El “secreto” de Puebla

Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya salido a enmendarle la plana a una absurda decisión avalada por Javier Jiménez Espriú.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordó reservar por cinco años el acceso a las investigaciones del accidente aéreo del 24 de diciembre pasado, en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle y la tripulación.

En concreto, se referían a la negativa de la solicitud hecha por Milenio Diario a Aeronáutica Civil para que se revelara el contenido de una grabación de las conversaciones entre la aeronave accidentada y la torre de control del aeropuerto internacional de Puebla.

El rechazo a la solicitud de transparencia fue fincada por la SCT como “razones de seguridad, interés público y de la Ley de Aviación Civil”.

Para mayor vergüenza, en la negativa se argumentó que revelar el contenido de esas grabaciones generaría una pérdida de confianza de los países participantes en la investigación, afectando con ello futuras investigaciones.

¿Acaso es más importante quedar bien con la empresa canadiense Augusta, fabricante del helicóptero, para que no se dañe su reputación, que darle a conocer a los mexicanos los detalles de una investigación sobre un accidente que, dicho sea de paso, despertó un elevado nivel de sospechosismo?

Porque para infortunio del gobierno que ahora busca reservar cinco años los detalles de la investigación, el desplome del helicóptero se dio en dos momentos que exhibieron una absurda disputa política entre la gobernadora Alonso y el presidente López Obrador.

Una, el rechazo presidencial de acudió a la toma de posesión en Puebla bajo el argumento de que el triunfo se fincó en un presunto fraude electoral en el que el perjudicado habría sido Miguel Barbosa, el candidato del ahora partido en el poder.

Y dos, el rechazo del inquilino de Los Pinos a acudir al sepelio de los Moreno Valle, en un acto que concitó a los dirigentes de partidos políticos de todas las corrientes.

Ambos despliegues fueron duramente cuestionados por la opinión pública que veía en estos desplantes no-presidenciales actitudes partidistas que no correspondían a la de un jefe de Estado.

Por eso, cuando diez días después de la politizada toma de posesión se desplomó el helicóptero matrícula XA-BON, se desataron los demonios de la especulación política. Y la respuesta fue la de anunciar una investigación hasta las últimas consecuencias.

Por supuesto que a las sospechas se sumaron las de que el helicóptero pudo haber sido derribado por huachicoleros que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle hicieron de Puebla la capital nacional del robo de combustibles.

Y para terminar de abonar al sospechosismo, funcionarios de la SCT revelaron semanas después que el helicóptero se impactó de manera inusual, en posición invertida con un ángulo de 60 grados.

La declaración la hizo el subsecretario Carlos Morán. Y textualmente dijo: “Sí, es inusual, no es normal. Es una de las cosas que llaman la atención. No es normal”.

Por eso, a más de tres meses del helicopterazo de Puebla y a falta de información suficiente, medios como Milenio Diario salieron a invocar la transparencia para solicitar la información todavía reservada.

Pero la respuesta de la reserva de cinco años solo vino a evocar las artimañas de los últimos gobiernos prianistas, en los que se utilizaba ese argumento para mantener en la opacidad el ilícito. Como sucede todavía con Odebrecht, Fertinal, la Estafa Maestra y tantos otros casos.

Bien por el presidente López Obrador que sale para decir que quien nada debe, nada teme. Ojalá que pronto podamos conocer lo que se dijeron los pilotos del trágico helicopterazo y la torre de control.