El Tren de Aragua operó con impunidad en la Ciudad de México

La acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Nicolás Maduro menciona a México en 25 ocasiones. Sin embargo, esta no es la relación más significativa que existe entre el mundo criminal mexicano y las redes clandestinas de Venezuela. Ese papel juega el Tren de Aragua, un grupo criminal originado en las cárceles venezolanas y cuya expansión le ha merecido la designación de organización terrorista por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, detuvieron a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México. Las autoridades vinculan a los detenidos con una trama de extorsión, trata de personas, explotación sexual y tráfico de drogas que tiene como epicentro a la capital mexicana. El operativo se realizó en dos viviendas de la colonia Valle Gómez (alcaldía Venustiano Carranza) y en un punto adicional en Iztapalapa. Entre los detenidos figura Lesli Valeri Flores Arrieta, identificada como encargada del cobro de actividades relacionadas con la explotación sexual y como enlace con la Unión Tepito, el grupo criminal dominante de la Ciudad de México.

De acuerdo a Insight Crime, “el Tren de Aragua es la estructura criminal más poderosa de Venezuela y el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero”. La presencia de esta organización en la Ciudad de México, donde ha penetrado en prácticamente todos los negocios clandestinos de la capital, subraya cómo este grupo “pasó de ser una banda carcelaria a convertirse en una amenaza de naturaleza transaccional con un amplio portafolio criminal”, según un análisis de Insight Crime.

La neutralización del Tren de Aragua es una prioridad en Washington. El tema es parte del portafolio de responsabilidades de Stephen Miller, asesor senior del presidente Donald Trump y uno de los artífices del uso de la guerra contra las drogas como herramienta de presión geopolítica en el Hemisferio Occidental.

La expansión extraterritorial del Tren de Aragua es producto del éxodo masivo venezolano, la expulsión de 8 millones de personas por las políticas de represión política y miseria económica del régimen chavista. La derecha estadounidense ha utilizado el crecimiento de las redes criminales del Tren de Aragua para exacerbar sus argumentos contra la migración irregular.

El gobierno de Donald Trump justificó el bombardeo a lanchas en el Mar Caribe como parte de una campaña contra la operación de exportación de cocaína del Tren de Aragua. Tras la detención de seis miembros de esta organización en la Ciudad de México, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció públicamente la acción y afirmó que los arrestos contribuyen a la rendición de cuentas y a la seguridad bilateral.

Las actividades del Tren de Aragua en la capital se convirtieron en objeto de escrutinio de las autoridades federales mexicanas a raíz del asesinato de dos mujeres venezolanas en julio de 2024, en el sur de la ciudad. De acuerdo a fuentes del gobierno mexicano citadas por el periódico El País, el Tren de Aragua habría replicado un patrón criminal: negociar con células locales como la Unión Tepito a cambio del pago de cuotas y sinergias en el territorio donde se instala. Funcionarios del aparato de seguridad de la Ciudad de México sostienen que el grupo no cuenta con un “centro de mando” formal en la capital, pero que opera mediante redes vinculadas a otros grupos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal ubica a Flores Arrieta como una figura clave, un nodo en la estructura criminal que gestiona el cobro de extorsiones y mantiene la relación con la Unión Tepito.

En los cateos realizados esta semana, autoridades aseguraron metanfetaminas, marihuana y una libreta con nombres de mujeres que trabajaban en establecimientos como “Sullivan” y “Revolución”, así como registros de los montos cobrados por el “derecho de piso”. También fueron detenidos familiares y colaboradores vinculados a la distribución de droga y a la extorsión de víctimas en distintos puntos de la ciudad, según el reporte oficial.

Uno de los capturados, Bryan Betancourt Olivera, fue descrito por la SSPC como operador financiero, presuntamente encargado de facilitar inmuebles para alojar víctimas e integrantes, además de mover recursos por cuentas bancarias. Las autoridades federales sostienen que el esquema incluía el traslado de mujeres -principalmente ingresando por Tapachula, Chiapas- y el cobro de una deuda de 12,000 a 14,000 dólares, además de pagos semanales de aproximadamente 12,500 pesos por “estancia y uso de plaza”.