El terremoto “Bronco”

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició formalmente el procedimiento para sancionar a Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos públicos a su campaña presidencial.

¿Porque importa?

El reloj empezó a correr para el gobernador de Nuevo León, quién podría ser destituido del cargo si así lo determina el Congreso, que está legalmente obligado a sancionar al “Bronco” antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en diciembre.

Las opciones jurídicas de Jaime Rodríguez para impugnar esta decisión son limitadas. El poder judicial ha rechazado tres amparos promovidos por el “Bronco” y por su secretario de Gobierno, Manuel González, quién también es acreedor a una sanción por el mismo caso.

Esto quiere decir que el único campo de acción para Palacio de Cantera es la negociación política. Fuentes cercanas al asunto aseguran que personas del primer círculo del gobernador se han acercado con prominentes miembros nacionales de Morena para discutir la permanencia del gobernador. 

Quienes promueven la destitución del gobernador consideran que existe el riesgo de que se repita, en menor grado, el fenómeno de compra de votos presuntamente operado en la aprobación de la llamada Ley Bonilla en Baja California. Refieren que Jaime Rodríguez tiene acceso directo a fuentes no declaradas de ingreso que le permitirían financiar un pacto político de esta naturaleza. 

¿Qué sigue?

La primer aduana está en definir las reglas procesales que determinarán en última instancia si el gobernador de Nuevo León será destituido.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo de la Garza, diputado local por Movimiento Ciudadano, descartó por completo la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio político. Asegura que “El Bronco” será sancionado de manera directa, lo cual requiere de una mayoría simple en el Pleno (22 votos de 42).

Esto plantea dos posibles vías para alcanzar la aprobación de la sanción: una coalición del PAN y Movimiento Ciudadano o un voto en bloque del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano.

La salida del Bronco no es la única variable que incide en estas negociaciones. En caso de que se opte por la destitución, el Congreso deberá elegir un nuevo gobernador.

“El que se mueve no sale en la foto”

Atendiendo la máxima del líder sindical, Fidel Velázquez, ningún político de peso en Nuevo León saldría en la foto. El cabildeo y las alianzas ad hoc han generado fricciones al interior de los dos principales partidos políticos del estado.

En el PRI, el grupo de los medinistas, conformado por el jefe de bancada, Francisco Cienfuegos, así como por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, enfrentan acusaciones de tráfico de influencias y sobornos emitidas por sus compañeros de partido: Héctor Gutiérrez, Felipe Enríquez y Abel Guerra. En medio de la disputa se encontraría Jorge Mendoza, ex candidato a Senador en el proceso electoral de 2018 y directivo de Grupo Salinas.

Las diferencias tienen que ver con el “draft” de transferencias de diputados en las bancadas del Congreso de Nuevo León. Analistas políticos sugieren que el reacomodo se explica por la compra de lealtades en el voto crucial que instalará al gobernador interino.

En el PAN, la historia es similar. Fuentes cercanas a la dirección estatal del partido reconocen que los intereses del llamado Grupo San Nicolás no son necesariamente convergentes. Hay diferencias entre Zeferino Salgado, Víctor Fuentes, Víctor Perez y Raúl Gracia, quién, según un medio de comunicación nacional, estaría cabildeando la destitución del Bronco ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El terremoto “Bronco” promete muchos damnificados políticos.