El proyecto de la Corte contra la militarización

¿Qué pasó?

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia, ha puesto en circulación entre los integrantes del Pleno un proyecto que plantea declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Por qué importa?

• El planteamiento del ministro González Alcántara representaría el fallo constitucional más importante contra la militarización de la vida pública.

• Daniel Torres Checa, abogado litigante en materia constitucional, explica que el ministro propone abandonar la lectura de la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, que es el precedente más importante para justificar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

• El proyecto de González Alcántara, que requiere de ocho de los once votos del Pleno para su aprobación, establece que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

• En ese sentido, agrega que, “por lo tanto, por regla general, ninguna autoridad militar puede participar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz”.

• González Alcántara justifica la presencia de Fuerzas Armadas en ejercicios de seguridad pública únicamente bajo “criterios de estricta excepcionalidad”, un argumento en el que han insistido durante más de una década colectivos que son críticos de la militarización, como Seguridad Sin Guerra.

El contexto:

El proyecto del ministro González Alcántara podría ser discutido este mes.

Los detalles:

• La interpretación de González Alcántara es que el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es inconstitucional, incluso considerando la aprobación de un artículo transitorio de la Ley de Guardia Nacional por la Cámara de Diputados.

• El documento concluye que la Guardia Nacional deberá permanecer bajo la dependencia de Seguridad Pública de carácter civil.

• Agrega que esta secretaría es la responsable por ley de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, políticos y acciones que emanen de ella.

• Este planteamiento rompe con algunas de las adiciones más recientes que hizo la Cámara de Diputados a la Ley de Guardia Nacional, una reforma que fue aprobada por la coalición oficialista y por la bancada del PRI en la cámara baja.