticorrupción de Nuevo León) no estuvo exento de intimidaciones. Me refiero a las acusaciones que se hicieron en la prensa, en la columna de Raymundo Riva Palacio, por ejemplo, en el caso de Paula Cusi y Televisa. ¿Esto lo vio como una reacción extrajudicial a su trabajo como fiscal?

 

-Por supuesto. El caso de Paula Cusi tenía tres años de no tener ninguna actuación, de ningún tipo. Viene mi nombramiento y casualmente cobra vida propia. Uno y uno son dos. ¿Quién le dio vida propia? Pues obviamente las personas que se sentían que iban a ser investigadas, y que fueron investigadas, se llevaron cargos contra algunos de ellos. No duré el tiempo suficiente para terminar la tarea.

 

-¿Influyó esta estrategia en cómo se llevó el caso en la fiscalía?

 

-Definitivamente no. Porque era un caso que no iba a llegar a ningún lado. No me atemoricé. No porque sea muy valiente, sino porque conozco mis derechos y conozco los procedimientos y sabía en que lugar estaba parado en relación con esa acusación. Entonces, en ese sentido no tuvo ningún efecto en la operación. Al contrario, me reafirmó que debería poner a más atención a las investigaciones de los medios que estaban involucrados en este asunto.  

 

-¿Se refiere a Televisa?

 

-Televisa ya para eso entonces no tenía interés en el asunto, menos de que se volviera a hacer pública la forma en cómo encarceló a Paula Cusi. Yo nunca consideré que Televisa era un factor en reavivar el expediente. El abogado de Televisa en alguna ocasión me lo dijo: “no pienses que yo estoy atrás de esto, o que mi cliente está detrás de esto”. Le dije: “no pienso que seas tú quién esté moviendo el caso, simplemente porque no creo que Televisa esté interesado en que se vuelva a manejar el caso de Paula Cusi como en realidad se afectaron los derechos de ello a favor de Televisa; entonces no creo que estén interesados en pagarte para que revivan el caso”. Le creí porque su cliente no tiene interés, no porque fuera buena gente, que así me lo trataba de vender.

 

La prueba está en que el caso sigue sin moverse. Es un ejemplo típico del sistema de justicia penal anterior, en que sabes cuando empiezas, pero no conoces cuando terminas. Es un problema inclusive para terminar un caso con inocencia.  A final de cuentas, el funcionario público que tiene que firmar esa declaratoria lo pueden acusar de haberse vendido; es tan poco confiable el sistema anterior que no hay manera de deslindar quién es culpable y quién es inocente. Es una situación que continúa indefinida, por supuesto en perjuicio del principio del derecho de tener una justicia pronta y expedita.

 

 

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