“Ella es la Jefa”

La reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa abocada a recaudar cerca de dos billones de pesos en litigios fiscales no resueltos, exhibió grietas dentro de la coalición gobernante. Al final, se impuso la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El quiebre fue una nueva iteración de “Morena contra Morena”. La reforma se trabó por choques entre los asesores de la Presidencia, Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, con el bloque legislativo que llevaba el dictamen, notablemente el senador Javier Corral, y la cúpula judicial, representada por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

Las diferencias de opinión entre la propuesta del Ejecutivo y los cambios realizados a la iniciativa por el Senado obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir.

Adán Augusto López, el cuestionado coordinador de mayoría en el Senado, habría operado los cambios con Alejandro Esquer, el senador más cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con un transitorio de última hora que introduce efectos retroactivos. La votación fue 70-39. La cláusula ordena resolver asuntos ya en trámite conforme a la nueva ley. Esto no estaba ni en la iniciativa presidencial ni en el dictamen de comisiones.

Tras ser descartada en comisiones, el morenista Manuel Huerta reintrodujo en el Pleno la cláusula de “retroactividad”, aprobada por mayoría, pese al rechazo de una veintena de senadores de Morena y con la ausencia de Corral.

Claudia Sheinbaum rechazó la retroactividad por violar el artículo 14 constitucional y pidió a la Cámara de Diputados corregir el texto.

Tras el “golpe en la mesa” de Sheinbaum, Ricardo Monreal se alineó con la interpretación de que el transitorio vulnera el artículo 14 y prometió una revisión “muy cuidadosa” en San Lázaro, evidenciando fisuras y reacomodos dentro de la coalición gobernante.

El trasfondo es recaudatorio. Se trata de un asunto vital para el gobierno en el contexto de fragilidad de las finanzas públicas: el gobierno busca cobrar parte de hasta 2 billones de pesos en créditos fiscales hoy litigados (casi 196,500 casos).

Fuentes citadas por El País atribuyen al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, la sugerencia de endurecer el alcance del cambio; el propio entorno del tribunal lo matizó y negó querer “reiniciar” procesos. Hubo, además, una reunión privada Aguilar-Godoy el 25 de septiembre para discutir la propuesta.