El riesgo político en México alcanza el mismo nivel que Perú

El clima de negocios en México se está deteriorando. Condicionado por focos rojos en materia de gobernabilidad y de seguridad pública, el riesgo político ha alcanzando niveles comparables a los de Perú.

El modelo de Atlas Intel coloca a México en el mismo rango que países latinoamericanos que durante la última década han sido sinónimos de parálisis institucional y alta rotación presidencial.

En noviembre, el índice de riesgo político de México saltó de 47 a 55 puntos sobre 100 -el mismo nivel que Perú- y superó a Argentina y Colombia. El indicador combina inestabilidad institucional, conflicto social, delincuencia y corrupción, de acuerdo a un reporte de Bloomberg.

Detrás de esta cifra subyace un giro de fondo: México ha dejado de ser percibido como una economía “con altos niveles de violencia, pero con un sistema político estable”. En cambio, la percepción transita a la de un país donde la fragilidad institucional puede alterar contratos, encarecer proyectos y descarrilar la promesa del fenómeno ‘nearshoring’.

México y Perú: dos rostros distintos de la inestabilidad
El salto en el riesgo coincide con una sociedad crecientemente pesimista. La encuesta de Atlas Intel recogida por Bloomberg muestra que 77 por ciento de los consultados ve muy o algo probable un aumento de asesinatos ligados al crimen organizado; 76 por ciento anticipa más robos y asaltos, y 72 por ciento espera más protestas violentas en los próximos seis meses.

En paralelo, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum retrocedió a 61 por ciento en noviembre (desde 64 por ciento un mes antes), mientras su desaprobación subió de 29 por ciento a casi 35 por ciento. El dato por sí solo no implica un colapso de popularidad, pero sí un deterioro notable en el margen, justo cuando se acumulan señales de descontento: asesinatos de diez alcaldes en lo que va del año -incluido el caso de Carlos Manzo en una plaza pública de Uruapan- y una protesta de Generación Z en Ciudad de México que derivó en choques violentos con la policía.

Perú llegó a un puntaje similar tras una década con ocho presidentes y múltiples crisis marcadas por la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

México, en cambio, exhibe un fenómeno distinto: no hay parálisis legislativa ni gobiernos que caen cada año. Sin embargo, se registra una creciente concentración de poder en la Presidencia, la captura de contrapesos y un Estado debilitado frente al crimen en vastas regiones del país. Para los modelos de riesgo, el resultado puede ser el mismo al de Perú: una mayor probabilidad de que el sistema político incida en decisiones discreciones y de shocks institucionales que alteren el clima de inversión.

La radiografía del riesgo: concentración de poder y Estado de derecho erosionado
El diagnóstico de Integralia sobre 2025 ayuda a entender por qué los modelos comienzan a castigar a México. En su lista de “diez riesgos políticos” para este año, al menos siete están directamente vinculados a la erosión de contrapesos: concentración de poder en el Ejecutivo, debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, judicialización defectuosa, reformas aprobadas sin diálogo con el sector privado y cambios electorales que reducen la competencia política.

La firma de consultoría política Integralia subraya que la mayoría de los escenarios de riesgo están asociados a esa centralización y a la debilidad de la oposición. El problema no radica sólo en qué tipo de políticas públicas son aprobadas e implementadas, sino la facilidad con la que pueden cambiar de rumbo sin frenos institucionales.

Nueve de los diez riesgos que la consultora había identificado para 2024 se materializaron, incluyendo la reforma constitucional que permite elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte y la victoria de Donald Trump, que coloca a México en una posición vulnerable frente a Washington.

Sobre este terreno se monta la llamada “Reforma Judicial”, que la propia comunidad jurídica internacional ve como un punto de inflexión. El análisis de la International Bar Association (IBA) advierte que la elección popular de jueces, la reducción de facultades del Instituto Nacional Electoral y la imposibilidad de emitir suspensiones generales contra leyes o regulaciones aumentan la incertidumbre legal y politizan la resolución de controversias.

El ex presidente Ernesto Zedillo calificó el paquete como un conjunto de reformas que “destruirán al Poder Judicial y, con él, enterrarán la democracia mexicana y lo que queda de su frágil Estado de derecho”, según su discurso en la conferencia anual de la IBA.Juristas consultados por la asociación advierten que, con jueces electos bajo lógica de “voluntad popular”, será más difícil que empresas obtengan decisiones previsibles, y temen que grupos criminales impulsen candidatos en ciertas regiones.

Para inversionistas extranjeros sujetos a leyes anticorrupción extraterritoriales –como el UK Bribery Act o el FCPA–, un entorno con tribunales más politizados y mayor exposición a corrupción implica un riesgo de cumplimiento mucho más alto.

Ese riesgo no necesariamente se traduce en salidas masivas de capitales, pero sí en primas más altas de tasas de interés y costo de seguros, mayor uso de mecanismos de arbitraje internacional, menores tasas de retorno a la inversión  y, en algunos casos, preferencia por otros destinos dónde estacionar el capital.

Una economía que no compensa el riesgo
Hasta hace poco, el argumento dominante era que la macroeconomía relativamente estable compensaba los problemas de violencia y gobernanza. Ese amortiguador se está debilitando.

La firma PRS Group describe un deterioro claro: el crecimiento real se frenó a cero en el segundo trimestre de 2025 y el empleo formal ha perdido 155,000 plazas netas desde que Sheinbaum asumió la presidencia, pese al rebote tras un ajuste estacional severo en diciembre.

El PIB cayó 0.3 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2025, la primera contracción desde 2021; la caída fue arrastrada por un descenso de 1.47 por ciento en las actividades secundarias -manufactura y construcción- mientras los servicios apenas avanzaron.

Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han revisado a la baja sus previsiones: el FMI llegó a proyectar una contracción de 0.3 por ciento para 2025, mientras la OCDE estima crecimientos de apenas 1.3 por ciento en 2025 y 0.6 por ciento en 2026, por debajo del promedio regional.

En otras palabras: México ya no ofrece el colchón de crecimiento que antes permitía a los inversionistas “tolerar” un entorno institucional deficiente.

Integralia coloca precisamente ese escenario -incertidumbre económica, tensiones diplomáticas, amenazas al T-MEC y crisis migratoria derivadas de Trump- como el riesgo número uno para 2025, con impacto y probabilidad “muy altos”.

Señales de alarma sectoriales: minería, energía y agua
Los casos concretos refuerzan la percepción de arbitrariedad regulatoria. La Secretaría de Economía inició procesos para cancelar 805 concesiones mineras ubicadas en áreas naturales protegidas, tras detectar incumplimientos. Más allá de los méritos ambientales puntuales, el mensaje para el capital minero es que títulos otorgados bajo un marco legal previo pueden revisarse de forma masiva y discrecional.

Integralia suma otros focos rojos: el riesgo de una baja de calificación crediticia, la presión regulatoria sobre empresas intensivas en agua, la caída de producción de Pemex y la posibilidad de apagones eléctricos por insuficiencia de oferta. Todos son riesgos “no ideológicos” que pegan directamente en el flujo de caja de proyectos industriales y energéticos vinculados al ‘nearshoring’.