El presidente plantó una bomba en el Poder Judicial

“Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas… y habrá absoluto respeto por sus veredictos… El ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes”.

Hace cinco años, estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron interpretadas como un pacto de legalidad y respeto a la Constitución por parte del nuevo gobierno. Esta semana ha quedado claro que el presidente quebró su promesa.

El miércoles en la madrugada, Morena y los aliados de la mayoría oficialista aprobaron en el Congreso la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En total, estos instrumentos administraban más de 15 mil millones de pesos. La mayoría de los recursos estaban etiquetados para el pago de pensiones complementarias, gastos extraordinarios de seguridad y servicios médicos de 60 mil empleados del Poder Judicial.

Esta política forma parte de un proyecto más amplio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar a la burocracia a su mínima expresión y para neutralizar a los poderes y organismos con autonomía constitucional. El operador del golpe fue Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la cámara baja y un político que está disputando el favor del presidente para convertiste en el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

La desaparición de los fideicomisos ha provocado reacciones inmediatas. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial ha movilizado manifestaciones en todo el país. De manera paralela, la oposición, tanto la coalición PAN-PRI como Movimiento Ciudadano, anunciaron que están preparando acciones de inconstitucionalidad para vetar la transferencia de los 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

La extinción de estos fondos especiales ha sentado el lineamiento político para un recorte más amplio en la discusión del Presupuesto 2024. El gobierno federal ha advertido que pretende realizar una reducción presupuestaria de entre 15 mil millones de pesos y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial, que ha solicitado financiamiento público de 84 mil millones de pesos para el próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la desaparición de los fideicomisos no compromete la operación de los tribunales mexicanos y que no pone en riesgo el empleo de los funcionarios de nivel medio y bajo.

Esta postura contraviene el diagnóstico publicado en un reporte del Colegio de Abogados de Nueva York sobre la independencia judicial en México.

El informe, que fue realizado por el Centro Cyrus Vance de Justicia Internacional en colaboración con la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Barra Mexicana de Abogados, concluye que el 30 por ciento de los empleos del Poder Judicial está en riesgo por los recortes presupuestarios. Esto incluye las plazas de 300 jueces.

El documento del Colegio de Abogados de Nueva York considera que los recortes propuestos minan la independencia judicial bajo una falsa pretensión de austeridad.

“Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido repetidamente que una reducción en el presupuesto del Poder Judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia, producir demoras en los nombramientos y aumentar el número de funcionarios en carácter provisional”, refiere el documento, que fue reportado originalmente por Notitia Criminis.

Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide en que el argumento de austeridad es la falsa pretensión del gobierno de López Obrador para golpear al Poder Judicial: “¿Por qué en cinco años AMLO no tocó los fideicomisos del Poder Judicial? ¿Por qué en 2021 con la reforma judicial de (el ex ministro presidente de la Suprema Corte) Zaldívar no se abordó el tema presupuestal? Exacto, porque a Morena no le interesa la austeridad, lo que busca es la venganza. Su hipocresía los delata”.

La eliminación de los fideicomisos y la potencial reducción del presupuesto del Poder Judicial es la culminación de una ofensiva retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los organismos con autonomía constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado como último contrapeso de tres proyectos prioritarios para el gobierno de López Obrador y para los principales poderes fácticos que son parte de la coalición de la Cuarta Transformación: la Ley Eléctrica, la Ley de la Guardia Nacional y la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. A través de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, la Corte ha limitado los excesos e irregularidades de estas tres legislaciones y políticas públicas que son clave para la clase empresarial conectada al poder, para el Ejército y para el ala más ideológica de Morena.

La Ley Eléctrica, que es parte de una política energética que plantea la creación de un monopolio artificial de las empresas paraestatales Pemex y CFE, es prioritaria para un grupo político que detenta control sobre la asignación discrecional de importantes proyectos de infraestructura pública.

Una constelación de nuevos contratistas se ha aglutinado alrededor de Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero. El ejemplo más notable de la intersección de la política y la asignación de contratos se encuentra en el nombre de Daniel Flores, el ex presidente de Grupo Proyecta Industrial. Se trata de un empresario cuya firma recibió contratos de Pemex por 27 mil millones de pesos en esta administración. En el círculo rojo, Flores era referido como el principal operador financiero de la ahora extinta campaña presidencial de Adán Augusto López. Flores murió en un accidente aéreo en el Golfo de México ocurrido horas después de haber tenido una reunión de alto nivel en Palacio Nacional. La Suprema Corte y un proceso de resolución de diferencias en el marco del T-MEC amenazan a esta constelación de intereses empresariales.

La Ley de la Guardia Nacional, otra reforma prioritaria de la administración de López Obrador, representa el proyecto político emblema del Ejército. El presidente adelantó que, en caso de que Morena obtenga la mayoría calificada, será el primer cambio constitucional promovido en la próxima legislatura. La Suprema Corte ha actuado como un contrapeso a la creciente influencia meta constitucional de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, eso podría cambiar en septiembre de 2024.

En tercer lugar, la distribución de libros de texto gratuitos, que fue parcialmente frenada por la Suprema Corte, significa una política prioritaria del ala más radical e ideológica de Morena. El evidente cabildeo de la Consejería Jurídica de la Presidencia en este tema, patente en la visita que hizo el mes pasado María Estela Ríos a la Suprema Corte, ponen de relieve que el presidente rompió la promesa de que no presionaría al Poder Judicial.

La ofensiva del Poder Ejecutivo en contra de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura también representa una función de tres fracasos en la administración de Andrés Manuel López Obrador:

Primero, el colapso de los expedientes judiciales más importantes de la Fiscalía General de la República, que van del caso Odebrecht al caso Ayotzinapa.

Segundo, la anulación de la Ley Zaldívar, con la cual se pretendía alargar de manera ilegal el mandato del ex ministro presidente de la Suprema Corte.

Tercero, la implosión del llamado Grupo de Judicialización de la 4T, un cuarto de guerra de alto nivel que estaba encargado del seguimiento legal de los casos políticos y de seguridad nacional más relevantes para el gobierno. El grupo fue desmantelado por diferencias internas entre la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Consejería Jurídica de Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador insiste en que los fracasos de seguridad y procuración de justicia están en los tribunales, no en las fiscalías. Un punto clave en el deterioro del clima de seguridad nacional.

Históricamente, Morena ha sido explícito en su intención de capturar al Poder Judicial. Como lo ha reportado el periodista Salvador Camarena, años atrás, la base política de López Obrador publicó un documento con los lineamientos de gobierno de la 4T. La intención de promulgar una nueva Constitución y de sustituir a los actuales ministros de la Suprema Corte ya fue declarada.

Esto es lo que dice el documento del Movimiento Nacional por la Esperanza de René Bejarano:

“Ganamos una parte del poder público, vía las elecciones, pero la visión más amplia del poder aún está en litigio. El poder económico, la administración de justicia y el poder de los medios de comunicación siguen en disputa; la élite neoliberal pretende seguir ejerciendo el control sobre esos poderes, por lo que se vuelve indispensable que desde los sectores progresistas y democráticos nos empeñemos en conquistarlos”.

No hay dudas, la extinción de los fideicomisos es un hecho político. La primera bomba plantada en el corazón del Poder Judicial.